Joaquín Lavín y la Municipalidad de Las Condes: Los escandalosos tratos directos con la Fundación Jaime Guzmán
De acuerdo a Max Weber, en Economía y Sociedad, la política consiste en la lucha por el poder, pero también en la manera en que ese poder se reproduce y se encubre bajo formas aparentemente neutras.
En la vida pública, los contratos dicen más que los discursos. Y en Las Condes, durante la gestión de Joaquín Lavín, esos contratos muestran un patrón revelador, el municipio más rico del país terminó pagando cerca de $31.034.211 en menos de dos años a la Fundación Jaime Guzmán, bajo la fórmula del trato directo, es decir, sin licitación abierta ni competencia real.
Los hechos son claros. El 12 de febrero de 2019, la Municipalidad de Las Condes, dirigida por Lavín, aprobó un contrato con la fundación para implementar el servicio “Alerta Municipal”, un boletín semanal sobre proyectos de ley que afectaran a los municipios. El decreto fijó un valor de 21 UF mensuales, lo que sumó 252 UF ($6.940.374, según el valor de la UF de ese mes). Ese contrato fue rescindido el 31 de agosto de 2020 “por común acuerdo”.
Sin embargo, apenas cuatro días después, el 4 de septiembre de 2020, el municipio autorizó un nuevo contrato con la misma institución, esta vez por 24 meses, a un costo de 840 UF, equivalentes a $24.093.837 según la UF de ese mes. Dos contratos, continuidad total, y un flujo de más de $31 millones hacia una fundación ideológicamente cercana.
Este caso no es anecdótico ni menor, representa un ejemplo preciso de cómo se reproduce lo que el sociólogo Charles Wright Mills llamó en su obra La élite del poder, el “círculo cerrado de las élites”, donde los recursos públicos fluyen hacia organizaciones que refuerzan el mismo entramado político que controla la administración.
La hipocresía de la innovación
Joaquín Lavín se ha construido a sí mismo como el “alcalde futurista”, el gestor moderno que trajo ideas de vanguardia a Las Condes: barrios inteligentes, seguridad tecnológica, educación digital. Sin embargo, mientras la retórica vendía modernidad, las prácticas administrativas eran arcaicas: adjudicar por trato directo, favorecer a instituciones afines, mantener vínculos cerrados en lugar de abrir competencia. La imagen de gestor eficiente se desploma ante los hechos. Lavín practicó un clientelismo de alta gama, disfrazado de asesoría jurídica.
La burocracia funciona con reglas impersonales y procedimientos formales. Pero en Las Condes, Lavín optó por el particularismo, por la contratación a medida. Lo que debía ser un proceso impersonal se convirtió en un favor institucional.
La captura institucional elegante
Susan Rose-Ackerman, en Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform, explica que la corrupción no siempre es soborno; también existe una captura institucional más sutil, en la que la legalidad se usa para beneficiar a actores cercanos al poder. Los tratos directos de Lavín con la Fundación Jaime Guzmán encajan perfectamente en esa definición: no necesariamente ilegales, pero sí contrarios al espíritu de la competencia y la transparencia.
La pregunta es sencilla: ¿por qué un municipio con los recursos de Las Condes no abrió licitación pública para un servicio que cualquier estudio jurídico o facultad universitaria podía realizar? La respuesta también es sencilla, porque el objetivo no era solo contar con informes, sino transferir recursos a una fundación afín, reforzando redes políticas bajo la apariencia de técnica administrativa.
Robert Dahl, en ¿Quién gobierna?, subrayó que la democracia local se sostiene en la pluralidad de voces. Pero Lavín concentró la asesoría en una sola entidad, limitando la diversidad y reforzando la homogeneidad ideológica. No fue la búsqueda de pluralismo, sino la consolidación de un monopolio de la interpretación legal.
Lo indignante no son solo los $31 millones gastados, sino el descaro de la práctica, mientras el país discute cómo mejorar la transparencia, Lavín operaba como el gran administrador de favores, construyendo redes ideológicas con dinero público. Y lo hacía con la máscara de la innovación.
Conclusión
Joaquín Lavín no fue el edil futurista que vendía en entrevistas y matinales, sino un político tradicional que, con sonrisa amable, cultivó el mismo clientelismo de siempre, solo que con membrete académico y traje de think tank. Y la Fundación Jaime Guzmán se convirtió en el canal perfecto para transformar fondos municipales en legitimidad política.
En un Chile que demanda transparencia y pluralismo, lo ocurrido en Las Condes entre 2019 y 2020 no es un error administrativo, es un ejemplo cristalino de cómo se disfraza el favoritismo como “asesoría técnica”. Y aunque Lavín intentara presentarse como gestor del futuro, lo que nos dejó fue la más antigua de las prácticas... El clientelismo.
