Una Política Nacional Costera que mire más allá del borde
El 25 de septiembre finalizó la consulta pública del anteproyecto de la nueva Política Nacional Costera (PNC), un documento que pretende reemplazar la actual Política Nacional de Uso del Borde Costero (PNUBC), vigente desde 1994. Este proceso abre una oportunidad única para modernizar la gestión de uno de los territorios más estratégicos y vulnerables de Chile: nuestras zonas costeras.
Desde el Centro UC Observatorio de la Costa valoramos avances en equidad de género, reconocimiento de pueblos originarios, incorporación del enfoque de sustentabilidad y adaptación al cambio climático. Sin embargo, creemos que el texto aún presenta debilidades estructurales que amenazan con dejarlo en el plano de las declaraciones generales, sin transformarse en la herramienta efectiva que el país necesita.
El problema de fondo es que el anteproyecto sigue centrado en una noción estrecha de “borde costero”, reducida a una franja de 80 metros y regulada principalmente mediante concesiones. Esa mirada resulta obsoleta frente a los desafíos actuales.
La costa no es solo un borde administrativo: es un sistema socio-ecológico complejo, donde convergen procesos marinos y terrestres, interacciones humanas y ecosistemas frágiles expuestos a las amenazas del cambio climático.
Chile tiene más de 6.400 kilómetros de costa y es reconocido como uno de los países más vulnerables de América Latina frente al cambio climático. Las marejadas, la erosión, el aumento del nivel del mar y los tsunamis son riesgos crecientes que ya afectan a comunidades y ecosistemas. Por eso, limitar la política costera a una franja regulatoria es desconocer la magnitud de los procesos que están en juego.
Nuestra propuesta es clara: necesitamos que la nueva PNC abandone la visión fragmentada y sectorial que nos ha acompañado por décadas y avance hacia una gestión integrada de la zona costera.
Esto implica, primero, ampliar su alcance territorial, abordando el litoral como un espacio donde se articulan la vida social, cultural, económica y ambiental. Segundo, incorporar metas medibles, indicadores y plazos de cumplimiento que permitan evaluar de manera transparente los avances.
Y tercero, garantizar que las comunidades costeras, pueblos originarios y gobiernos locales tengan una participación temprana, inclusiva y vinculante en la toma de decisiones. Nada de esto será posible sin un marco legal sólido. Chile todavía carece de una Ley de Costas que asegure la protección del océano costero y su gestión integrada.
Mientras sigamos funcionando con normativas dispersas y sin una política vinculante, nuestras acciones seguirán siendo fragmentadas e insuficientes para garantizar la resiliencia y sustentabilidad de los territorios costeros. Hoy enfrentamos una coyuntura histórica.
El país ha ratificado compromisos internacionales como el Tratado de Altamar (BBNJ) para proteger la biodiversidad marina en aguas profundas. Sin embargo, seguimos sin contar con instrumentos robustos para proteger la costa, que es precisamente el lugar donde se originan la mayoría de los contaminantes que alteran la biodiversidad marina. No podemos desaprovechar esta oportunidad.
La nueva Política Nacional Costera debe convertirse en un verdadero instrumento de gestión integrada, capaz de responder a la crisis climática, fortalecer la gobernanza y construir resiliencia para las comunidades. Solo así podremos asegurar que este extenso y valioso territorio sea protegido y preservado para las futuras generaciones.
