Cuando el Estado confunde gestión con política: La paradoja del fin del ESR

La Dirección de Presupuestos (DIPRES) ha recomendado descontinuar el Programa de Educación Superior Regional (ESR), una política del Ministerio de Educación vigente desde 2017 destinada a fortalecer a las instituciones de educación superior -estatales y privadas del Consejo de Rectores- con casa central fuera de la Región Metropolitana.

Según la evaluación oficial, el programa carece de una línea base y de indicadores estandarizados que permitan medir su impacto. Pero detrás de ese diagnóstico técnico se esconde un problema mayor: una visión gerencialista del Estado, que confunde el control con la política y la medición con el valor público.

El ESR nació en sede legislativa con el propósito de reducir las brechas estructurales entre Santiago y las regiones, y de dotar a las universidades regionales de una base de financiamiento que permitiera fortalecer su Vinculación con el Medio (VcM) -una función sustantiva reconocida por la Ley 21.091 como obligatoria para toda institución de educación superior acreditada-. Hoy participan 36 instituciones, entre ellas las 14 universidades estatales, además de universidades privadas del CRUCH y los 14 centros de formación técnica estatales, con presencia en las 16 regiones del país.

El programa funciona como un fondo basal con proyecto, lo que significa que los recursos se asignan directamente a cada institución para el desarrollo de proyectos estratégicos, no a través de concursos competitivos. La distribución de los fondos se define mediante una fórmula reglamentada: un 25 % se reparte en partes iguales, otro 25 % premia la acreditación en vinculación con el medio, un 30 % considera la matrícula institucional y el 20 % restante depende de la distancia de la universidad respecto de Santiago. El presupuesto anual ronda los 12 mil millones de pesos, equivalente a menos del 0,4 % del gasto total del Ministerio de Educación.

Con ese presupuesto mínimo, el ESR ha logrado una cobertura del 100% de su población objetivo, llegando a todas las universidades y CFT elegibles del país. Gracias a este programa, instituciones regionales -y particularmente las universidades del Estado- han podido sostener proyectos de investigación aplicada, innovación social, arte, cultura y desarrollo territorial, además de consolidar unidades especializadas de vinculación con el medio, profesionalizar equipos y establecer alianzas con comunidades locales.

Sin embargo, para la DIPRES todo eso parece insuficiente: el problema no es la falta de impacto, sino la falta de evidencia cuantificable del impacto. Las Evaluaciones de Programas Gubernamentales (EPG) se basan en una lógica gerencialista, heredera del New Public Management, que traduce la acción del Estado a los términos de la empresa: eficiencia, productividad, control. En esa matriz, un programa que no puede exhibir resultados inmediatos o indicadores financieros se considera un gasto prescindible, aunque su contribución al bien común sea evidente.

El gerencialismo aplica al conocimiento los códigos del mercado: lo que no se mide, no existe; lo que no produce rentabilidad, se descarta. Pero las universidades del Estado no existen para competir, sino para garantizar derechos, democratizar saberes y producir conocimiento con sentido público y territorial. Su valor no se mide por la rentabilidad económica, sino por su capacidad de generar confianza, cohesión y pertenencia en las comunidades que sirven.

Eliminar el ESR sería, en la práctica, debilitar el rol del Estado como garante de la educación superior pública y territorialmente equitativa. Este programa es el único instrumento que reconoce la diversidad de los contextos regionales y que permite a las universidades estatales actuar como agentes de desarrollo social y cultural. En un país donde el Índice de Desarrollo Regional (IDERE 2023) muestra brechas persistentes entre la Región Metropolitana (0,611) y regiones como Ñuble (0,433) o La Araucanía (0,435), retirar este apoyo solo profundiza las ineficiencias.

Más aún, la Ley 21.091 establece que todas las instituciones de educación superior deberán acreditar la dimensión de Vinculación con el Medio a partir de 2025. El ESR ha sido el principal soporte para que las universidades estatales desarrollen políticas, sistemas de gestión y prácticas bidireccionales que hagan posible cumplir con esa obligación. Descontinuarlo justo cuando esa dimensión entra en régimen equivale a desmontar el andamiaje institucional que se intentó construir durante la última década.

Desde 2021, además, el programa se ha alineado con la Agenda 2030 de Naciones Unidas (ODS 4: Educación de Calidad), la Estrategia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y las Estrategias Regionales de Desarrollo, incorporando también enfoques de género y diversidad cultural. Es decir, ya está transitando hacia un modelo más coherente con los estándares contemporáneos de evaluación pública.

El verdadero problema no es que el ESR no funcione, sino que su valor excede el lenguaje del gerencialismo. Las universidades no son empresas y su relación con el territorio no se mide por cuotas de productividad. Los procesos de democratización del conocimiento son relacionales, no lineales; sus efectos se manifiestan en el tiempo y en la transformación de las culturas institucionales.

Descontinuar el ESR sería, en el fondo, una renuncia al Estado como actor territorial del conocimiento. Sería desmantelar la única política que sostiene a las universidades públicas en su doble condición: como instituciones académicas y como infraestructuras cívicas que mantienen vivo el vínculo entre educación, cultura y territorio.

La eficiencia sin reflexión crítica, es la más ineficiente de las eficiencias. Chile no necesita un Estado que mida más; necesita un Estado que comprenda mejor. Y para eso, debe mantener políticas que reconozcan el valor del conocimiento público más allá del mercado.

Si el país decide eliminar el Programa de Educación Superior Regional, no estará corrigiendo un error técnico: estará renunciando a la idea misma de universidad pública como bien común y proyecto territorial.