Una adulta mayor de más de 80 años fue demandada por el Banco Scotiabank, que buscaba que restituyera cerca de $1.383.000 tras desconocer dos transacciones comerciales hechas en su cuenta.
Según se puede apreciar en el fallo judicial al que tuvo acceso El Desconcierto, el banco alegó culpa grave, pero la Corte de Valparaíso revocó la sentencia de primera instancia y rechazó la demanda.
El caso se inició en el Tercer Juzgado de Policía Local de Viña del Mar, donde la mujer había sido condenada a devolver el dinero y pagar costas.
Ella apeló, señalando que fue víctima de un engaño telefónico: alguien se hizo pasar por agente del banco y le pidió sus claves para “bloquear sus cuentas”, no para autorizar giros.
La Corte recordó que, según la Ley 20.009, es el banco quien debe probar que las operaciones fueron autorizadas por el usuario.
A juicio de los ministros, los antecedentes presentados por la entidad financiera no acreditaban ni dolo ni culpa grave.
El fallo también precisó que la presunción de responsabilidad que establece la Ley 21.673 —cuando se entregan claves de forma voluntaria— no aplica, ya que la norma entró en vigencia después de los hechos.
Además, se consideró el contexto de vulnerabilidad de la afectada, quien incluso presentó documentación con los nombres de quienes habrían cometido el fraude.
Finalmente, la Corte de Valparaíso revocó la sentencia anterior y rechazó la demanda del banco, determinando que no corresponde que la mujer devuelva los casi $1.383.000 que le exigía la institución financiera.
