La protección a la Infancia, desafío para el próximo período presidencial

La protección a la infancia -su crisis permanente- constituye uno de los mayores desafíos sociales y políticos en el Chile actual. Pasar de la crítica, en muchas ocasiones tan demoledora como inútil, a proponer cambios significativos -probablemente estructurales- sobre el sistema de protección a la infancia, debe ser, en estos momentos, parte de las políticas públicas prioritarias.

Durante décadas se ha mantenido un modelo asistencialista y judicializado que, lejos de garantizar derechos universales y normalizados, se ha caracterizado por constituir un Estado proveedor de subsidios focalizados y ayudas puntuales. Este enfoque, como era esperable, ha generado fragmentación de servicios, dependencia de los beneficiarios y, sobre todo, una atención a todas luces deficitaria a niños, niñas y adolescentes (NNA) cuyos derechos han sido vulnerados. Chile necesita transitar hacia un sistema de protección más justo, universal y preventivo.

Pero estas características del sistema de protección social a la infancia no son solo propias de la atención a NNA, sino que el sistema de protección social en su conjunto se ha distinguido por un enfoque asistencial-pasivo. Esto significa que las ayudas se otorgan en función de la pertenencia de los beneficiarios a grupos específicos, como familias en situación de pobreza, personas mayores o personas con discapacidad, inmigrantes, etc., y no según criterios posicionales, como cabe esperar de un sistema de protección moderno y basado en derechos.

Aunque este modelo permite focalizar recursos y atender urgencias con cierta eficacia, también refuerza la estigmatización y genera dependencia. La infancia, en particular, ha quedado atrapada en esta lógica, lo que imposibilita el diseño e implementación de programas realmente eficientes. La falta de prevención, la ausencia de redes comunitarias sólidas y la fragmentación de servicios han provocado que muchos casos de riesgo o maltrato solo se atiendan cuando ya han alcanzado un nivel de gravedad considerable, lo que genera intervenciones tardías y, en muchas ocasiones, traumáticas.

La crisis, que se puede calificar de permanente, del hasta 2021 denominado Servicio Nacional de Menores (actual Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia), ha sido uno de los episodios más visibles y dolorosos de la protección a la infancia en Chile.

Y, lejos de tratarse de un problema aislado, refleja fallos estructurales que es fácil entender como resultado del sistema descrito: ausencia de una sólida red normalizada de servicios sociales comunitarios, falta de coordinación entre servicios y la absoluta judicialización del sistema público de protección social infantil.

Por tanto, y esta es una cuestión clave a la hora de proponer mejoras en la atención a la infancia en nuestro país, no se trata de incorporar mejoras en el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, sino cambiar el paradigma de la protección social y los servicios sociales públicos en su conjunto.

En varios países europeos, como España, la protección a la infancia forma parte de un Sistema Público de Servicios Sociales universal y descentralizado. Esto permite que la mayoría de los casos de riesgo o desprotección social sean atendidos en el nivel comunitario (servicios sociales de base), evitando que lleguen a agravarse sensiblemente.

El contraste con Chile, en donde en la práctica la totalidad de los casos de riesgo y desamparo llegan al Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, que obviamente es incapaz de asumir esa demanda de atención con eficiencia, muestra la importancia de cambiar radicalmente el modelo.

Es decir, centrar la crítica de los importantes problemas -ya calificados como estructurales- del sistema de protección a la infancia en los profesionales o en la organización que los acoge (llámese SENAME, Mejor Niñez, etc.) no nos llevará a ninguna posibilidad de solución efectiva, ya que, con el sistema de protección social actual, ni con los mejores y más nutridos recursos se logrará resultados alentadores.

Un sistema de protección infantil eficaz debe basarse en tres principios fundamentales: universalidad (acceso garantizado a todos los niños y niñas), normalización (evitar tratamientos estigmatizantes y garantizar servicios comunes) y descentralización (articular una red estable de servicios sociales de base, donde se detecta y previene los problemas). Estos principios permiten que la infancia sea vista como sujeto de derechos y no solo como beneficiaria de ayudas puntuales.

Probablemente el reto principal para intervenir significativamente en el maltrato y desprotección de NNA, sea la prevención. En este sentido, como hemos indicado, los servicios sociales comunitarios (de base), deben ser la puerta de entrada para detectar y atender casos de riesgo o crisis de maltrato infantil de forma temprana.

El trabajo con las familias, especialmente en la promoción de habilidades parentales y de buen trato, resulta esencial para evitar situaciones de vulneración de derechos más graves. Y los casos graves, o que por especiales circunstancias sociales requieren de atención especializada, deben ser derivados y atendidos por el servicio especializado… se llame como se llame.

Un sistema de protección eficaz, estructurado en dos niveles de atención (comunitario y especializado), no significa gastar más, sino invertir mejor, ya que, como hemos comentado, de esa manera se garantiza la prevención.

En definitiva, la protección social a la infancia en Chile vive una crisis estructural marcada por el asistencialismo, la judicialización y la falta de prevención secundaria. Superar estos obstáculos requiere apostar por un sistema público de servicios sociales basado en derechos, universalidad y normalización de prestaciones. La infancia debe ser protegida desde la lógica de la prevención, garantizando la disponibilidad de servicios próximos a la comunidad.

La protección social debe ser entendida como un derecho que hace viable que cada niño y niña puedan crecer en un entorno seguro, con oportunidades reales para su desarrollo integral. Esta transformación no solo es posible, sino urgente. Las políticas de infancia que vayan en esa dirección, en nuestra opinión, deberían estar en las prioridades de la agenda de quién ocupe la próxima presidencia de Chile.