Presupuesto de Desarrollo Social: millonarios recortes en salud mental, niñez e identidad de género encienden protestas de trabajadores
A casi un mes de que el Ejecutivo entregara la propuesta de Ley de Presupuestos 2026 al Congreso, ciertas definiciones siguen causando molestia en algunas carteras. Tal es el caso del Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MIDESOF), que —aunque verá incrementadas sus arcas en comparación con el año en curso— reducirá fondos en programas clave.
Pese a que la propuesta aún tiene un largo camino legislativo, los funcionarios del MIDESOF han manifestado su descontento a lo largo del país. Lester Campos, presidente nacional de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social y Familia (ASOFUMI), afirma que el rechazo a la partida presupuestaria es transversal.
“De Arica a Magallanes, porque esto no es solamente a nivel central, hay una sensación de molestia, injusticia y abandono por parte de la autoridad. No ha habido una adecuada defensa respecto a las labores que cumple el Ministerio”, señala Campos.
Programas en la mira: salud mental y situación de calle
Uno de los puntos más cuestionados es la eliminación del Programa de Apoyo a la Salud Mental (PAASAM), que entrega atención psicológica a cerca de mil personas en situación de calle, además de niños, niñas y adolescentes con adultos privados de libertad y sus cuidadores.
En 2025, el programa contó con $742,7 millones. Sin embargo, en el proyecto de ley no figura con recursos asignados. La Dirección de Presupuestos (DIPRES) resolvió destinar $585 millones a una glosa dentro del Programa Noche Digna. Desde ASOFUMI advierten que esta medida no garantiza la continuidad ni las condiciones actuales de atención que ofrece el PAASAM.
La situación se agrava con la reducción de los fondos para personas en situación de calle: de $33.755 millones en 2025 a $31.168 millones en 2026. El propio Noche Digna verá disminuido su presupuesto en $1.000 millones.
Campos asegura que no existe un argumento técnico que respalde los recortes.“Si ves el informe que mandó la comisión de expertos de la DIPRES, ninguno de estos programas está mal evaluado. Solo tienen observaciones o recomiendan ajustes”, comenta.
Es la primera vez que Noche Digna ve reducidos sus recursos. En 2023 se destinaron $18 mil millones, cifra que subió a $19 mil millones en 2024 y alcanzó su punto más alto este año, con $25 mil millones.
Desde el Hogar de Cristo calificaron como “preocupante” la baja de fondos destinados a atender a más de 50 mil personas que viven en situación de calle. “Esperamos que esta reducción responda a una reorganización de la oferta de servicios con una visión más integral, especialmente en temas como salud mental y discapacidad”, indicaron desde la fundación.
El ministerio contestó a esta redacción que se encuentran trabajando en dos líneas: articular e integrar la oferta existente de los programas para personas en situación de calle, "avanzando en el diseño del Subsistema Calle Cero, que este año pasó por evaluación ex ante y obtuvo recomendación favorable, por lo que se comenzará su implementación progresiva desde 2026".
Lo anterior, explican desde la cartera, con la finalidad de evitar duplicidades. En segundo lugar, afirman que este Gobierno ha sido el que más aumentó el presupuesto para personas en situación de calle y argumentan que "el ajuste ingresado en la Ley de Presupuesto 2026 mantiene los recursos de estos programas en los niveles adecuados para una correcta implementación y sin afectar las coberturas".
Traspasos y reducciones: Habitabilidad, Seguridad Alimentaria y Vínculos
El programa Habitabilidad, orientado a familias del subsistema Chile Seguridades y Oportunidades (SSyOO) con deficiencias en sus viviendas, financia mejoras en infraestructura, servicios básicos y equipamiento doméstico.
A su vez, Seguridad Alimentaria beneficia a personas con necesidades alimenticias, mediante la entrega de bienes y capacitaciones para el autoconsumo; mientras que Vínculos busca mejorar la calidad de vida de adultos mayores en situación de pobreza a través de prestaciones sociales, redes comunitarias y fomento de la autonomía.
