El arzobispo Fernando Chomali volvió a encender el debate sobre la eutanasia al intervenir en la Comisión de Salud del Senado. Con firmeza, llamó a rechazar el proyecto de ley que permitiría la muerte asistida, calificándolo como “una aberración médica” y “un acto de violencia”. En su lugar, propuso fortalecer los cuidados paliativos.
Desde su perspectiva, defender la vida es intransable. Pero aquí surge una contradicción difícil de ignorar: ¿de qué sirve repetir el lema de “defender la vida” si permanecemos sin actuar contundentemente cuando esa misma vida se ve precarizada, olvidada y despojada de dignidad?
En Chile, miles de personas mueren esperando atención médica, ancianos pobres agonizan en hospitales sin recursos, y familias enteras cargan con el dolor de ver a sus seres queridos sufrir sin acompañamiento adecuado. Ahí también está en juego la vida.
Según una investigación de Ciper, durante 2022 fallecieron 44.001 personas mientras aguardaban atención en el sistema público de salud -38.564 de ellas por consultas o cirugías no incluidas en el plan AUGE, y 5.437 esperando un tratamiento GES-.
Mientras el arzobispo llama “violencia” a la eutanasia, el sistema deja morir a decenas de miles cada año en listas de espera, con un Estado débil en detrimento de un sistema privado que define quién vive y quién no según el tamaño de su billetera. Esa también es violencia, aunque rara vez despierta la misma indignación en los púlpitos.
Los cuidados paliativos son esenciales, nadie lo duda. Pero de poco sirve convertirlos en bandera de lucha si siguen siendo un privilegio al que acceden algunos, mientras en el sistema público la realidad es abandono, listas de espera y soledad. ¿No es acaso también violencia dejar que los pobres enfrenten la agonía sin acompañamiento real?
Más aún cuando son las propias familias las que cargan con esa responsabilidad, obligadas a decidir entre priorizar la vida de su ser querido o mantenerse en sus empleos para costear los gastos médicos y básicos, en un contexto donde no hay redes de apoyo suficientes ni un sistema de salud ni de cuidados capaz de responder a tiempo.
Lo que vemos no es casual: es un sistema político que discute muerte digna mientras permite la muerte indigna de miles en los hospitales públicos, mientras una extremaderecha, que muchas veces se autodenomina cristiana, clama por hacer cada vez más pequeño ese Estado que atiende a quienes más lo requieren. ¿Qué tiene que decir la máxima autoridad eclesiástica frente a ello?
La fe cristiana y sus enseñanzas requieren coherencia. No se trata solo de decir “no a la eutanasia”, sino de decir también no al abandono y sí a la vida, pero no a cualquier vida: se trata de tener una vida digna.
