El 'elefante blanco' de la gestión municipal: Residuos eléctricos y electrónicos
Hace poco más de una década comencé mi carrera ambiental en un municipio del sur de Chile. En ese momento, todo era muy nuevo: reconocer las facultades y áreas en las que los municipios tienen competencias fue un verdadero desafío como encargada del área ambiental.
Este cargo, en ese entonces, solía asociarse principalmente a “gestionar la basura” y, en el mejor de los casos, al reciclaje. A medida que el país avanzó en políticas públicas ambientales, surgieron nuevas responsabilidades. Esto resultó positivo, ya que brindó un respaldo institucional para abordar diversas temáticas.
Sin embargo, la falta de recursos era evidente. Fue en ese contexto donde desarrolló la habilidad de formular y gestionar proyectos, ya que prácticamente cualquier iniciativa carecía de financiamiento propio. Con el paso del tiempo, desde la gestión ambiental municipal comenzó a tomar conciencia de que lo que entendemos como residuo domiciliario tiene múltiples matices, y que la realidad era mucho más compleja de lo que parecía al principio.
La Confusión de los Residuos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)
¿Qué dice la ley chilena sobre los residuos eléctricos y electrónicos? La verdad es que se encuentran en una zona gris. Según el Decreto 189 del Minsal, pueden clasificarse como domiciliarios, ya que se generan en viviendas, edificios habitacionales, locales comerciales, entre otros. Sin embargo, si nos basamos en el Decreto 148 son considerados residuos peligrosos por los riesgos que representan para la salud pública y el medio ambiente.
El propio Ministerio del Medio Ambiente reconoce que los RAEE contienen componentes dañinos como plomo, mercurio o plásticos con aditivos tóxicos. A pesar de esto, su manejo es confuso y recae injustamente en los municipios. Además, son considerados prioritarios por la Ley REP (20.920), dado que son productos de consumo masivo con metas establecidas a través de un reglamento.
El Problema Real: Contaminación y Falta de Soluciones
El verdadero problema radica en que estos residuos no siempre reciben un manejo adecuado. Terminan en vertederos o destinos desconocidos, contaminando el suelo, el agua y el aire, lo que afecta directamente la salud de las personas y la biodiversidad. Estamos hablando de sustancias que, en muchos países, están estrictamente controladas, pero que en Chile acaban en vertederos sin ningún tipo de tratamiento.
Los RAEE, al ser peligrosos, requieren un tratamiento especializado. Esto implica permisos que los municipios no siempre tienen y que son difíciles de tramitar: bodegas especiales, permisos de transporte de residuos peligrosos, planes de emergencia, y una serie de gestiones que es ingenuo pensar que se cumplan en todos los casos.
De igual manera, es una ilusión creer que la Ley REP solucionará el problema por sí sola. La Ley REP promete soluciones, pero desde una perspectiva reactiva y con metas poco ambiciosas que apenas rozan la superficie del problema. Y siendo muy optimistas, son metas que probablemente se cumplan solo en la Región Metropolitana.
¿El resultado? Sitios de disposición ilegal de RAEE, contaminación, municipios sobrepasados que no pueden hacerse cargo de estos residuos, y uso de recursos a modo de "saludo a la bandera" para intentar manejarlos. Algo no menos relevante, algunos gestores autorizados ya no aceptan ciertos RAEE dada su complejidad (como los refrigeradores).
El Derecho a la Reparación: Una Urgencia Indiscutible
¿Hasta cuándo vamos a aceptar que los municipios enfrenten solos esta crisis invisible? Impulsar un proyecto de ley en Chile que considere la reparación como un derecho es una solución a un problema poco visibilizado, pero indiscutiblemente real para las municipalidades chilenas. El derecho a la reparación no es solo una solución técnica; es una urgencia ambiental, económica y social.
Permite impulsar la economía local, fomentar la adquisición de conocimiento especializado, extender la vida útil de productos que son de alto costo para la ciudadanía y que hoy se transforman en un problema con una falsa solución: la disposición final autorizada o la recuperación de un porcentaje por parte de quienes ponen estos productos en el mercado.
La invitación es clara para el Congreso: debe asumir este desafío antes de que el problema se transforme en una crisis aún mayor.
