Estadio Nacional: Orgullo colectivo, deuda local
Pese a la reciente transformación del Estadio Nacional en parque urbano y sus nuevos equipamientos para los Juegos Panamericanos, es lamentable ver cómo la inversión pública contrasta con la experiencia de los barrios que lo rodean, que siguen sin acceso efectivo a áreas verdes y espacios públicos de calidad.
Por otro lado, y como señaló recientemente el alcalde Sebastián Sichel ante la Comisión de Deportes del Congreso, las externalidades negativas que genera el principal recinto del país se han vuelto insostenibles para la comuna.
Los datos lo respaldan. El Instituto Nacional de Deportes recaudó más de 3.600 millones de pesos en 2024 y proyecta 4.000 millones en 2025 solo por conciertos. En cambio, Ñuñoa, que asume los costos de limpieza, fiscalización y seguridad, sólo percibe 323 millones mediante cobros municipales, ratificados por la Corte de Apelaciones. La asimetría es evidente: los beneficios se concentran en la caja fiscal y los costos recaen en una sola comuna.
Hablemos de las externalidades. Cada evento masivo genera comercio informal en los alrededores del recinto, cortes de calles para residentes y congestión vehicular, presión sobre los servicios públicos, basura y acumulación de residuos y un impacto ambiental significativo.
Estudios recientes muestran que un asistente a un festival en Chile emite en promedio 112 kg de CO₂. Esto, extrapolado a la escala del Estadio Nacional, supera con creces cualquier política local de mitigación.
A esta brecha se suma un problema institucional: el Estadio Nacional aún no cuenta con recepción definitiva de obras, pese a las más de 77 mil m² construidos para los Juegos Panamericanos. Las medidas de mitigación comprometidas no se han ejecutado y no existe un modelo de gobernanza urbana que distribuya de manera justa los beneficios y costos del recinto. El parque mantiene cerrados sus bordes y el equipamiento sólo lo usan unos pocos.
Frente a ello, la propuesta municipal abre una línea de trabajo concreta: un mecanismo solidario que redistribuya ingresos, como ocurre en otras comunas con estadios profesionales. Autorizar a Ñuñoa para gestionar y comercializar espacios publicitarios en el Parque Estadio Nacional, con beneficios compartidos, es un paso hacia la equidad territorial.
Pero el desafío va más allá: se trata de diseñar una gobernanza interinstitucional moderna, que integre financiamiento, mitigación ambiental y planificación urbana, de modo que el Estadio Nacional funcione como un activo público sostenible, especialmente para sus vecinos.
Lo que hoy ocurre en Ñuñoa es inaceptable. el Estado invierte miles de millones en un parque urbano y rehabilita el principal recinto deportivo del país, pero los vecinos que viven a pasos del estadio no reciben más que rejas, congestión y basura. La comunidad queda excluida del supuesto “legado” y condenada a soportar las externalidades de un negocio que beneficia a otros.
Mientras no existan reglas claras que garanticen acceso equitativo y compensaciones reales, el legado Panamericano será solo propaganda: un proyecto que se exhibe en televisión, pero que fracasa en las calles de los barrios que lo rodean. Chile necesita un Estadio Nacional abierto a su gente, no un ícono capturado por intereses centralistas, privados y mal gestionados.
