Encubrimiento: Las presiones del exgeneral Eduardo Gordon y su hermana para hacer desaparecer evidencia de drogas
El reciente escándalo que involucra al exgeneral director de Carabineros, Eduardo Gordon, y a su hermana Mafalda Gordon, no es un hecho aislado. Es la enésima confirmación de una cultura institucional donde el poder se transforma en privilegio y el privilegio en impunidad.
El intento de intervenir en un procedimiento por drogas para favorecer a un familiar no solo refleja una falta ética individual, sino un síntoma estructural: cuando quienes debieron encarnar la ley actúan para torcerla, la confianza pública se derrumba.
Hechos esenciales
El 16 de abril de 2024, en Melipilla, Carabineros detuvo a Roberto Fregosi Gordon, sobrino del exgeneral, tras incautar 1,3 kilos de marihuana en proceso de secado y dos matas de cannabis sativa de más de dos metros, con un peso total de 8,5 kilos.
En el juicio, el 30 de junio de 2025, el Tribunal Oral en lo Penal de Melipilla lo condenó a 4 años de presidio menor en su grado máximo, pena efectiva, por cultivo ilícito de cannabis.
Hasta ahí, un caso común de tráfico y cultivo. Pero lo que lo convierte en un escándalo nacional es la intervención de la familia Gordon: Mafalda Gordon, madre del imputado, habría llegado a la comisaría exigiendo que se “desapareciera” la droga incautada, intentando que el caso quedara reducido a una falta menor.
Ante la negativa del suboficial a cargo, llamó a su hermano, el exgeneral Gordon, quien presionó al funcionario para que accediera.
Este hecho habría ocurrido estando Gordon condenado por delitos relacionados con corrupción. Es decir, alguien que ostentó el máximo poder policial y que fue sancionado judicialmente, sigue operando redes de influencia para manipular la ley.
Corrupción e impunidad: la verdadera herencia
No se trata solo de un exgeneral que comete errores. Estamos frente a un símbolo de la impunidad, donde el poder acumulado se usa como salvoconducto para delinquir incluso fuera del cargo. Como advertía Cesare Beccaria, en De los delitos y de las penas, donde las leyes permiten privilegios, la corrupción encuentra terreno fértil para crecer.
El problema es que esos límites en Chile son elásticos cuando se trata de las élites uniformadas. El traslado del suboficial Luis Norambuena Silva, quien denunció las presiones y se negó a manipular evidencia, a la 62ª Comisaría de San Bernardo, es la mejor prueba de que el sistema castiga la honestidad y premia la lealtad corporativa.
Este tipo de episodios confirma lo que advertía Luigi Ferrajoli en Derecho y razón:
“Cuando las garantías se quiebran por relaciones de poder, el derecho deja de ser límite y se convierte en instrumento de dominación".
No es casual que la corrupción se reproduzca cuando la estructura jerárquica permanece intocable. Como recordaba John Rawls, la justicia solo es posible si las instituciones son imparciales; cuando fallan, el tejido de la sociedad se rompe y lo que queda es un orden basado en el miedo y la conveniencia. Y esto es exactamente lo que refleja el caso Gordon: un orden donde la influencia pesa más que la ley.
Del mismo modo, Albert Camus advertía que la verdadera desesperación de una sociedad no está en la violencia de los criminales, sino en la corrupción de quienes deben defenderla. Nada describe mejor la sensación de desprotección que genera este episodio.
Este caso importa ya que demuestra que se requiere una reforma policial. Si un exgeneral, condenado previamente por corrupción, continúa influyendo en procedimientos policiales para favorecer a su sobrino, es evidente que la estructura jerárquica de Carabineros no erradicó las redes de protección interna.
La pregunta que emerge es brutal: ¿cuántos casos como este no salen a la luz porque no hay un suboficial dispuesto a hablar? El castigo a Norambuena -enviado como “represalia” a otra unidad- envía un mensaje aterrador: en Carabineros, denunciar la corrupción se paga caro.
El caso Gordon no es solo la historia de un sobrino con marihuana. Es el retrato de una élite policial que nunca entendió que el uniforme no otorga inmunidad perpetua. Cuando la ley es blanda con quienes debieron garantizarla, se destruye el pacto social que sostiene la democracia. Como señaló Norberto Bobbio en El futuro de la democracia:
“La democracia muere no solo cuando se concentra el poder, sino cuando quienes deben controlarlo deciden encubrirse entre sí".
Conclusión
Que un exgeneral condenado por corrupción siga ejerciendo poder fáctico revela que la reforma policial fue cosmética y que la cultura de privilegios permanece intacta. La sanción contra el suboficial Norambuena Silva, un funcionario que actuó con probidad, confirma la lógica perversa: el sistema protege al corrupto y castiga al honesto.
Mientras no existan mecanismos reales de control civil, sanciones ejemplares para los altos mandos y protección efectiva para denunciantes, Carabineros seguirá siendo una corporación autorreferente e impermeable al escrutinio ciudadano. La verdadera pregunta no es si hay corrupción en Carabineros, sino cuánto tiempo más la sociedad tolerará una institución que parece más leal a sus redes internas que a la ley y la democracia.
