La traición viste de uniforme: El tráfico de drogas en las Fuerzas Armadas, Policías y Gendarmería
En un país que presume de instituciones armadas como baluartes de la soberanía y el orden, el escándalo revelado por Francisca Soto y Mauricio Weibel de CIPER, sobre 64 casos de tráfico y venta de drogas en policías, Fuerzas Armadas y Gendarmería desde 2023, no es solo una estadística alarmante, es la prueba irrefutable de que el crimen organizado ha perforado el corazón del Estado.
Carabineros lidera con 36 casos, seguido de Gendarmería con 24 y la PDI con dos, mientras la FACh con uno al igual que el Ejército, este último, eso sí, se esconde tras excusas de "seguridad nacional" para no develar otros posibles casos.
Esto es una traición sistémica que huele a corrupción endémica. Como advertía Max Weber en Economía y Sociedad, las burocracias modernas dependen de una racionalidad impersonal, pero cuando los uniformados trafican cocaína y ketamina usando aviones militares, esa racionalidad se disuelve en un caos mafioso.
Carabineros, Gendarmería y PDI
¡Qué ironía! Carabineros, esa institución que durante la revuelta de 2019 reprimía con balines y gases a manifestantes por alterar el orden, acumula 36 casos de tráfico en solo dos años y medio: 10 en 2023, 14 en 2024 y ya 12 en el primer semestre de 2025. Gendarmería no se queda atrás con 24 desvinculaciones, mayoritariamente suboficiales -desde sargentos hasta cabos-que introducían estupefacientes en prisiones, violando la Ley 20.000.
Estos no son "casos aislados"; son síntomas de una podredumbre que Michel Foucault describiría en Vigilar y castigar como la inversión perversa del panóptico: los vigilantes se convierten en los vigilados, y los carceleros en facilitadores del crimen.
La PDI, por su parte, reporta dos casos graves: el desvinculamiento de dos subcomisarios por tráfico de drogas entre 2023 y 2025, incluyendo un incidente en octubre de 2023 donde dos detectives de la Brigada Antinarcóticos fueron detenidos en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez portando nueve kilos de clorhidrato de cocaína; y otro en el mismo mes donde exdetectives fueron formalizados por colaborar en la importación y exportación de estupefacientes con una organización criminal internacional. La infiltración no es casual, revela cómo el poder coercitivo estatal, diseñado para contener la delincuencia, termina incubándola en sus propias entrañas.
Fuerzas Armadas
El colmo de la desfachatez llega con las Fuerzas Armadas. La Fuerza Aérea admite un caso, cinco exfuncionarios transportando cuatro kilos de ketamina en una maleta detectada por rayos X durante un vuelo institucional desde la base aérea "Los Cóndores" en Iquique hacia Santiago a mediados de 2025, tras al menos tres viajes previos en enero y mayo de este año.
El Ejército; tras dar de baja a siete suboficiales de la Segunda Brigada Acorazada Cazadores, de Pozo Almonte, por transportar 192 kilos de cocaína y pasta base, avaluados en $3 mil millones, en tres camionetas simulando una comitiva oficial desde Bolivia vía Tarapacá hacia la capital, con al menos 10 envíos acreditados entre octubre de 2024 y junio de 2025; se niega a transparentar cifras alegando "seguridad nacional". ¡Por favor! Esta opacidad no protege al país, sino a los culpables.
Invocar la "defensa de la patria" para ocultar narcos en uniforme es una burla a Carl Schmitt, quien en El concepto de lo político advertía que el enemigo interno -como el traidor o el partisano- puede ser más letal que el externo, al corroer la unidad del Estado desde adentro.
La Armada, con cero casos en una década, parece el único oasis, pero ¿es creíble en un contexto de negación sistémica? El ministro Luis Cordero lo llama "la situación más grave" en años, ¿o será el fin de la ilusión de un Estado inquebrantable?
Transparencia Fallida
Desde el derecho, esto es un escándalo de probidad. La abogada María Inés Horvitz exige investigaciones exhaustivas y "penas máximas", incluyendo inhabilitación perpetua, por violar "deberes de rectitud". Tiene razón, el artículo 8 de la Constitución Política exige transparencia, pero el Ejército la pisotea con argumentos que recuerdan a regímenes autoritarios. En El príncipe (1532), Maquiavelo advertía que el poder sin control corrompe; aquí, la opacidad militar no protege a la nación, sino a los traidores.
John Locke, en su Segundo tratado sobre el gobierno civil, sostenía que el Estado existe para proteger la propiedad y la seguridad de los ciudadanos; cuando sus agentes trafican drogas, ese contrato social se rompe, justificando la desconfianza y hasta la rebelión cívica.
Conclusión
Estos 64 casos -y los ocultos- demandan una reforma radical: auditorías independientes, inhabilitación perpetua obligatoria y disolución de fiscalías militares opacas. Si Weber veía la burocracia como una máquina eficiente, aquí es una fábrica de traidores. Foucault nos recordaría que el poder disciplina, pero cuando falla, devora.
En tiempos de fluidez institucional, solo la vigilancia ciudadana puede restituir la confianza pública para que la lealtad uniformada no se licúe en complicidad criminal.
