Incentivos por publicar: Cómo equilibrar calidad y cantidad
La reciente controversia por los incentivos económicos que algunas universidades chilenas entregan por publicar artículos científicos reabrió el debate sobre el rol que estas instituciones deben cumplir en la sociedad.
La función social de las universidades atraviesa hoy una transformación tan profunda como visible. En un escenario de crecientes desafíos, aquellas instituciones que han logrado mantener posiciones de prestigio lo han hecho convirtiéndose en verdaderos agentes económicos dentro de la sociedad del conocimiento.
Históricamente, Estados Unidos y Europa Occidental han liderado la promoción y el desarrollo científico, lo que sigue representando una tarea pendiente para América Latina, una región que aún no logra superar las barreras del subdesarrollo y mantiene un evidente rezago en materia científica y tecnológica.
En este panorama, Chile ha mostrado avances significativos en la instalación y consolidación de capacidades científicas y tecnológicas. La creación, en 2018, del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (MinCiencia) y de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) son ejemplos concretos de ello.
Los resultados del ranking Nature Research Leaders 2025 (que registra las investigaciones publicadas en 145 revistas del ámbito de las ciencias y la salud) reflejan este progreso: Chile ocupa el lugar 32 a nivel mundial en número de publicaciones científicas y la segunda posición en Sudamérica, después de Brasil.
Sin embargo, persisten importantes desafíos. El gasto nacional en Investigación y Desarrollo (I+D) alcanzó en 2023 un histórico 0,41% del Producto Interno Bruto (PIB), cifra que, aunque superior a la de años anteriores, sigue muy por debajo del promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que desde 2020 destinan cerca del 2,7% de su PIB a este ámbito.
Esta brecha financiera genera una elevada competencia por acceder a financiamiento para la investigación, lo que dificulta la ejecución de proyectos y el cumplimiento de los indicadores de productividad científica impuestos por las universidades. En consecuencia, los académicos se ven presionados a adaptarse a un modelo de investigación centrado en la producción de artículos y en la capacidad para obtener fondos.
Para la mayoría de los investigadores, publicar cumple dos propósitos que no siempre se alinean plenamente: difundir conocimiento y consolidar credenciales científicas. Si bien ambos objetivos pueden impulsar investigaciones de gran profundidad y alcance, también generan tensiones que incentivan la búsqueda de métricas por sobre la calidad de los resultados.
El problema surge cuando la publicación deja de ser un medio para la investigación y se convierte en un fin en sí misma. Bajo esa lógica, la presión por publicar puede conducir a prácticas científicas cuestionables -o incluso fraudulentas- y a la proliferación de estudios de baja calidad, especialmente cuando su publicación está asociada a incentivos monetarios.
En este contexto, el debate sobre los bonos por publicación cobra relevancia cuando los beneficios recaen sobre investigaciones de bajo impacto, sin aportes significativos en sus respectivas áreas ni visibilidad en revistas de prestigio. Más aún, si los recursos provienen de fondos públicos o, en general, de presupuestos que podrían destinarse a mejorar otros ámbitos de los proyectos educativos.
Por ello, cuando una universidad decide implementar incentivos de este tipo, es fundamental que no comprometa la viabilidad financiera ni la inversión en calidad educativa. El verdadero desafío consiste en diseñar modelos de gobernanza que fortalezcan el papel de las universidades, particularmente como motores de conocimiento, innovación y desarrollo, creando externalidades positivas tanto tecnológicas como sociales.
Como resultado, los bonos, si existen, deben orientarse no a incrementar el volumen de artículos, sino a fomentar investigaciones que aporten soluciones concretas a los problemas del país. Solo así, los incentivos podrán alinearse con el propósito esencial de toda universidad: servir al conocimiento, a la formación de capital humano y a la sociedad.
