Salario mínimo, 40 horas y empleo: Lo que el Banco Central no dijo
El último Informe de Política Monetaria del Banco Central encendió un debate que no es menor: ¿han sido el aumento del salario mínimo y la reducción de la jornada laboral a 40 horas responsables del estancamiento en la creación de empleo? Según su diagnóstico, estas reformas han elevado los costos para ciertas empresas y han limitado su capacidad de contratar.
El informe fue presentado en el Senado por la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa. No es irrelevante quién comunica: antes de llegar a la institución, trabajó casi 20 años en Libertad y Desarrollo (LyD), uno de los think tanks más influyentes de la derecha chilena, y fue directora de Presupuestos en el primer gobierno de Piñera.
Que el énfasis del IPoM se haya puesto casi exclusivamente en los costos laborales no sorprende: es coherente con esa trayectoria. Y ese énfasis no es neutro; termina reforzando el relato de quienes siempre se opusieron al salario mínimo y a las 40 horas, en particular el Partido Republicano, que votó en contra de ambas reformas en el Congreso.
Pero la realidad es bastante más compleja. El problema del empleo en Chile no se explica únicamente por el sueldo mínimo o la jornada laboral. Lo que tenemos es un mercado de trabajo en plena transformación. La primera gran fuerza que lo atraviesa es la automatización: máquinas, softwares e inteligencia artificial están reemplazando tareas rutinarias en múltiples sectores, desde la banca hasta el comercio.
A esto se suma una productividad que lleva años estancada porque el país no ha invertido lo suficiente en innovación ni en capacitación laboral. La construcción, por su parte, vive un momento crítico: la falta de financiamiento y los proyectos paralizados golpean a uno de los rubros más intensivos en empleo. Y, como si fuera poco, la informalidad sigue creciendo, dejando a más de un cuarto de la fuerza laboral sin protección ni derechos básicos.
Cuando miramos lo que ocurre en Europa y en otras economías desarrolladas, el contraste es evidente. Allí los salarios mínimos son mucho más altos y las jornadas laborales son más cortas, pero eso no destruye empleo. ¿La diferencia? Que el Estado acompaña con políticas robustas:
Subsidia a las pequeñas empresas en los sectores más sensibles, financia programas de reconversión laboral, otorga créditos blandos para la modernización tecnológica y fortalece la negociación colectiva. En Chile, en cambio, se aprueban reformas laborales necesarias, pero sin un plan paralelo que proteja a las pymes ni a los trabajadores durante la transición.
Por eso el debate no debería ser si retrocedemos en derechos. La verdadera discusión es cómo hacerlos sostenibles. Y eso significa que el Estado asuma su rol con decisión. Apoyar a las pymes que dependen del salario mínimo, invertir en programas de reconversión que permitan a los trabajadores capacitarse sin perder ingresos, otorgar garantías y créditos accesibles para que las pequeñas empresas se modernicen, y construir un sistema nacional de cuidados que permita a más mujeres incorporarse al mercado laboral.
Estas son las medidas que permitirían que la reducción de la jornada y el alza del salario mínimo no solo sean conquistas legales, sino transformaciones reales en la vida de las familias.
La pregunta de fondo es qué hacemos con la productividad que nos entrega la tecnología y la modernización. En un modelo neoliberal, esas ganancias se traducen en despidos y precariedad. En un modelo de bienestar, en cambio, pueden convertirse en menos horas de trabajo, más tiempo para la familia y mejores condiciones de vida.
Y aquí está la reflexión que no podemos dejar pasar: la tecnología y la inteligencia artificial deberían ser una oportunidad para vivir mejor. Si logramos que el aumento de la productividad se traduzca en menos horas de trabajo, podremos dedicar más tiempo a nuestras familias, fortalecer la crianza de los hijos y la vida comunitaria, y así también reducir fenómenos sociales como la delincuencia y la exclusión.
Un país que permite a sus ciudadanos trabajar menos, vivir mejor y criar con más tiempo es también un país más productivo, porque la verdadera riqueza no está solo en las cifras, sino en la calidad de vida de su gente.
Chile debe decidir qué camino quiere tomar. Y es deber de quienes creemos en la justicia social recordar que el progreso no se construye retrocediendo, sino avanzando. Más empleo, más justicia y más dignidad: ese debe ser el horizonte.
