Organizaciones de DD.HH. y 8 senadores rechazan proyecto que exculpa a FF.AA. y Carabineros delitos durante 18-O
Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos en Chile junto a un grupo de senadores y senadoras expresaron su enérgico rechazo al proyecto de ley que busca otorgar amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública por hechos ocurridos entre el 18 de octubre de 2019 y el 1 de enero de 2021, en el marco del estallido social.
La moción, actualmente en tramitación en el Senado bajo el Boletín N° 17784-07, pretende cerrar sin revisión individual las causas asociadas a violaciones de derechos humanos, lo que ha sido calificado como un grave retroceso democrático.
Este proyecto fue presentado por los senadores Juan Castro Prieto (PSC), Alejandro Kusanovic (IND), Carlos Kuschel (RN), Prohens (RN) y Pugh (IND).
“Hoy, desde todo Chile, alzamos la voz contra la impunidad que pretende instalar un grupo de senadoras y senadores”, señalaron en una declaración pública.
En ella advierten que esta iniciativa no solo vulnera el principio de justicia, sino que también contraviene los estándares internacionales en materia de derechos humanos, que exigen investigar, juzgar y sancionar este tipo de delitos.
Y es que, según cifras del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), aún existen más de 3.000 querellas en curso y más de 400 personas con lesiones oculares, mientras que las condenas efectivas siguen siendo mínimas.
Esto da cuenta —afirman las organizaciones— de una impunidad estructural que la propuesta legislativa solo profundizaría.
Las agrupaciones también recordaron que organismos nacionales e internacionales documentaron múltiples violaciones cometidas por agentes del Estado durante ese periodo, incluyendo torturas, violencia sexual, tratos crueles y mutilaciones oculares, por lo que no puede hablarse de “excesos aislados”.
Denuncian una respuesta institucional deficiente, marcada por demoras, falta de identificación de responsables y un uso excesivo de archivos provisionales.
¿Qué proponen las organizaciones de DD.HH.?
Frente a esto, proponen la elaboración de un Informe Nacional de Verdad y Violencia Institucional (2019–2021), independiente y con participación de víctimas, especialistas y organizaciones civiles.
Este documento debería establecer responsabilidades administrativas, disciplinarias y políticas, además de recomendaciones concretas para reformas estructurales que aseguren garantías de no repetición.
Finalmente, hicieron un llamado urgente a que el Senado archive esta iniciativa, que consideran un intento de negar justicia, y solicitaron al Gobierno que patrocine dicho informe, junto a una política nacional de reparación integral.
“La democracia no puede construirse sobre el olvido ni sobre la impunidad. Sin verdad no hay justicia; sin justicia no hay reparación; y sin memoria, no hay garantías de no repetición”, concluye el texto.
¿Quiénes firmaron la declaración?
En concreto, la declaración fue firmada por 8 senadores y senadoras: Claudia Pascual (PC); Esteban Velásquez (FRVS); Daniel Núñez (PC); Alfonso De Urresti (PS); Fabiola Campillai (IND); Alejandra Sepúlveda (IND); Juan Ignacio Latorre (FA); y Yasna Provoste (DC).
A su vez, se incluye la firma de 54 organizaciones de Derechos Humanos y Memoria de Chile, como la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular.
También incluye el respaldo de la Red Nacional de Sobrevivientes del Estallido Social, 6 organizaciones sociales y 8 personas naturales, la mayoría abogados de DD.HH..
