Contraloría detecta más de $4.000 millones de recursos públicos no rendidos por UFRO y pagos "improcedentes" de sueldos
Un informe reciente de la Contraloría Regional de La Araucanía expuso serias irregularidades financieras en la Universidad de La Frontera (UFRO), tras auditar los recursos provenientes del Aporte Institucional de Universidades Estatales (AIUE).
La revisión cubrió el periodo entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2024, y terminó con el envío de antecedentes al Ministerio Público, al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y a la Superintendencia de Educación.
De acuerdo con el Informe Final N° 475 de 2025, durante ese lapso la UFRO recibió más de $27.417 millones desde el Estado, de los cuales, al cierre del año pasado, había rendido $21.776 millones. Esto deja un saldo de $5.641 millones aún por ejecutar hasta fines de 2024.
Sin embargo, lo más alarmante es que en las cuentas corrientes habilitadas para controlar esos fondos, solo se encontraron disponibles $1.302 millones.
Así, se constató una falta de disponibilidad por más de $4.339 millones. Ante esta situación, la Contraloría ordenó a la universidad reintegrar el monto faltante a Rentas Generales de la Nación y presentar los antecedentes correspondientes en un plazo de 30 días hábiles.
"Gastos improcedentes"
Pero este no fue el único hallazgo. El informe también señala que, entre septiembre de 2023 y junio de 2024, se realizaron traspasos por más de $5.650 millones desde las cuentas del AIUE para cubrir pagos de remuneraciones, un uso considerado improcedente por la Contraloría.
Además, se detectaron deficiencias en las rendiciones de cuentas presentadas en junio, noviembre y diciembre de 2023.
Estas fueron objetadas por la Subsecretaría de Educación Superior debido a la falta de respaldo suficiente o inconsistencias en los datos entregados. Algunas rendiciones incluso fueron rechazadas por presentar déficit en la conciliación bancaria.
Como parte del mismo informe, la CGR también instruyó el reintegro de casi $53 millones por conceptos de fondos no utilizados correspondientes a dos proyectos cuyo plazo de ejecución ya venció, el primero el 4 de febrero de 2024 y el segundo el 17 de febrero de 2025.
Debido a la gravedad de los hechos, el informe fue remitido al Ministerio Público, al CDE y a la Superintendencia de Educación para que se adopten las medidas que correspondan.
