Nombrar la dictadura para defender la democracia
Este año se cumplen 52 años desde el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 que dió paso a 17 años de dictadura. Y aunque resulte increíble, aún necesitamos repetir lo más esencial: la democracia se defiende siempre y con ello es necesario nombrar cuando es vulnerada, por lo que a la dictadura hay que llamarla como tal, como lo que fue, sin espacio a tergiversaciones que diluyen la historia.
Porque relativizar una dictadura o, peor aún, alimentar discursos que la justifican –como lo han hecho recientemente figuras como Juan Sutil, Evelyn Matthei o Guillermo Ramírez quien además reconoció que dicho encuadre es un mandato del comando de Matthei– no es solo un error político: es una brutal insensibilidad que desconoce que no estamos hablando de estadísticas, sino de personas, de vidas arrebatadas, de una herida de país que aún perdura.
Los datos hablan por sí solos. Según la Subsecretaría de Derechos Humanos, 1.649 chilenas y chilenos fueron víctimas de desaparición forzada. El Museo de la Memoria documenta que 2.123 personas fueron asesinadas. Esto equivale, durante los 17 años de dictadura, a un promedio de 195 personas al año, o 16 cada mes: una vida arrancada cada dos días ¿Siguen quedando dudas al respecto?.
Y si ya duele mirar estos números en abstracto, pensemos también en la infancia: 150 menores de edad fueron ejecutados, 40 desaparecidos y 856 torturados, según la Defensoría de la Niñez. Son niños y niñas a los que la violencia estatal les arrebató el derecho fundamental a vivir en condiciones de seguridad y dignidad.
Hoy, en pleno siglo XXI, lo mínimo que podemos exigirnos como país es no legitimar ni relativizar jamás la violencia del Estado contra sus propios compatriotas. Ese no puede -ni debe- ser parte del debate político.
Y este reclamo cobra especial urgencia cuando miramos al pasado más reciente: el estallido social de 2019 dejó cruentas violaciones a los derechos humanos que aún nos duelen; y que hoy, al calor de la campaña presidencial proliferan discursos negacionistas que amenazan con reescribir lo que no debe olvidarse.
La democracia no es negociable. Los derechos humanos no son una opción y la dictadura cívico-militar fue eso, dictadura. Como sociedad, y especialmente quienes militamos en un partido político que tiene como eje la defensa de la democracia, de los derechos humanos y el progreso de Chile, tenemos la responsabilidad de afirmar con convicción que nunca más un Estado puede ejercer la violencia contra su gente.
Democracia siempre, derechos humanos siempre. Ese es nuestro norte inquebrantable.
