La Corte Suprema confirmó el fallo de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas que acogió el recurso de protección interpuesto por la Comunidad Indígena Grupos Familiares Nómades del Mar, del pueblo Kawésqar, en contra del Gobierno Regional de Magallanes, tras el rechazo de la concesión gratuita de un terreno fiscal de 1,26 hectáreas en el sector San Juan de Punta Arenas, solicitado para construir una casa ceremonial.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, la comunidad denunció que la resolución carecía de fundamentos válidos y evidenciaba un trato discriminatorio, pues se limitaba a transcribir normas de competencia sin explicar las razones de la negativa.
Además, alegó que en la votación del Consejo Regional algunos consejeros manifestaron prejuicios y argumentos sin sustento.
El Gobierno Regional defendió la legalidad de su decisión, señalando que las concesiones gratuitas son actos discrecionales y no generan derechos adquiridos, por lo que el rechazo no constituía arbitrariedad.
Sin embargo, la Corte de Punta Arenas sostuvo que la resolución estaba viciada al carecer de motivación suficiente: “El acto dictado carece de todo fundamento fáctico”, indicaron los jueces, precisando que la potestad discrecional no puede confundirse con arbitrariedad.
Además, recordaron que existen tratados internacionales, como el Convenio 169 de la OIT, que obligan al Estado a otorgar protección especial a las comunidades indígenas y a reconocer la importancia espiritual de su relación con el territorio.
El tribunal de alzada ordenó dejar sin efecto la resolución impugnada y dispuso que el Gobierno Regional emita un nuevo acto administrativo debidamente fundado.
El 1 de septiembre de 2025, la Corte Suprema ratificó íntegramente esta decisión.
