El juicio a los golpistas y sus consecuencias para la democracia

El pasado martes 2 de septiembre comenzó en Brasil el juicio contra el “núcleo crucial” de la trama golpista, que incluye al ex presidente Jair Bolsonaro y otros siete miembros de su gobierno. La mayoría de los acusados son representantes del alto escalón de la jerarquía militar (cuatro del Ejercito y uno de la Marina) y dos civiles que ocuparon puestos de relevancia en la estructura de la administración anterior.

Por primera vez en la historia del gigante sudamericano, un ex mandatario se encuentra en el banco de los reos juzgado por cometer crímenes graves contra la Constitución como intento de Golpe de Estado y abolición violenta del Estado democrático de Derecho.

El ahora reo Bolsonaro es apuntado por la Procuraduría General de la República como el líder de una organización criminal armada, cuya finalidad era acometer un autogolpe luego de desconocer el resultado de las urnas para mantenerse en el poder a pesar de haber perdido las elecciones. Al lado de Bolsonaro, los otros siete incriminados esperan la absolución o condenación por parte de los miembros de la Primera Turma del Supremo Tribunal Federal.

En la primera semana de alegato, los abogados de los reos insisten en la inocencia de sus defendidos en el mejor estilo “no fui yo y no sé de nada”, a pesar de la contundencia de las pruebas presentadas por el Procurador General de la República, Paulo Gonet, quien en un trabajo exhaustivo y detallado, ha reunido un conjunto considerable de elementos concretos (documentos impresos, minuta del golpe, ordenes internas, transferencia de dineros, mensajes de celulares, etc.), que permiten incriminar a los sediciosos fuera de todo esfuerzo especulativo o conjeturas que se podrían realizar en contra de los encausados. La denuncia del Procurador se basa en un voluminoso y amplio material producido por los mismos inculpados a lo largo de todo el proceso conspiratorio.

Este juicio es especialmente significativo en un país marcado en su historia por prácticas autocráticas, impuestas desde los tiempos de la colonia. En efecto, Brasil ha sido desde sus orígenes y luego de la instauración de la República una sociedad de cuño esclavista, caracterizada por la prescindencia de las formas democráticas de convivencia y, consecuentemente, reconocible por la existencia de un tipo de dominación autoritaria que permanentemente ha obstaculizado la representación y participación de los sectores populares y de la clase trabajadora en las principales decisiones que competen al conjunto de la nación.

En ese sentido, la intentona golpista que tiene sus antecedentes casi desde el momento en que Bolsonaro asumió la presidencia en 2019, se vio reforzada con los campamentos montados frente a los cuarteles de Ejercito que culminaron con la invasión de la Plaza de los Tres Poderes, exigiendo a las Fuerzas Armadas una intervención violenta.

Lo anterior, diseñó un escenario que mostraba una democracia fragilizada pasible de ser violentada por medio de una escalada autocrática sin retorno. Por lo mismo, el juicio a quienes tramaron dicho Golpe de Estado es relevante en términos de sus efectos para la superación de la impunidad y la ampliación de la propia democracia.

Después de todo lo sucedido, continúa incomodando la constatación de como un militar que fue un agitador expulsado de las filas de ejercito por una secuencia de actos ilícitos y luego transformado en un político del bajo clero, irrelevante y caricaturesco, llegó a transformarse en el líder de la extrema derecha con un discurso primitivo y radical que fue captando respaldo popular en función de la crisis sistémica del país.

El mismo Bolsonaro siempre repetía que era una persona mediocre, sin un ideario relevante, aunque supo convertirse en el representante de la anti política y la antítesis de los proyectos de inclusión social y garantía de los derechos de las minorías implementados por los gobiernos de Lula y Dilma Rousseff.

Paradojalmente, las políticas sociales y de inclusión montadas por ese ciclo progresista de los gobiernos del Partido de los Trabajadores (2003-2016) generó su contraparte en un movimiento reaccionario, que fusionaba visiones ultraliberales en la economía con una perspectiva conservadora radical apoyada por diversas denominaciones del pentecostalismo en auge, sectores de la clase media conservadora, militares y policías en la activa o jubilados, criadores de ganado, ocupadores irregulares de tierras indígenas y empresarios extractivistas inescrupulosos que se refugiaron en una administración que les permitió realizar todo tipo de ilegalidades para aumentar sus lucros.

Para enfrentar este ciclo de retroceso, el juicio a los golpistas posee una importancia decisiva en los rumbos futuros que seguirá la democracia brasileña. Las condenaciones de los integrantes de los cinco núcleos que actuaron en la trama golpista -partiendo por el núcleo crucial- debe expresar un enfrentamiento vehemente hacia quienes conspiraron contra la República y dar un mensaje claro de que no habrá impunidad para aquellos que intentaron acabar con el Estado democrático de Derecho. Si este juicio termina siendo tolerante, tibio e ineficaz, abrirá un peligroso precedente para futuras acciones golpistas.

En un país que ha tenido a lo largo de su historia innumerables asonadas golpistas, dictaduras e intervenciones militares, la sanción ejemplar a esta última amenaza contra las instituciones democráticas, puede y debería adquirir una dimensión pedagógica para la ciudadanía en la medida en que la sociedad advertirá que quienes financiaron, organizaron y ejecutaron los actos facciosos que culminaron el 8 de enero de 2023, tendrán que responder legalmente por sus crímenes.

Con ello se refuerza la idea de que la democracia no es solo una cuestión formal, sino que para su permanencia y profundización se requiere de una responsabilidad compartida y de mecanismos efectivos de punición contra quienes realicen actividades antidemocráticas. Lo anterior debería aislar a los grupos radicales de la extrema derecha y permitir la recomposición de una centroderecha que esté dispuesta a respetar las reglas del juego democrático.

Finalmente, el juicio a los golpistas y las rigurosas penas que de allí se deriven puede representar una gran oportunidad para que la democracia brasileña -pese a sus limitaciones-demuestre su robustez y capacidad de resiliencia y, de esta manera, el país pueda cerrar las puertas a nuevas aventuras sediciosas, inviabilizando la salida golpista como una práctica política aceptable, tolerable o banal.