Subsecretaria de DDHH sobre osamentas en edificios públicos: "No aparecen espontáneamente, estaban vinculadas a generar opinión pública"

A casi dos años de la implementación del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, una de las políticas emblemáticas del gobierno del Presidente Gabriel Boric en materia de derechos humanos, la subsecretaria Daniela Quintanilla hace un balance de los avances logrados y los desafíos pendientes.

La abogada de 39 años, quien asumió el cargo en agosto de 2024 tras la salida de Xavier Altamirano, ha debido enfrentar las críticas de agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y de la oposición, que han cuestionado tanto la efectividad del plan como la transparencia en el manejo de osamentas por parte del Servicio Médico Legal.

En entrevista con El Desconcierto, Quintanilla defiende los resultados obtenidos hasta ahora y revela detalles sobre cómo la dictadura organizó un plan sistemático para hacer desaparecer los cuerpos tras el hallazgo de la fosa de Lonquén. También aborda la polémica por los hallazgos de osamentas coloniales en dependencias públicas durante 2023, que califica como acciones "artificiosas" destinadas a impactar la opinión pública.

Además, expone la posición del Ejecutivo respecto al proyecto de ley que busca liberar a reos por edad, especialmente en casos de crímenes de lesa humanidad, y anticipa las actividades de conmemoración para el 11 de septiembre, en lo que será el último año de este gobierno.

"Hemos tenido avances destacables: tenemos por primera vez una nómina oficial de víctimas calificadas y un mapa georreferenciado de trayectoria para cada una de las 1.469 víctimas", asegura.

Dos años del Plan Nacional de Búsqueda

—¿En qué va toda la situación del Plan Nacional de Búsqueda?

Primero partir señalando que esta es una política pública que es de la mayor prioridad para el presidente Gabriel Boric y para nuestro ministerio. Ya llevamos, vamos a completar pronto los dos años de implementación de este plan.

Como cosas a destacar, uno, la institucionalización de esta política pública ya está totalmente instalada en todas sus distintas instancias de gobernanza, con el comité de seguimiento y participación funcionando periódicamente, con la mesa interoperativa que coordina todas las diligencias en terreno, con la mesa técnica de archivos. Ya están todas estas estructuras muy institucionalizadas y en un trabajo coordinado con los ministros y ministras en visita.

Esto para nosotros es de la más vital importancia porque hemos tenido algunos hitos de avance que son destacables. La nómina única: por primera vez tenemos una nómina oficial de víctimas calificadas, sistematizada y organizada, está alojada en la página plan-nacional-de-búsqueda.cl y además ya tenemos por cada una de las 1.469 víctimas que componen esta nómina un mapa georreferenciado de trayectoria.

—¿Me puede aclarar sobre nuevos hallazgos, por ejemplo, cuántas personas han encontrado y en qué regiones? ¿Tiene ese mapeo?

Parte de los objetivos del plan es el esclarecimiento de las circunstancias de desaparición y muerte, pero también el análisis del fenómeno de la desaparición forzada, el análisis de los patrones macrocriminales de la dictadura y de los aparatos represores que hacen que hoy día, 52 años después, sea tan difícil encontrar.

Y eso responde a una razón bien explícita: cuando en la dictadura se revela la fosa de inhumación que se encontró en los hornos de Lonquén, la dictadura reacciona rápidamente y ordena a los distintos aparatos represivos y de inteligencia a lo largo de todo el país a identificar todas las fosas de inhumación que habían sido el lugar donde se ocultaron los cuerpos de los ejecutados políticos durante los primeros años de la dictadura y hacia finales de la década se realizaron exhumaciones ilegales de esos cuerpos, es decir, se removieron todos los restos para hacerlos desaparecer.

Nosotros en el año 2023, cuando iniciamos el plan, tuvimos seis diligencias del plan de búsqueda en terreno. Durante el año 2024 tuvimos 44 diligencias. En lo que va del 2025, hacia fines de agosto, ya llevamos más de 70 diligencias en terreno.

Nosotros tenemos, dentro de la Subsecretaría de Derechos Humanos, alrededor de 410 causas abiertas judiciales que buscan la responsabilidad penal por la desaparición forzada de la ejecución política. Y en paralelo tenemos además 57 causas judiciales y administrativas que son de búsqueda propiamente tal.

Protocolo de hallazgos de osamentas

—¿Cómo se aborda el hallazgo de osamentas, por ejemplo, en instituciones del Estado? Recuerdo que hace poco hubo hallazgos incluso en el Ministerio de Justicia.

En el marco de los 50 años hubo, cerca de septiembre, dos hallazgos de osamentas, uno en una casa privada en la comuna de Ñuñoa que quedaba cerca de uno de los centros clandestinos de tortura y de desaparición, que fue José Domingo Cañas, y otro efectivamente aquí en las dependencias del programa de derechos humanos de nuestra subsecretaría.

