El multimillonario escándalo inmobiliario del Ejército de Chile: Cuando la patria se vende al mejor postor
El pasado 13 de agosto, el diputado Matías Ramírez publicó en sus redes sociales que el Ejército vendió a privados el terreno fiscal donde se ubica parte de la toma Alto Molle, en Alto Hospicio, siendo el campamento más grande de Chile (más de 12 mil personas viven ahí). La Corte Suprema ordenó el desalojo.
Entre febrero de 2012 y marzo de 2015, el Ejército concretó la venta de nueve terrenos de este campamento por un monto total de $9.357.873.080. Entre los compradores figuran tanto privados como entidades públicas: la Sociedad Educacional Inmobiliaria Comercial e Inversiones Belén, el Servicio de Salud Iquique, el Serviu Tarapacá, la Sociedad de Inversiones Nirvana, la Distribuidora Andro Lafuente, Enrique Anguita Calderón y la Constructora Gif. Solo la primera de estas empresas adquirió dos de los predios por la suma de $5.110.707.581.
La operación abrió un debate político y jurídico de gran calado: ¿puede el Ejército, institución financiada con recursos públicos, actuar como un actor inmobiliario que enajena terrenos fiscales en beneficio de privados? ¿O más bien incurre en prácticas ilegales y socialmente inaceptables, que perpetúan la desigualdad habitacional en un país con más de 120 mil familias viviendo en campamentos?
Según el ordenamiento jurídico, los terrenos de origen fiscal entregados en administración a las Fuerzas Armadas deben volver al Ministerio de Bienes Nacionales si dejan de cumplir un fin militar. La Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (DFL N°1 de 1997) y la normativa de administración financiera del Estado son claras en este punto: el Ejército no puede enajenarlos directamente a privados.
No obstante, existe una excepción: los terrenos adquiridos con recursos propios (derivados históricamente de la Ley Reservada del Cobre) pueden ser vendidos, aunque bajo la fiscalización de Contraloría. El problema -como advirtió la propia Contraloría en diversos informes durante la década de 2010- es que el Ejército ha vendido terrenos que en realidad eran fiscales y no propios, generando situaciones de ilegalidad e irregularidad administrativa.
El jurista Hans Kelsen, en su Teoría Pura del Derecho, advierte que las instituciones públicas no son sujetos soberanos, sino órganos del Estado sometidos a un orden normativo superior. Desde esa perspectiva, el Ejército al vender tierras sin la mediación del Estado estaría actuando como si tuviera una autonomía patrimonial incompatible con la teoría del Estado de Derecho.
Por lo tanto, en el caso de Alto Molle, si los predios provenían del Fisco, lo que parece ser el caso por la denuncia parlamentaria y el monto de las operaciones, las ventas serían ilegales.
De acuerdo a la historiografía crítica de Gabriel Salazar, las Fuerzas Armadas han sido históricamente funcionales a estructuras de poder elitistas y han manejado recursos estatales desde una lógica de dominio y privilegio.
Por su parte, el historiador Sergio Grez explica, en De la regeneración del pueblo a la huelga general, que la historia social de Chile está marcada por la expropiación sistemática de los sectores populares, siempre en beneficio de élites económicas o institucionales. Lo ocurrido con el desalojo de Alto Molle continúa esa larga tradición de despojo.
El caso no puede reducirse a un tecnicismo jurídico, ya que revela un problema de fondo sobre el rol del Ejército en democracia, pues este no solo cumple funciones de defensa, sino que también interviene en el mercado inmobiliario, lo que erosiona la división entre poder civil y poder militar.
John Rawls, en Una teoría de la justicia, plantea que las instituciones deben organizarse de manera que los beneficios sociales redunden en favor de los más desaventajados. El Ejército ha hecho exactamente lo contrario, ha vendido terrenos con fines lucrativos, reforzando la exclusión habitacional.
Asimismo, el filósofo Karl Popper, en La sociedad abierta y sus enemigos, advertía que toda institución que se vuelve opaca y no rinde cuentas al escrutinio público se transforma en una amenaza para la democracia.
El Ejército aparece en este episodio como una inmobiliaria con fusiles. Mientras la Corte Suprema ordena desalojos, las familias pobres son tratadas como invasoras, y los generales negocian millones como si se tratara de trofeos de guerra.
Cuando el poder público administra bienes colectivos con fines particulares, el Estado se degrada en caricatura, y el resultado es grotesco: un Ejército que se alimenta del presupuesto público, que invoca la defensa de la patria, pero que en la práctica expulsa a chilenos vulnerables de sus hogares precarios para favorecer negocios privados.
Finalmente, como advierte Gabriel Salazar, la historia de Chile está atravesada por la lucha entre el pueblo y las élites por el control de los recursos. En este caso, el Ejército ha dejado de ser el paladín de la soberanía para transformarse en un actor rentista. La conclusión es amarga pero clara, mientras los pobres son desalojados en nombre del orden, los militares hacen caja en nombre de la patria.
