Impulsar salmoneras sin énfasis en regulación: El peligroso escenario que pintan los programas presidenciales para la polémica industria

Un análisis comparado de los programas de gobierno de siete de las ocho candidaturas presidenciales dio cuenta de que, en general, no existen propuestas que fortalezcan el sistema de reservas y parques nacionales a nivel institucional. Esto, a pesar de estar en pleno proceso de implementación de la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.

Desde la Campaña Salvemos la Patagonia, que impulsa la Alianza por la Defensa de las Áreas Protegidas, esta situación es “preocupante”. En su visión, esto da cuenta “de un ciclo político y social de espaldas al nivel de degradación ecológica que vive el país, las zonas de sacrificio ambiental e incluso al cambio climático, que expondrá como nunca antes a comunidades a desastres naturales y dificultades para acceder a alimentos y agua”.

Para la organización, que reúne a 53 organizaciones nacionales y extranjeras que abogan por la salida de las salmoneras de las áreas protegidas, “es un panorama crítico”.

Más aún considerando la ausencia de contenido en materia de regulación que permita que, en el caso de la industria del salmón, tenga un mejor comportamiento en materia social y ambiental, partiendo por cumplir la ley. Los programas tampoco develan una mirada crítica a la licencia que ha tenido el sector para operar en espacios que han sido protegidos por el Estado y que son afectados por producción por sobre lo autorizado por los organismos públicos y el uso de contaminantes.

A esto se suma el bajo financiamiento de las áreas protegidas, el cual ha ido decreciendo año a año.

Áreas protegidas

Con un enfoque esencialmente urbano, Johannes Kaiser propone un modelo de “Free Market Parks” con iniciativas comerciales en su interior con el fin de financiar su mantención. Y plantea un “Enfoque en Funciones Esenciales” que limite el rol de Bienes Nacionales a “la supervisión de áreas protegidas de alto valor ecológico”.

Franco Parisi, por su parte, se refiere al Plan Nacional para Reconvertir Suelos Subutilizados, que evitaría la intervención de las áreas protegidas. Y se refiere a un Catastro Único Nacional de Suelos, que identificará con fines de exclusión de intervención “áreas protegidas, humedales, sitios de alto valor patrimonial y áreas de amortiguación ecológica”.

Harold Mayne-Nicholls se refiere a la aplicación de “multas severas a quienes dañen ecosistemas: por ejemplo, empresas o individuos que construyan ilegalmente en áreas protegidas, humedales o riberas causando daño ambiental enfrentarán sanciones más altas que las actuales y la obligación de restauración ecológica del área afectada”.

En el caso de Evelyn Matthei, José Antonio Kast, Jeannette Jara y Eduardo Artés, no hay mención expresa a las áreas protegidas, parques nacionales ni reservas nacionales. A la fecha de este análisis, el programa de Marco Enríquez-Ominami no estaba disponible públicamente.

Esta realidad colisiona con el nivel de amenaza e intervención por actividades industriales que afecta al actual Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado. Y más en específico, a las porciones de mar, producto de la acción de la industria del salmón que cuenta con 408 concesiones en estas áreas bajo salvaguarda oficial.

Apoyo a la industria y desregulación

En general, y a pesar del peso de la industria en el PIB, no existen muchas propuestas concretas en torno al sector. La principal excepción es Matthei, quien apuesta por “incrementar la producción en un 50% para 2030”, para transformar a Chile en “líder global en producción sostenible” (aunque no aclara a qué se refiere con este concepto). Agrega la necesidad de una Nueva Política Nacional de Uso del Borde Costero para la macrozona sur (cuyo proceso ya está en marcha), el fomento a la innovación tecnológica en acuicultura (en sanidad y medioambiente), y mayor fiscalización con información integrada.

En el caso de Jara, alude a Chile como “potencia alimentaria global”, en la cual la industria acuícola tendría un rol relevante. Además, plantea la conformación de Consejos Regionales de Acuicultura con todos los actores clave (mitilicultores, salmonicultores, comunidades indígenas y servicios públicos) y transferir “las funciones de otorgamiento y tramitación de concesiones de los organismos centrales a las entidades regionales de los ministerios correspondientes” (que hoy están radicadas en Defensa), reduciendo el tiempo de gestión que hoy toma entre 5 y 8 años para las relocalizaciones.

Kaiser, en tanto, propone una Ley de Acuicultura independiente a la de Pesca, que este gobierno comprometió inicialmente pero que, tras los procesos de consulta ciudadana y técnica, decidió no perseverar, centrándose en modificaciones normativas sobre gobernanza sectorial y relocalizaciones.

El resto de los candidatos no se refiere directamente a la industria.

Desregulación

Donde sí hay mucha coincidencia es en el desmantelamiento del rol del Estado.

Kaiser, Mayne-Nicholls y Matthei cuestionan la “permisología”, el neologismo que aboga principalmente por la desregulación en materia ambiental.

Kaiser plantea “cortar de raíz esta red invisible de trabas que asfixia el crecimiento”, mientras que Matthei revisará todo el sistema de permisos sectoriales para “racionalizarlo, disminuir la discrecionalidad, simplificarlo y adecuarlo a un ecosistema full digital” con “una unidad instalada en Presidencia estará a cargo de establecer vías rápidas o fast tracks para proyectos de gran envergadura (US$100 millones o más)”, así como reformar el Consejo de Monumentos Nacionales para “simplificar y acelerar los permisos”, exigir más transparencia a ONGs y un marco de “invariabilidad tributaria de hasta 20 años para grandes inversiones”. Mayne-Nicholls apunta a “reforzar InvestChile para que se convierta de verdad en una aceleradora de grandes proyectos estratégicos, reduciendo la ‘permisología’ excesiva, sin saltarse evaluaciones ambientales, pero agilizando los permisos para darle certeza tanto a los inversionistas como a los ciudadanos”.

En el caso de Jara, impulsará la ventanilla única “para que los titulares solo enfrenten dos ventanillas, la del Servicio de Evaluación Ambiental y la sectorial”, con tramitaciones paralelas y no secuenciales como actualmente ocurre. Además, plantea “racionalizar y optimizar los permisos”, que hoy ocurre con la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, implementando una oficina para agilizar los procesos de inversión.

Kast, en tanto, se refiere a que “eliminaremos las regulaciones innecesarias, aplicaremos en forma moderna y criteriosa las regulaciones existentes y dictaremos aquellas que sean necesarias para el fomento de la inversión”, instaurando una “Fuerza de Acción Inmediata” regional para “procesar fluidamente el incremento de inversión que prevemos se generará con el mayor dinamismo económico”.

Artés, por su parte, no se refiere al sistema institucional de autorizaciones, aunque sí aboga por un proceso de “industrialización” del país, asegurando “alimentación y energía”. Parisi, en tanto, alude a incorporar “participación ciudadana vinculante” en las decisiones ambientales y publicar semestralmente un “ranking de municipios pro-emprendimiento… con indicadores de eficiencia local en trámites, permisos y apoyo a emprendedores, con incentivos fiscales a comunas que simplifiquen procesos”.

Esta es una nota publicada en alianza con la campaña Salvemos la Patagonia.