Fake news en época electoral: "Proliferación de información falsa es un riesgo inédito para la democracia"

El jueves último, esto es el 7 de agosto, Activa Research oficializó el estudio de Pulso Ciudadano "Especial Desinformación e información falsa", cuyos resultados consideran reveladores hallazgos que se transparentan en el contexto de un 2025 particularmente relavante para nuestro país, que el 16 de noviembre enfrentará la primera vuelta de la elección presidencial, jornada en que también se elegirá a los nuevos integrantes del Poder Legislativo.

Específicamente, el sondeo revela que "74,4% está muy de acuerdo/de acuerdo con que exista una ley que limite y sancione la difusión de noticias e información falsa", mientras que "75,7% está muy de acuerdo/de acuerdo con que la desinformación es una amenaza para la democracia".

Índices que se suman al 77,2% de la población chilena, que admite estar "muy de acuerdo/de acuerdo con que la desinformación debilita el proceso electoral".

64,5%, en tanto, asume estar muy de acuerdo/de acuerdo con que "la desinformación viola los derechos humanos", y 71,7% declara estar "muy de acuerdo/de acuerdo con que la desinformación aumenta la polarización política".

Qué opinión le merecen algunos de los hallazgos del levantamiento de información, es lo que le consultamos a Martín Monett, analista de estudios de Activa Research, quien nos comenta al respecto.

Algoritmos tampoco contribuyen

- Considerando que la propia ciudadanía entiende que las fake news afectan la democracia y que debiera existir un marco legal que las regule, ¿qué tanto puede incidir su propagación en Chile, considerando que estamos a casi tres meses de una elección parlamentaria y presidencial?

La desinformación y las fake news pueden tener efectos especialmente significativos en un contexto electoral, puesto que aumenta la polarización política, se intensifica la competencia por la atención mediática y los actores políticos tienen incentivos más fuertes para desacreditar a sus oponentes mediante narrativas falsas o engañosas.

Más que en los medios tradicionales, el riesgo de desinformación hoy en día existe sobre todo en las plataformas digitales, donde cualquier usuario tiene la potencialidad de ser un emisor de comunicaciones con un alcance masivo, sin ni siquiera tener la necesidad de validar su identidad a la hora de desplegar mensajes.

Chile es un país que tiene un grado de acceso a internet que lo convierte en líder en esta materia a nivel regional, y su ecosistema digital se caracteriza por una alta penetración de redes sociales como WhatsApp y TikTok, en las que la información circula de manera rápida e incontrolable. En ese sentido, somos un país en el que el tema de la desinformación es particularmente problemático y difícil de manejar.

La polarización política en un contexto como este tiene como consecuencia que se produce un círculo vicioso en términos de desinformación: la polarización provoca que los usuarios sean mucho más receptivos a información que solo confirma lo que ya creen de antemano.

Adicionalmente, los algoritmos de las plataformas digitales le recomiendan al usuario contenido que va de acuerdo con sus intereses. Lo que sucede, entonces, es que a una persona sus redes sociales le mostrarán contenido que va de acuerdo con sus posturas políticas, que puede ser falso o verdadero, y el usuario muy probablemente aceptará la información sin cuestionársela.

Este fenómeno se conoce como la formación de “cámaras de eco”. De esta manera, se suprimen las instancias de cuestionamiento de lo que pensamos, y aumenta cada vez más el clima de polarización política. La desinformación tiende a generar respuestas emocionales intensas que profundizan la polarización afectiva, dificultando el diálogo democrático constructivo y la formación de consensos básicos necesarios para la gobernabilidad.

Es así como inciden las fake news en un contexto político electoral: dificultan el entendimiento entre pensamientos distintos y facilitan la polarización, y se vuelven un arma más dentro del arsenal de herramientas que tienen los actores políticos para instalar sus mensajes y atacar a sus adversarios.

