Carabineros golpearon a manifestante en estallido social, le fracturaron costillas y perdió un ojo: No cumplirán pena en cárcel
El 21 de octubre de 2019, un hombre se manifestaba en la Plaza Ñuñoa golpeando un sartén cuando un grupo de 12 carabineros descendió de un vehículo policial.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, entre ellos se encontraban oficiales y suboficiales de la 28° Comisaría de Fuerzas Especiales.
Sin que existiera un riesgo real para los funcionarios, lo rodearon y lo golpearon con puños, pies y bastones, provocando que cayera violentamente al suelo tras una patada en la espalda.
La agresión dejó graves secuelas: pérdida total de visión en el ojo izquierdo, fracturas costales, nasales y dentales, politraumatismos y cicatrices faciales permanentes. El afectado requirió prótesis ocular y tratamientos prolongados.
Horas más tarde, el oficial a cargo del procedimiento reportó falsamente a la Fiscalía que el detenido había opuesto resistencia, intentado huir y amenazado a los policías, lo que quedó consignado en un parte adulterado.
Con ello, se obstaculizó la investigación al iniciar un proceso contra la propia víctima por supuestas amenazas.
Este martes 9 de septiembre, el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago dictó sentencia en la causa.
El tribunal —integrado por los jueces Alfredo Lindenberg, Ruby Sáez y Camilo Hidd— condenó a tres funcionarios de Carabineros: dos de ellos recibieron penas de 540 días de presidio y otro 541 días, como coautores del delito de apremios ilegítimos.
Además, uno de los acusados fue sentenciado a 100 días adicionales por falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación.
El fallo estableció que todas las penas se sustituirán por remisión condicional, lo que significa que quedarán en libertad vigilada durante el mismo plazo de sus condenas.
El tribunal advirtió que, si incumplen las condiciones, deberán cumplir la pena efectiva o se les impondrá una sanción más severa.
El tribunal también resolvió absolver a uno de los acusados de los cargos de falsificación y obstrucción, aunque la magistrada Sáez votó en contra, sosteniendo que la prueba acreditaba apremios ilegítimos en su forma calificada y que correspondía imponer una condena más dura.