Tanto Habitabilidad como Seguridad Alimentaria verán reducidos sus presupuestos, mientras que Vínculos aumentará en $585 millones. Sin embargo, para los funcionarios, el problema no radica solo en la cifra, sino en la gestión de los programas.
Inicialmente, se había decidido transferir solo el acompañamiento técnico de estos programas al Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) y al Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA). Finalmente, la DIPRES resolvió traspasar también su ejecución.
Pese a ello, tanto FOSIS como SENAMA tendrán recortes globales de $620 millones y $1.400 millones respectivamente. Funcionarios advierten que la medida podría generar “conflictos de interés” al quedar las funciones de ejecución y evaluación en las mismas instituciones. Además, recalcan que ambos servicios carecen de capacidad administrativa suficiente y que no existe una justificación técnica para el traspaso.
Desde el ministerio respondieron que "Lo que se hace es ordenar adecuadamente las funciones de ambas entidades (subsecretaría y FOSIS) sobre programas, consolidando nuevamente su ejecución en FOSIS, institución que cuenta con trayectoria y fortaleza institucional, que asegura su adecuada implementación".
Sobre el traspaso de Vínculos comentaron que este se realizará de manera gradual debido a la naturaleza de los servicios. "La convocatoria 2025-2026 continuará siendo ejecutada por la Subsecretaría de Servicios Sociales, mientras que para 2026-2027 será asumida por Senama", precisó la cartera.
Niñez: un recorte que preocupa
Aunque la partida “Sistemas de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia” crecerá un 8,5% respecto de 2025, la supresión del Plan Integral de Bienestar (PIB) —con $6.800 millones asignados este año— encendió las alarmas entre los funcionarios y la Defensoría de la Niñez.
El PIB promueve el bienestar integral de niños, niñas y adolescentes, con foco en la prevención de vulneraciones y el fortalecimiento de entornos comunitarios seguros. Sobre este punto la postura de los trabajadores es clara: restituir la totalidad de los fondos.
Según explicó la Defensoría esta regresión de recursos no es la mayor de los últimos años. En 2021 se presentó la más significativa donde se redujeron asignaciones del Programa Chile Crece Contigo. Al año siguiente, si bien incrementaron los ingresos globales, se mantuvieron los recortes al programa mencionado.
No obstante, entre los periodos 2023 y 2025 los fondos solo fueron en alza hasta este año donde se decidió eliminar el PIB. “Desde la Defensoría de los Derechos de la Niñez no hemos tenido conocimiento de una evaluación negativa respecto de los componentes programáticos del Plan de Bienestar”, agregó la institución.
El ministerio explicó que "la definición fue eliminar la línea presupuestaria del Plan Integral de Bienestar, dando por terminado su presupuesto, debido a que PIB correspondía a una medida de carácter temporal pensada durante el actual periodo de gobierno".
Esta última también expresó preocupación por el financiamiento de las Oficinas Locales de la Niñez (OLN), cuyo gasto final “no contempla nuevas funciones incorporadas tras su informe financiero inicial”.
Si bien las OLN registran un alza del 33,7% en su presupuesto, la crítica apunta al soporte técnico, actualmente financiado por un convenio con el Banco Mundial que termina este año. El Ejecutivo propone reemplazarlo mediante convenios con universidades u organizaciones sin fines de lucro.
“Pedimos que esa partida incorpore una glosa menos restrictiva, que permita no solo ejecutar convenios con universidades, sino también contratar directamente a personal”, complementa Campos.
Recorte al Programa de Apoyo a la Identidad de Género
Otro punto sensible es la reducción del Programa de Apoyo a la Identidad de Género (PAIG), que en los últimos meses fue objeto de controversia por recomendar tratamientos hormonales a menores de edad.
