El proyecto de ley FES: Un paso hacia una educación superior más justa
Quienes suscribimos este texto, provenientes de comunidades educativas y del sistema de educación superior, valoramos el proyecto de ley que crea el Fondo de Financiamiento Público de la Educación Superior (FES), que pone fin al CAE. Consideramos que representa un avance relevante hacia un sistema más justo, inclusivo y sostenible, por las siguientes razones:
Acceso universal y equitativo: El FES no requiere postulación y financia a quienes quedaron fuera de la gratuidad, eliminando barreras de acceso y evitando distinciones arbitrarias. Democratiza el conocimiento y amplía la cobertura con criterios de justicia.
Retribución justa: El sistema contempla pagos solo cuando existen ingresos estables y suficientes, protegiendo a quienes no logran insertarse laboralmente al egresar. No habrá deudas impagables ni persecución.
Flexibilidad académica: Financia un año adicional más allá de la duración formal de las carreras, reconociendo la realidad de los procesos formativos.
Condonación y reorganización de deudas: El proyecto alivia a más de un millón de familias afectadas por deudas estudiantiles.
Adiós a los bancos: A diferencia del CAE, el FES es gestionado por el Estado, lo que reduce riesgos financieros, fortalece el rol público en la educación y asegura que los recursos fiscales y familiares se destinen efectivamente a fines educativos.
Regulación de aranceles: Se fijan criterios objetivos para determinar el costo real y razonable de las carreras, superando la arbitrariedad y fortaleciendo especialmente a las universidades tradicionales (estatales o no) y regionales.
Transparencia: Todas las instituciones que reciben fondos públicos -sean estatales o privadas- deberán cumplir las normas de transparencia activa aplicables al sector público.
Modernización del sistema: El proyecto permite utilizar recursos del Fondo Solidario para fortalecer las instituciones tradicionales.
No obstante, advertimos desafíos importantes para asegurar que el FES funcione bien:
Que el diseño del financiamiento sea justo, predecible y proporcional.
Que se implementen mecanismos eficaces para la sostenibilidad de los proyectos universitarios.
Que las y los Trabajadores de las Universidades Privadas también puedan participar de los espacios superiores y conocer en qué se utilizan los recursos públicos.
Queremos una educación superior que sea un derecho, no un privilegio ni una carga impagable. Que el Estado cumpla su deber de garantizarlo mediante políticas públicas que combinen justicia social, responsabilidad fiscal y fortalecimiento institucional.
Por todo esto, llamamos a la Comisión de Hacienda y al Congreso Nacional a aprobar este proyecto.
Universidades Estatales
Miguel Tapia, presidente Federación de Académicas y Académicos de Chile – Fauech
David López, presidente Federación Nacional de Funcionarios de Universidades Estatales – Fenafuech
Takuri Tapia, presidente Federación Nacional de Trabajadores de las Universidades Estatales – Fentuech
Mónica Álvarez, presidenta Agrupación Nacional de Federaciones de Funcionarios de las Universidades Estatales – ANTUE
Boris Barrera, presidente Federación de Asociaciones de Profesionales y Técnicos de las Universidades del Estado de Chile - Fenaptuech
Myriam Barahona, presidenta Federación Nacional de Funcionarios de la Universidad de Chile – Fenafuch
Inés Pepper, presidenta Asociación de Académicos Universidad de Chile - Acauch
Universidades tradicionales *
Osvaldo León, Grela Arriagada, Óscar Acevedo y César Julio, comité político Coordinadora Nacional de Trabajadores de Universidades de Chile - Conatuch
*Además de representar a los sindicatos de trabajadores de las universidades del G9, Conatuch tiene como socios también a las Universidades Católica Silva Henríquez, del Desarrollo y al sindicato interempresas del consorcio Santo Tomás (Sinesat).
