Aborto, educación e información: Una deuda urgente con las niñas en Chile
Chile mantiene una deuda en materia de derechos. A pesar de ciertos avances, la agenda de derechos sexuales y reproductivos, particularmente en lo que respecta al aborto seguro, la educación sexual integral y la protección de niñas y adolescentes, sigue estancada por prejuicios y por una falta de voluntad política que ignora estándares internacionales.
La evidencia es clara. Organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) han sido contundentes: restringir el aborto no lo reduce, solo lo hace más peligroso, especialmente para las más vulnerables. La OMS clasifica el aborto seguro como un servicio de salud esencial, y su despenalización es clave para reducir la mortalidad materna.
En Chile, aunque existen tres causales, persisten barreras como la objeción de conciencia institucional, que en la práctica niega el acceso. Así un derecho se transforma en un laberinto imposible para una niña víctima de violación o una mujer cuyo embarazo pone en riesgo su vida.
Pero la solución no comienza ni termina en el aborto. La verdadera prevención está en una Educación Sexual Integral (ESI) científica y laica, que llegue a todos los niveles educativos. Hablar de ESI es hablar de enseñar sobre consentimiento, prevención de violencia de género y salud menstrual.
Es entregar herramientas para que niñas y adolescentes tomen decisiones libres e informadas sobre su futuro y sus vidas. Dejar su educación al azar o a la desinformación en internet es una irresponsabilidad social.
Este acceso a la información es también una cuestión de equidad. Las niñas en zonas rurales o en situación de pobreza son las más afectadas por la falta de servicios y educación. Para ellas, un embarazo no planificado no es una elección, sino una condena que perpetúa ciclos de desigualdad.
Es urgente fortalecer la atención primaria, garantizando el acceso gratuito a anticonceptivos modernos y a una orientación comprensible y adecuada a cada edad.
La comunidad internacional, desde la ONU hasta el Comité CEDAW, ha instado a Chile a avanzar. Países como Argentina y Colombia ya lo han hecho, basándose en los derechos humanos. Nuestro país no puede seguir rezagado.
Hoy es imperativo que las y los tomadores de decisiones prioricen tres acciones concretas:
Aprobar una ley de aborto seguro que despenalice y regule el acceso más allá de las causales actuales.
Implementar de forma obligatoria la Educación Sexual Integral en todas las escuelas, con enfoque de género.
Garantizar que la información y los servicios de salud sexual lleguen de manera prioritaria a niñas y adolescentes.
Es hora de dejar de lado los debates ideológicos y escuchar a la ciencia y a los derechos humanos. Se lo debemos a las niñas: su futuro no puede seguir esperando.
