De un video inclusivo a campaña publicitaria: El caso de joven con discapacidad que demanda a la UPLA por uso indebido de su imagen

Estudios, amigos, actividades deportivas y tiempo con su familia. Esa era la cotidianidad de Florencia, hasta que un mensaje rompió toda la tranquilidad que ella conocía, siendo apenas una adolescente. A pesar de su sordera, se desenvolvía con éxito en sus estudios y proyectos, siempre con el apoyo de su familia y su círculo cercano. Sin embargo, una exposición pública inesperada cambió por completo la manera en que se relacionaba con los demás, afectando su autoestima y la dinámica familiar con la que había crecido.

En 2018, Florencia tenía solo 13 años cuando accedió a grabar un video que mostraba su participación en las Olimpiadas de Sordos organizadas por su colegio de ese entonces, el CECASOV de Valparaíso. Se trataba de un microdocumental realizado por UPLA TV, que retrataba un día normal de su vida mientras se preparaba para competir. Ella aceptó y sus padres dieron la autorización verbal, considerando que sería una oportunidad para visibilizar a jóvenes con hipoacusia y apoyar a su comunidad.

Tres años después, en 2021, una amiga le envió por Instagram una publicación donde Florencia aparecía como protagonista de una campaña de admisión de la Universidad de Playa Ancha (UPLA), promocionando la carrera de Técnico en Interpretación en Lengua de Señas. Más allá de la sorpresa, la incomodidad se transformó en angustia: su rostro estaba siendo utilizado con fines publicitarios sin autorización. En cuestión de días, las imágenes circularon por redes sociales dentro de su propia comunidad, convirtiéndola en objeto de burlas, comentarios crueles y agresiones.

Sentía vergüenza, rabia y miedo de ser reconocida en la calle. Fue el inicio de un proceso doloroso para una joven de 16 años con discapacidad, que además de las limitaciones diarias, tuvo que enfrentar un profundo aislamiento social, pérdida de amistades y un forzado cambio de colegio.

Flor me contó sobre ese momento: “Pasé mucha incomodidad, me atacaron, se burlaron, perdí confianza en mis amigos, me separé de todos. Tuve que cambiarme de colegio para estar tranquila y seguir mi camino” producto de los episodios de acoso escolar que se desencadenaron tras su aparición en la campaña de admisión de la UPLA.

En ese sentido, la joven enfatizó en que esta utilización de su imagen “me hizo sentir tonta, como si los sordos fuéramos pobrecitos a quienes pueden usar sin permiso. Me produjo mucho enojo, frustración y vergüenza porque yo no quería ser protagonista. Tenía este sentimiento de vergüenza constante. Pregunté por qué habían usado mis fotos sin permiso y nadie me dio una respuesta. No quise salir, me quedé en casa con mucha rabia todo el tiempo”.

A ello se sumó la dificultad de acceder a apoyo psicológico adecuado, ya que los profesionales que la atendieron no contaban con conocimiento de lengua de señas. Esto obligaba a que una intérprete participara en cada sesión, lo que hacía muy difícil para la adolescente abordar temas personales con privacidad y confianza, obstáculo que, según explicó su familia, profundizó su aislamiento y retrasó su recuperación emocional.

Las consecuencias de este acto arbitrario fueron devastadoras no solo para ella, sino también para su familia. “Me costó un mundo que Flor volviera a salir a la calle. Yo misma dejé de trabajar para acompañarla, porque no quería estar sola, tenía miedo de que la reconocieran y se burlaran”, me dijo su madre, Marisa. Su padre, Mario, lo resumió con amargura: “Abusaron de nuestra confianza. Tenían mi número de teléfono, podrían haber llamado. Pero no lo hicieron. Pensaron que, como se trataba de una niña sorda, no íbamos a decir nada”.

Por eso decidieron acudir a la justicia. A través de una demanda presentada ante el Juzgado Civil de Valparaíso, la familia acusó a la UPLA y al CECASOV de haber actuado de forma dolosa: “Extraen arbitrariamente la imagen de Florencia y la publican en redes sociales con fines publicitarios, obteniendo un beneficio económico y comunicacional a costa de una menor con discapacidad auditiva”. Y solicitan una indemnización por daño moral, daño emergente y lucro cesante, incluyendo el perjuicio económico que significó para su madre dejar de trabajar para poder apoyar a su hija.

La Universidad de Playa Ancha respondió al caso mediante un comunicado público, en el que aseguró que la difusión del registro audiovisual tuvo “fines sociales y educativos” y que el material formaba parte de producciones inclusivas realizadas por UPLA TV, “sin ánimo de lucro ni fines publicitarios”. Según la institución, se trató de un fotograma extraído de un reportaje emitido en 2018 sobre la participación de Florencia en la Copa del Silencio, cuyo propósito -afirmaron- era promover la inclusión y la equidad social.

Sin embargo, la familia y sus abogados cuestionan esa versión, ya que la imagen fue utilizada en las redes sociales oficiales de admisión de la universidad para promocionar una carrera, lo que a su juicio constituye un uso arbitrario de la imagen de una menor con discapacidad auditiva con fines promocionales.

El abogado Jorge Valenzuela, parte del equipo que representa a la familia, explicó que “este no es un simple error administrativo, sino un acto arbitrario y discriminatorio cometido por una universidad estatal. Se trató de la utilización deliberada de la imagen de una menor con discapacidad auditiva, sin autorización, con fines publicitarios. Eso no solo vulnera derechos básicos, sino que también reproduce estigmas que las personas sordas llevan años intentando erradicar. Este caso debe sentar un precedente: no podemos permitir que instituciones públicas, llamadas a resguardar la inclusión, sean las mismas que terminan vulnerando la dignidad y la confianza de niños y jóvenes. La justicia debe enviar una señal clara de que no todo vale en nombre de la difusión o la propaganda institucional”.

Así, Florencia espera que haya justicia en su caso, para que ninguna persona -sea cual sea su condición- tenga que pasar por el martirio psicológico que ella enfrentó debido a una decisión irresponsable de una institución estatal. “Yo quiero que ganemos el juicio, que nos apoyen, para que la universidad no piense que las personas sordas somos tontas. Somos personas que sabemos, que entendemos, que tenemos derechos, no somos invisibles”.