La ciudadanía queda expuesta a este exceso de información, muchas veces sin capacidad de distinguir entre lo que es verdadero y lo que no. Más aún con el surgimiento de la IA y los deep fakes.

Definición de "desinformación", campo de batalla político

- Pensando en el ideal de un marco regulatorio para ponerle atajo a las fake news, ¿cómo debiera ser una ley realmente efectiva considerando que muchas veces pueden ser los mismos políticos, muchos de los cuales hacen las leyes, los que se benefician de ellas?

Legislar respecto de este tema es complejo, y tanto en Chile como en otros países se ha discutido mucho al respecto. En primer lugar, la definición misma de "desinformación" se convierte en un campo de batalla político, ya que distinguir entre información falsa, opinión legítima, error genuino y propaganda política requiere juicios que inevitablemente tienen componentes subjetivos.

Los políticos pueden explotar esta ambigüedad para silenciar críticas legítimas o para proteger narrativas que les favorecen, utilizando el aparato regulatorio como herramienta de censura selectiva.

Luego, existe una tensión inherente entre libertad de expresión y protección democrática que representa otro desafío central sobre la idea de legislar. Cualquier regulación debe navegar entre la Escila de la censura y la Caribdis de la permisividad total, equilibrio particularmente delicado en contextos electorales donde la línea entre crítica política legítima y desinformación maliciosa puede ser extremadamente fina.

Adicionalmente, un marco regulatorio efectivo requeriría varios componentes institucionales cuidadosamente balanceados. Primero, la creación de organismos independientes de verificación y supervisión, con financiamiento autónomo y mandatos claramente definidos que los protejan de interferencias políticas directas.

Estos organismos deberían incluir representación de la sociedad civil, academia, medios independientes y expertos técnicos, con mecanismos de rendición de cuentas transparentes.

Segundo, la implementación de due process (debido proceso) robusto, incluyendo derechos de apelación, transparencia en los criterios de evaluación y mecanismos de revisión externa.

Tercero, el enfoque en la transparencia algorítmica y la responsabilidad de las plataformas digitales, obligándolas a revelar cómo amplifican o suprimen contenido sin necesariamente dictar qué contenido específico deben censurar.

Los desafíos de implementación son igualmente complejos. La naturaleza transnacional de las plataformas digitales requiere coordinación internacional, mientras que la velocidad de circulación de información en redes sociales hace que los mecanismos tradicionales de regulación sean frecuentemente demasiado lentos.

Además, la sofisticación creciente de técnicas de desinformación, incluyendo deepfakes y manipulación automatizada, requiere capacidades técnicas que muchas instituciones estatales no poseen. La brecha entre el conocimiento técnico requerido y las capacidades institucionales existentes puede hacer que reguladores bien intencionados diseñen marcos normativos que sean técnicamente impracticables o fácilmente eludibles.

En Chile surgió "una cultura emergente de verificación"

Independientemente de que no tengamos cómo regular este despliegue hoy, y asumiendo que las elecciones se celebrarán en este contexto que no considera regulación alguna al respecto, ¿cómo se pueden combatir estas y qué actitud debiera esperarse de las candidaturas involucradas en ambos comicios?

Durante los últimos años, ha surgido en Chile una cultura emergente de verificación de hechos y mayor conciencia ciudadana sobre la desinformación. Dentro de las mismas redes sociales, existen cuentas que están dedicadas a la verificación de la veracidad de la información que corre dentro de las plataformas digitales.

Existen otras iniciativas, como el Fact Checking de la Universidad Católica, que van en esta misma línea y lo aplican hacia instancias institucionales, como la Cuenta Pública del 2025.

Los medios de comunicación enfrentan una responsabilidad particular y compleja. Deben intensificar sus capacidades de verificación de hechos, estableciendo unidades especializadas que puedan responder rápidamente a narrativas falsas sin caer en la trampa de amplificar la desinformación al intentar desmentirla.

