Gobierno defiende Plan Nacional de Búsqueda ante críticas: caso Bernarda Vera demuestra que cumple su objetivo
El caso de Bernarda Vera Contardo, presunta detenida desaparecida que estaría viviendo en Argentina, ha puesto el foco en la ejecución del Plan Nacional de Búsqueda, presentado por el presidente Gabriel Boric en agosto de 2023, ad portas de la conmemoración de los 50 años del golpe militar.
Tras el reportaje emitido por CHV, que reveló el caso, sectores de oposición avivaron las tensiones en torno a la iniciativa argumentando que para su implementación se gastan recursos "miles de millones de pesos de plata de los contribuyentes".
En la misma línea, el diputado Jorge Alessandri (UDI) recurrió a la Contraloría para pedir que se indague a fondo la función y los hallazgos del Plan Nacional de Búsqueda, e incluso argumentó un supuesto defraude al fisco.
Un plan que cumple su objetivo
Sin embargo, para el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, el Plan estaría cumpliendo su objetivo, que es transparentar los datos para buscar justicia y reparación.
“Este es un caso que logra arribar a lo que se conoce el día de hoy gracias al Plan Nacional de Búsqueda”, afirmó el ministro, en entrevista con Radio Duna.
Y añadió: “Los resultados del caso de Bernarda Vera son del Plan Nacional de Búsqueda, y precisamente el objetivo del Plan Nacional de Búsqueda es poder determinar la verdad de lo que ocurrió, lejos de empañarlo”.
Gajardo también recordó que, luego del Informe Rettig, surgieron diversos relatos que entraban en contradicción con lo consignado oficialmente, y que el Plan Nacional de Búsqueda se encarga de investigar precisamente esas inconsistencias.
En este proceso, según explicó el secretario de Estado, se solicitan antecedentes documentales para evaluar si esos relatos tienen verosimilitud, y luego se comparte la información obtenida con las familias afectadas, el Comité de Seguimiento del plan —integrado por organizaciones de derechos humanos, académicos y representantes de la Iglesia Católica—, así como con el ministro en visita que lleva el cuaderno administrativo de las causas vinculadas.
Finalmente, el titular de Justicia recalcó que todos los antecedentes recopilados sobre el caso de Bernarda Vera fueron reportados con anterioridad al reportaje emitido por Chilevisión y Reportea, el cual reveló públicamente que Vera podría estar viva.
“Todos los datos recaudados habían sido reportados mucho antes del reportaje”, concluyó.
La misma línea argumentativa siguió la vocera de gobierno, Camila Vallejo, al ser consultada horas después de que se transmitiera el reportaje. Para la autoridad, el caso no constituye un error del plan, pues se trata de un caso particular.
"Un caso no borra la verdad histórica"
Un total de 75 organizaciones de derechos humanos, sitios de memoria y organizaciones de familiares emitieron una declaración a raíz del caso, señalando que un caso en particular "no borra la verdad histórica".
Durante la dictadura militar se implementó una política sistemática de persecución, desaparición, torturas y ejecuciones "que dejó a miles de víctimas".
"Un caso, o el reconocimiento tardío de otro, no debilita esa verdad: por el contrario, la confirma. Cada hallazgo nos recuerda la magnitud de los crímenes de lesa humanidad y la urgencia de esclarecer cada uno de ellos", se lee en el comunicado.
Por esta razón, insisten en que el Estado de celeridad a cada uno de los casos de desaparición forzada a través del Plan Nacional de Búsqueda, el que debe ejecutarse con "eficacia, transparencia y compromiso real".
A su vez, las 75 organizaciones rechazan cualquier intento de relativización de los crímenes cometidos en dictadura a raíz del caso de Bernarda Vera.
"Condenamos el sensacionalismo mediático que, ayer y hoy, en lugar de aportar al esclarecimiento, busca instalar dudas, encubrir responsabilidades o reabrir discursos justificatorios del golpe y del terrorismo de Estado", expresan.
Por otro lado, recalcaron que quienes conocen la verdad sobre el paradero de los miles de detenidos desaparecidos son aquellos que cometieron los crímenes de lesa humanidad y que hoy mantienen un pacto de silencio.
"Agentes del Estado fueron los secuestradores, torturadores, mandos y cómplices de los crímenes y hasta hoy mantienen, un pacto de silencio. También hubo cómplices pasivos que actuaron por acción u omisión", señalan.
Finalmente, exigen "toda la verdad, y toda la justicia", y por ningún motivo aceptarán "beneficios indebidos para criminales de lesa humanidad, ni medias prescripciones, ni beneficios carcelarios".