Ambos hallazgos fueron parte de la activación del protocolo de hallazgos. Nosotros tenemos una mesa de coordinación donde están todas las instituciones vinculadas al sector justicia y el servicio médico legal, y cada vez que se identifica cualquier osamenta o vestigio que pudiese ser una osamenta, se activa esta mesa de coordinación para que tanto el Ministerio Público como los ministros y ministras en visita que investigan estas causas puedan liderar la toma de decisiones.

Lo primero que se hace es hacer una identificación del marco temporal a través de la toma de muestras por carbono 14. En el caso de las dos osamentas que se encontraron en el marco de los 50 años, ambas eran del periodo colonial, lo que es muy preocupante porque da cuenta justamente de una suerte de articulación de acciones que pretenden impactar en la opinión pública.

—¿Usted cree que las pusieron ahí?

No aparecen espontáneamente y estaban ambas bastante vinculadas a tratar de generar un relato o una opinión pública en este marco, y ambas resultaron ser osamentas que no tenían ninguna vinculación con el periodo.

Controversia sobre el Servicio Médico Legal

—La oposición ha acusado que el gobierno no tiene interés en que se clarifiquen de quiénes son las osamentas en el Servicio Médico Legal. ¿Cómo responde el gobierno a esa acusación?

La directora del servicio médico legal ha ido a dar cuenta muy detallada del trabajo de este servicio en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y Diputadas. La directora ha dado cuenta de un trabajo muy exhaustivo de identificación de todas las osamentas que hacían parte del caso de las 89 cajas.

El servicio médico legal, cuando las recibe, hace un inventario muy detallado de todas y cada una de las evidencias que se encontraban en esas cajas. Todas las osamentas o restos humanos que se encontraron en esas 89 cajas han sido objeto de un riguroso análisis por parte del servicio médico legal, por instrucción de los ministros y ministras en visita.

La verdad es que es una acusación bien artificiosa, que no se condice con la realidad, que no se condice con la naturaleza del servicio, ni tampoco con la situación de las osamentas que se encuentran actualmente bajo custodia del servicio médico legal.

Como parte de las medidas del Plan de Búsqueda ha sido fortalecer el servicio médico legal, que hoy día cuenta con una unidad de derechos humanos y un equipo de trabajo que tiene una dedicación exclusiva para estas causas.

Proyecto de liberación de reos por edad

—¿Cómo ven el avance en el Senado del proyecto para sacar a reos que estén enfermos o que hayan cumplido un tope de edad? ¿Temen que avance y se logre promulgar?

Nosotros hemos participado bien activamente en la discusión de este proyecto de ley y hemos sido muy empáticos y claros en señalar que nosotros, por cierto, apoyamos los avances en la adecuación de nuestra normativa interna y de nuestras prácticas institucionales a los estándares internacionales de derechos humanos.

La situación carcelaria que enfrenta hoy día nuestro país es una situación que preocupa y nosotros compartimos esas preocupaciones. Para eso, evidentemente, hay que hacerse cargo de la situación que enfrentan personas que están privadas de libertad en recintos penitenciarios y que son de grupos de especial protección.

Sin perjuicio de eso, también es muy importante aclarar que esos avances tienen que ser coherentes con todo el conjunto de estándares internacionales y con la diversidad de casos por los cuales las personas son sometidas o condenadas a contextos de privación de libertad.

No es lo mismo un hurto que un microtráfico, que un delito sexual, que un crimen de lesa humanidad. Los estándares internacionales en casos de crímenes de lesa humanidad establecen con mucha claridad cuáles son los factores que deben considerarse para la determinación de las penas y la forma de cumplir las penas.

La edad no es el único de los factores que debe considerarse. Determinar por el solo hecho de la edad la excarcelación de personas es una situación que nosotros decimos con toda claridad no se ajusta a los estándares internacionales.

Preparativos para el 11 de septiembre

—¿Qué están preparando para una nueva conmemoración del golpe de Estado?

Ya estamos avanzando en el diseño de las distintas actividades de conmemoración. Nosotros tuvimos hace poco desde esta subsecretaría también algunas actividades de conmemoración vinculadas con los 50 años de la Operación Colombo, donde tuvimos seminarios para analizar un poco el rol de los medios de comunicación también.

Tenemos este año también la conmemoración de los 50 años de la Operación Cóndor, que también para nosotros es muy relevante. Y por cierto, ahora el 30 de agosto y el 11 de septiembre son fechas emblemáticas en que como gobierno todos los años hemos tenido actividades de conmemoración.

No les puedo adelantar detalles por el momento, porque estamos todavía planificando y también con mucha coordinación con los familiares, pero por cierto que este es nuestro último año de conmemoración y tendremos a la vista sobre todo los compromisos que hemos adquirido como gobierno en estas materias y dar cuenta de los avances que hemos tenido también en cómo hemos ido cumpliendo esas promesas con las que asumimos como gobierno.