Esto requiere desarrollar protocolos editoriales específicos que prioricen la contextualización sobre la simple repetición de afirmaciones falsas, implementando lo que los expertos llaman "desmentidos constructivos" que no solo señalan lo falso, sino que proporcionan información precisa y verificable.

Los medios también deben resistir la tentación de clickbait electoral y mantener estándares rigurosos de verificación incluso cuando esto pueda significar menor tráfico o engagement inmediato.

Las plataformas digitales, aunque no estén obligadas legalmente, pueden implementar medidas voluntarias significativas. Esto incluye algoritmos que reduzcan la viralización de contenido no verificado, etiquetado claro de información disputada, promoción de fuentes confiables en temas electorales, y mayor transparencia sobre quién financia publicidad política.

WhatsApp, particularmente relevante en el contexto chileno, podría limitar el reenvío masivo de mensajes durante períodos críticos y facilitar herramientas de verificación integradas. Las plataformas también pueden colaborar con fact-checkers locales y establecer canales expeditos para reportar desinformación electoral.

Las candidaturas enfrentan responsabilidades éticas particulares que van más allá de sus intereses electorales inmediatos. Una actitud responsable incluiría, en primer lugar, el compromiso público de no utilizar desinformación como estrategia electoral, estableciendo códigos de conducta internal que guíen su comunicación digital. Las candidaturas deberían implementar protocolos rápidos para desmentir información falsa que las favorezca, reconociendo que beneficiarse pasivamente de desinformación también contribuye a la degradación del debate democrático.

Esto requiere equipos de comunicación entrenados para distinguir entre crítica política legítima y desinformación maliciosa, y la disciplina de corregir errores propios de forma expedita y transparente.

"Polarización facilita que fluya información falsa"

Considerando esta tendencia a las fake news, que parece ser global, ¿qué tan permeado de este fenómeno está nuestro país y cuán dañada podría estar nuestra democracia?

Como comentaba antes, Chile es un país con un alto consumo de noticias en plataformas digitales y un consumo decreciente de medios informativos tradicionales,  lo que crea un terreno fértil para la circulación de información no verificada. El clima de polarización política que experimenta nuestro país hace ya algunos años facilita que fluya información falsa que confirma las creencias preexistentes de los usuarios y, como consecuencia, la formación de "cámaras de eco".

Existe otro factor que contribuye a la generación, distribución y creencia de fake news: el contexto de crisis de confianza institucional. Según nuestros datos, aproximadamente 75% de la población considera a la clase política como corrupta o muy corrupta. Lo mismo con el Poder Judicial. Un 65% considera a las instituciones públicas en su conjunto como corruptas o muy corruptas. Esta desconfianza generalizada hacia las instituciones tradicionales hace que los ciudadanos sean más susceptibles a narrativas alternativas que, aunque carezcan de fundamento, les pueden generar más confianza que la información oficial.

En ese sentido, es una realidad que la formación de opiniones políticas y las decisiones que se toman a partir de ello, por ejemplo, al momento de acudir a las urnas, están permeadas por el consumo de información inexacta o derechamente falsa, en distintos grados según las distintas personas.

Sin embargo, creo que es algo que nos afecta a todos, y se irá haciendo más complicado a medida de que los avances tecnológicos hagan cada vez más fácil crear contenido que imita la realidad pero que no proviene de esta.

Me parece que la proliferación de fake news e información falsa, a propósito de las redes sociales y la IA, es un riesgo inédito para la democracia que ha tomado a las instituciones desprevenidas y que, hasta cierto punto, diría que es imposible de controlar, al menos con las herramientas que tenemos en este momento.

Frente a esta situación, y para minimizar los riesgos a la democracia, es responsabilidad del Estado y de las instituciones concientizar respecto de la importancia de verificar la vericidad de la información, y educar en cuanto a ello. Y como ciudadano, tener la responsabilidad de comprobar contrastando con más fuentes si es que la información que consumimos es verdadera o no, aunque vaya en línea con nuestras creencias.