Que nadie borre nuestra historia, que nadie silencie nuestra memoria
El solo hecho de que Chile haya tenido que crear un Registro de Personas Ausentes por Desaparición Forzada nos dice mucho. Nos habla de las atrocidades cometidas durante la dictadura cívico-militar, pero, sobre todo, nos revela la lamentable calidad humana de los cómplices pasivos -como los llamó el expresidente Piñera- y del grosero pacto de silencio que, hasta hoy, impide el avance de muchas causas de derechos humanos.
Recientemente aprobamos en la Cámara de Diputados y Diputadas con 89 votos a favor, 28 en contra y 4 abstenciones el proyecto del cual soy coautor y que crea este registro, reconociendo jurídicamente a las víctimas de desaparición forzada entre 1973 y 1990. Es un paso histórico, pero también doloroso: porque no deberíamos necesitar un registro para recordar que miles de chilenos y chilenas fueron arrancados de sus vidas por agentes del Estado, y que sus familias aún esperan justicia.
El distrito que represento fue testigo directo de esos crímenes. Villa Grimaldi en Peñalolén, el siniestro Cuartel Simón Bolívar en La Reina y el Aeródromo Tobalaba -desde donde partió la Caravana de la Muerte- son recordatorios del horror que puede provocar un ser humano que ha perdido todo rasgo de humanidad.
Si la derecha hubiese actuado con un mínimo de decencia al término de la dictadura, habríamos podido juzgar a los asesinos, a quienes hicieron desaparecer a nuestros compatriotas.
En vez de eso, vimos a Augusto Pinochet sentado como senador vitalicio, en una escena que fue una vergüenza mundial. Y mientras la derecha siga actuando con indiferencia ante la memoria y la reparación, la dictadura no será solo un recuerdo del pasado: será una herida abierta en el presente y una amenaza para el futuro.
Este proyecto que por fin será Ley, no es solo una herramienta jurídica. Es una señal de que el Estado reconoce su responsabilidad y se compromete a no repetir estos crímenes. Pero también es una advertencia: porque, aún hoy, en el Congreso hay quienes tratan a los asesinos y torturadores como héroes de guerra.
Porque aún hoy, un candidato presidencial se declara defensor del dictador y niega los crímenes más atroces de nuestra historia. Digámoslo con claridad: José Antonio Kast es un peligro para la democracia. Nadie que se diga demócrata puede justificar el asesinato de compatriotas ni negar la matanza de Paine, que le debe sonar bastante conocida.
Con esta ley aseguraremos que las futuras generaciones sepan que en Chile hubo horror, pero también hubo resistencia, memoria y dignidad. En la Cámara de Diputados y Diputadas, tenemos el testimonio vivo de tres mujeres que enfrentaron el dolor inimaginable de la desaparición forzada: las diputadas Carmen Hertz, Lorena Pizarro y María Candelaria Acevedo. A ellas, mi respeto y mi compromiso.
Chile ha dado un paso adelante, pero la lucha por la memoria continúa. Que esta victoria inspire a rechazar cualquier retroceso y a construir un país donde la humanidad prevalezca sobre el silencio.
