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Quién manda aquí: ¿Políticos o empresarios?
Foto: Agencia Uno

Quién manda aquí: ¿Políticos o empresarios?

Por: Roberto Pizarro Hofer | 09.08.2025
No hay sorpresas. Se repite en todas las elecciones. Los grandes empresarios se pronuncian en favor de los suyos, de la derecha política, los que protegen sus negocios. Aunque ahora quizás con mayor virulencia, por el temor a Jeannette Jara.

En una secuencia, seguramente programada, estuvo primero la carta de 167 empresarios, exigiendo a los tres candidatos de extrema derecha que se unieran para ganar la presidencia y obtener mayoría parlamentaria.

Los grandes negocios sin separarse de la política dijeron “…tenemos la oportunidad histórica de ganar la Presidencia y el Congreso” y de no ser así la Presidencia va a quedar de una militante del Partido Comunista.

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Le siguió el expresidente de la CPC, Juan Sutil, quien comparó con liviandad a Jeannette Jara con Chávez y Maduro. Y, sin mayor vergüenza optó por incorporarse al núcleo duro de la campaña de Evelyn Matthei.

Y, la guinda de la torta la puso el inefable Nicolás Ibáñez, pinochetista inclaudicable y financista del ideólogo de la ultraderecha y de su Fundación para el Progreso. Conocido por su brutalidad el empresario sentenció desde su lugar de residencia, hoy en Inglaterra, que “No va haber financiamiento para un circo como este “si la derecha no se ordena.

No hay expresión más descarnada de la captura del sistema político por el gran empresariado que la observada en estos días, la que seguramente obedece a la exitosa emergencia de Jeannette Jara en la contienda presidencial. ¿Es que el SERVEL no puede hacer nada?

Recuerda quizás al insolente “déjenos trabajar tranquilo” de Ricardo Aristía, quien como presidente de la SOFOFA faltó el respeto al invitado presidente Lagos en una reunión formal de esa organización gremial.

Sin embargo, el presidente Lagos, como todos los gobiernos de la Concertación, fue generoso con el gran empresariado. Por ello recibió calurosos aplausos en la última ENADE de su periodo presidencial, lo que condujo al presidente de la CPC, Hernán Somerville, sostener con entusiasmo desbordante: “mis empresarios aman a Lagos”.

Nada de esto debe sorprender.

El poder económico manda en Chile. El 1% de los más ricos son los dueños del 50% de la riqueza nacional y de la tercera parte del ingreso que se genera. Controlan la actividad productiva, los bancos, seguros, servicios públicos, exportaciones, AFP, ISAPRES, clínicas privadas, supermercados, malls, colegios, universidades y equipos de futbol. Además, son dueños de los principales medios de comunicación, lo que han construido la ideología que los protege, exaltando el mercado, el individualismo y el consumismo.

Gracias a ese poder, el gran empresariado ha reclutado exministros y otras autoridades gubernamentales (de la derecha y la Concertación) para sentarlos en los directorios de sus corporaciones. Además, ha utilizado lobistas para facilitar negocios, desbloquear iniciativas en su favor o mejorar incluso la imagen de negocios turbios.

Por otra parte, los recursos que las grandes empresas entregan para financiar campañas políticas se han generalizado y han adquirido un carácter transversal, que hoy día se hace abiertamente en la actual contingencia presidencial.

Junto a la consolidación del pensamiento y políticas neoliberales, el tipo de economía que se ha construido en nuestro país no hubiese sido posible sin la instalación de fluidos vasos comunicantes entre la política y los negocios. Es lo que ha permitido el cohecho de políticos, y también que exautoridades gubernamentales se instalen en los sillones de las grandes empresas, para facilitar el tráfico de influencias y hacer crecer los negocios del gran capital.

A diferencia de otros países, el gran mundo empresarial chileno es monolíticamente de derecha y admirador de la dictadura de Pinochet.

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Es lamentable que esos empresarios no entiendan que para que los negocios prosperen el diálogo y los consensos son fundamentales. Como lo es también abrirse a nuevas ideas superadoras del actual modelo económico el que ha agotado su fuerza productiva, lo que no sólo afecta la generación de empleo sino al propio empresariado. Esta falta de lucidez es que hace difícil salir del estancamiento y modificar el sistema económico.

En consecuencia, el poder económico del gran capital ha domesticado a políticos y economistas. Éstos no tienen independencia para controlarlo, no lo regulan, son timoratos para cobrar royalties por la explotación rentista de nuestros recursos naturales, les facilitan la colusión y la elusión impositiva y, además, le han abierto el camino para que operen, sin control, en paraísos fiscales. Es preciso reconocer que el gran capital es el que manda en Chile y debe ser disciplinado.

Para el relanzamiento económico del país es tarea imprescindible terminar con la captura política por el gran capital.

En primer lugar, ello exige impulsar una estrategia de alianzas, un gran acuerdo social, que reúna las fuerzas del Estado, trabajadores, organizaciones de la sociedad civil, junto a pequeños y medianos empresarios para hacer contrapeso al gran capital.

Segundo. Se requiere comprometer al gran empresariado en una nueva estrategia de desarrollo, con políticas públicas que orienten a los inversionistas hacia actividades de transformación industrial, en sectores complejos y que apunte a una inserción exportadora en escalones más altos de cadenas regionales y globales de valor. Ello exige terminar con el Estado subsidiario, para que pueda ofrecer incentivos a la inversión en las actividades de transformación y en la generación de ciencia, tecnología e innovación.

Tercero. Habrá que erradicar, sin contemplaciones, los abusos que sufren los consumidores y clientes por parte de empresas de servicios y grandes cadenas del retail, así como las colusiones de precios y los acuerdos oligopólicos entre empresas productoras de bienes y servicios, en la banca y en el comercio. Será necesario entonces un SERNAC y una Fiscalía Nacional Económica potentes, que se coloquen del lado de consumidores y clientes y con claras atribuciones sancionatorias.

Cuarto. Se debe terminar con la instalación fácil de ex funcionarios de gobiernos en los directorios de las grandes empresas, lo que favorece la influencia de éstas en las decisiones independientes de las instituciones públicas.

Quinto. Será preciso transparentar los flujos indiscriminados de capital hacia los paraísos fiscales, pues estos representan un incentivo a la corrupción, a la evasión y elusión fiscal de las grandes empresas y los súper ricos.

Sexto. La protección del medio ambiente es ineludible. La política pública debe ser inteligente para agilizar las inversiones pero, al mismo tiempo, no puede permanecer impasible con la proliferación de zonas de sacrificio y el deterioro de los ecosistemas.

Basta ya. Cada quien a su lugar. La subordinación de la política al gran empresariado no puede continuar y debe ser frenada ¿Se atreverá Jeannette Jara? La democracia, la decencia y el desarrollo de Chile lo exigen.

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