Se necesita protocolo para personal capacitado y uso específico: Oficialismo cuestiona aprobación de uso de pistolas taser

La semana pasada el gobierno de Gabriel Boric, en particular el recientemente creado Miniserio de Seguridad Pública, dio luz verde a la adquisición y uso de un nuevo armamento no letal después de comenzar un programa piloto en marzo para casos de violencia intrafamiliar circunscritos a la Región Metropolitana.

Se trata de los Dispositivos Electrónicos de Inmovilización Temporal (DEIT), más conocidos como pistolas taser, que lanzan pequeños dardos con electricidad para paralizar el sistema muscular de personas que representen un riesgo intermedio para la seguridad de la sociedad.

La aprobación de armas inmovilizadoras generó un álgido debate especialmente en el mundo político, puesto que para algunos personeros del progresismo esta herramienta podría representar un peligro para ciudadanos con enfermedades preexistentes o menores de edad.

Preocupación de Amnistía Internacional

En concreto, la discusión comenzó al alero de la situación policial que preocupa a las autoridades, y a propósito de la tramitación de la nueva ley de seguridad municipal, que entrega mayores facultades a funcionarios para que actúen ante delitos y garantías para salvaguardar su salud.

Es así que una de las propuestas fue implementar el electrochoque fue cuestionada incluso desde Amnistía Internacional, quienes plantearon que "seguimos viendo con mucha preocupación la falta de información y de certezas que hay respecto de la implementación o no de un proyecto piloto para evaluar una futura distribución de taser en Chile".

"En marzo de este año mandamos una carta al Presidente de la República manifestando nuestra preocupación por el estado de la unidad consultiva para la reforma de Carabineros, por la falta de avances en la reforma, pero también respecto de un conjunto de inquietudes y recomendaciones respecto del uso de las taser", dijo al respecto la coordinadora de investigación de la entidad global, Viviana Cáceres.

Uso en el espacio público

En tanto, desde el oficialismo la argumentación va en la línea de emplear solo en circunstancias específicas y con uniformados capacitados la respuesta con los DEIT, como por ejemplo sin apuntar a genitales u órganos vitales y en casos en donde haya público alrededor y el uso de armas de fuego no sea recomendable por eventuales daños colaterales.

El diputado miembro de la comisión de Seguridad de la Cámara Baja, Jaime Araya (PPD), opinó en El Desconcierto que "las pistolas taser deben usarse en todos los procedimientos de fiscalización y en los patrullajes que se hacen en las calles, sean a pie, en bicicleta, motos o vehículos".

"Son un arma intermedia entre el bastón y el arma de fuego, que seguramente es la mayoría de los procedimientos que exponen a las policías. El uso que autoriza la Subsecretaría de Seguridad es la solución adecuada porque le entrega a Carabineros la decisión técnica, basado en las experiencias operativas de la propia institución", agregó.

Se requiere protocolo

Su par de la misma comisión, Lorena Fries (FA), manifestó una posición más crítica ya que "el uso de las armas taser está restringido en términos de la salud de las personas. Se ha visto que en niños, niñas y adolescentes y en personas mayores que puedan tener alguna enfermedad de base, ya sea respiratoria o cardíaca, puede generar la muerte".

"Y por otro lado, el impacto eléctrico depende del tipo de persona, de lo grande del peso y puede afectarla más o menos. Las restricciones están dadas porque se requiere a personas muy capacitadas para el uso. Estamos hablando de pequeños harpones que se incrustan en la piel, que hay que saber hacia dónde dispararlos para detener a una persona", señaló.

En esa línea, Fríes comentó que "se requieren, por lo tanto, protocolos que den cuenta de cuándo se usan y en qué situaciones, porque no es un arma que es potencialmente letal, pero es un arma que tiene que usarse en determinados contextos y no es un equivalente, por ejemplo, a un bastón de madera".

"Todas esas limitaciones, todos esos requerimientos tienen que estar muy bien establecidos para que de usarse se usen bien y no afecten a personas que no tienen nada que ver con la función policial", aseguró la parlamentaria frenteamplista.