Seis años después del 18-O: Hablemos de derechos humanos
Han pasado seis años desde el estallido social de octubre de 2019. Seis años desde que millones de chilenas y chilenos salieron a las calles a exigir dignidad, justicia y derechos. Seis años también desde que el Estado respondió con una represión de una magnitud inédita desde el retorno a la democracia.
Hoy, en medio de un clima político marcado por la próxima elección presidencial y con una sociedad aún herida, se vuelve urgente hablar de algo que parece obvio, pero que en Chile no lo es: la necesidad de hablar sobre el respeto irrestricto a los derechos humanos.
El estallido dejó cicatrices visibles y otras más silenciosas. Miles de personas fueron víctimas de violencia institucional: mutilaciones oculares, torturas, detenciones arbitrarias, desnudamientos, entre otros apremios.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó más de tres mil doscientas querellas por estos hechos y, seis años después, apenas cuarenta y dos han terminado en condenas ejecutoriadas. El resto -más del noventa y ocho por ciento- sigue sin justicia.
En paralelo, un informe reciente reveló que el noventa por ciento de las causas vinculadas al estallido social están cerradas. Amnistía Internacional advierte que, según cifras del Ministerio Público en agosto de 2025, la Fiscalía Nacional informó que aún quedaban vigentes 623 causas. Muchas a punto de prescribir.
Mientras, el Comité de Derechos Humanos de la ONU volvió a expresar su preocupación por la impunidad sistemática y la falta de mecanismos independientes de control sobre el uso de la fuerza.
Cuando la impunidad se normaliza, se corroe la democracia desde adentro. No se trata sólo de sancionar abusos del pasado, sino de evitar que se repitan. Un país que no fija límites claros sobre lo que el Estado puede -y no puede- hacer en nombre del orden público termina debilitando su propio pacto social. Y el riesgo no es abstracto.
Hoy vemos cómo discursos autoritarios y negacionistas vuelven a ganar terreno, instalando la idea de que los derechos humanos son opcionales o ideológicos. Esa banalización no ocurre sola: son las deudas estatales con las víctimas del estallido social, con una sociedad post dictatorial a la que el concepto derechos humanos le suena sólo a dictadura.
Hoy en necesario que hablemos de manera transversal de derechos humanos, y que acordemos pisos mínimos que ninguna autoridad, gobierno o coalición puede traspasar. Esos mínimos deberían incluir fortalecimiento de la institucionalidad de Derechos Humanos, implementación de una política nacional de reparación integral, ley de protección a personas defensoras ambientales.
Sin derechos humanos, cualquier disputa política se vuelve un campo de abusos posibles. Chile necesita volver a encontrarse en torno a un pacto ético compartido: reconocer la dignidad como un límite y no como una promesa. Eso implica que los derechos humanos deben ser una política de Estado, no un programa de gobierno; una convicción transversal, no una consigna partidaria.
Este aniversario del 18-O no es solo una fecha para recordar, sino una oportunidad para corregir. Para decir con claridad que la violencia institucional no puede ser relativizada ni olvidada, y que la justicia no puede esperar otros seis años.
Construir consensos en derechos humanos no es un gesto simbólico: es la única manera de garantizar que la historia no se repita. Porque sin verdad, sin justicia y sin garantías de no repetición, no hay democracia plena.
