¿Son las últimas reformas de educación pública en Chile un verdadero acto de justicia?
Con la mirada puesta en la presidencia de 2026, surge una pregunta inevitable: ¿estarán las y los futuros candidatos preparados para asumir, con seriedad y no solo con discursos, el desafío de reducir las desigualdades que afectan al país?
La educación pública, en particular, exige un debate profundo y políticas que vayan más allá de promesas de campaña. En este contexto, vale la pena revisar lo que el filósofo John Rawls propuso hace décadas: el principio de diferencia como guía para construir una sociedad más justa.
John Rawls, en Teoría de la Justicia, plantea el principio de diferencia como clave para evaluar la equidad: las desigualdades solo son aceptables si benefician a los más desfavorecidos. No busca eliminar todas las desigualdades, sino permitir las que mejoren sus condiciones. Por ello, las instituciones deben garantizar igualdad de oportunidades y acceso a recursos para el desarrollo integral, evitando reproducir brechas. Surge entonces la pregunta: ¿se aplica este criterio en las políticas de educación pública en Chile?
Nuestro país habla con frecuencia de equidad educativa, y los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) representan una de las reformas más ambiciosas en esta materia. Su objetivo es mejorar la calidad, la coordinación, la inclusión y la equidad en los colegios públicos, promoviendo la reciprocidad entre los actores educativos y el reconocimiento mutuo en dignidad, junto con generar trayectorias significativas para los estudiantes.
No obstante, la implementación enfrenta serios obstáculos: la fragmentación institucional, la burocracia y la falta de recursos han limitado su impacto real en los alumnos más vulnerables. Aunque los SLEP cuentan con presupuesto público directo, como establece la evaluación de la implementación de los SLEP, están sujetos a normas y procedimientos de la gestión estatal que dificultan cumplir plenamente con sus propósitos.
Un caso emblemático es el programa piloto Nodolab impulsado recientemente por el Ministerio de Ciencias junto a la Fundación AngloAmerican. Se instalarán modernos laboratorios en 9 liceos técnico-profesionales para fomentar la innovación y el aprendizaje con tecnología de punta.
Suena revolucionario, y en parte lo es, pero es también una muestra de nuestros problemas estructurales: muchas de esas escuelas no tienen electricidad confiable, buena conectividad ni infraestructura básica. ¿De qué sirve un laboratorio de última generación si el techo se llueve y no hay seguridad para resguardar los equipos?
El problema no es la falta de ideas o voluntad, sino la ausencia de una política pública integral que aborde prioridades básicas de la educación con recursos estables. Los SLEP podrían responder a estas necesidades, pero las trabas burocráticas los limitan. Superar estas barreras es un desafío gradual; las alianzas privadas ayudan, pero no sustituyen el compromiso del Estado.
Hoy los avances son proyectos aislados, mientras los colegios privados amplían su ventaja los públicos siguen segregados, con la infraestructura como problema prioritario aún sin resolver. No obstante, si el desafío es caminar y mascar chicle, hacerse cargo depende de la gestión estatal que hay detrás de las políticas públicas, más allá de los SLEP.
Con esto quiero decir que, si los recursos están abiertamente destinados a mejorar necesidades de primer orden, es posible atender, de forma paralela, lo inmediato. Pero si la gestión se centra solo en proyectos inmediatos, los cambios no tendrán efectividad y las mejoras serán una pérdida de recursos.
¿Es esto justicia bajo la mirada de Rawls? Difícilmente. Las reformas, aunque bien intencionadas, no logran mejorar sustancialmente las condiciones de quienes más lo necesitan. Se actúa sobre la inmediatez, no sobre los problemas de fondo. Mientras la gestión siga atrapada en la burocracia y el financiamiento no se traduzca en condiciones dignas y modernas para todos los estudiantes, la equidad seguirá siendo un eslogan más que una realidad.
La educación pública requiere más que recursos: necesita definir prioridades, atendiendo primero las carencias básicas y luego la innovación. Solo así las políticas cumplirán con el principio de diferencia de Rawls y con las necesidades de niños, niñas y jóvenes. La próxima presidencia debe asumir este desafío y hacerse cargo en los próximos cuatro años.