En mayo, una comisión especial de la Cámara de Diputados aprobó un informe que pedía suspender el programa por considerarlo “puerta de entrada a terapias hormonales”. Desde el Minsal y las familias beneficiarias defendieron la iniciativa.
Entre mayo y julio de este año la Subsecretaría de la Niñez conformó e implementó una mesa de expertos que remitió un informe de recomendaciones a la Comisión Especial Mixta de Presupuesto.
Desde el MIDESOF argumentan que "la proyección presupuestaria 2026, que conlleva un leve ajuste a la baja, se formula en base al enfoque promocional y preventivo relevado por el Informe de Recomendaciones de la Mesa de Expertos/as, como también considerando el resguardo de la continuidad y sostenibilidad del programa para el 2026"
Para 2026, el PAIG contará con $890 millones, $228 millones menos que este año. Sumado a eso, la solicitud de ASOFUMI de ampliar el presupuesto para contratar un profesional adicional fue rechazada por la DIPRES.
María José Cumplido, directora de Fundación Iguales, comentó que se encuentran trabajando con el Congreso para mantener el presupuesto. “Quitarle presupuesto significaría interrumpir procesos de acompañamiento fundamentales, aumentar la incertidumbre emocional de jóvenes trans y sus familias, y debilitar una política pública que ha demostrado generar bienestar, contención y reducción de la discriminación”, agregó Cumplido.
Sobre lo mismo, calificó de “inaceptable” que se quite parte del financiamiento al programa y “se les arrebaten oportunidades de desarrollo, protección y dignidad a familias que hoy necesitan más que nunca el compromiso del Estado”.
La inminente extinción del programa de Microemprendimiento Indígena
Aún más crítica es la situación del Programa de Microemprendimiento Indígena, vigente desde 2006. Su objetivo es fortalecer la autonomía económica de personas pertenecientes a pueblos originarios usuarias del subsistema de Seguridades y Oportunidades, mediante capacitación, financiamiento y asistencia técnica.
Actualmente, opera en diez regiones del país y beneficia a unas 705 personas, el 81% de ellas mujeres. Sin embargo, el proyecto de presupuesto elimina la totalidad de sus recursos: $595 millones.
Una fuente interna de la CONADI afirmó que el programa será absorbido por el FOSIS, aunque persisten dudas sobre las condiciones del traspaso.
“No sabemos si en FOSIS los usuarios indígenas tendrán la misma prioridad o si deberán competir en igualdad de condiciones con otros grupos, cuando históricamente han sido los menos favorecidos”, señala la fuente.
“No se entiende el motivo de su eliminación, porque desde la perspectiva de los derechos indígenas se pierde una línea esencial de apoyo a los sectores más vulnerables”, agrega.
Discusión en el Congreso: todas las partidas rechazadas
La incertidumbre es compartida por funcionarios y parlamentarios, pues todos los programas afectados cuentan con evaluaciones positivas.
La semana pasada se realizó la primera sesión de la subcomisión de Presupuesto encargada del MIDESOF. Su presidente, el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli), señaló a El Desconcierto que se rechazaron todas las partidaspara que el tema pase a comisión mixta.
“No nos conformamos con que, sin mayor explicación, el FOSIS se transforme en órgano ejecutor de programas que antes fueron traspasados desde ahí a la subsecretaría para mejorar su funcionamiento. Además, no calzan los recursos transferidos entre partidas”, explicó.
El parlamentario añadió que solicitaron explicaciones por los recortes y traspasos, pero hasta ahora solo han recibido respuesta de la Subsecretaría de Economía.
“Algunos dicen que es para pasar a contrata a funcionarios a honorarios, pero no parece suficiente para justificar recortes de este tamaño. Ni siquiera los propios funcionarios saben por qué se hacen estos cambios”, concluyó Cruz-Coke.
La discusión recién comienza. En los próximos días, la comisión mixta revisará punto por punto la propuesta para decidir el futuro de los recursos del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
