Tras un pedido de transparencia realizado por un habitante de la ciudad de Mejillones en Antofagasta, la Seremi de Salud de la región confirmó que el vertedero municipal ha funcionado 17 años sin contar con permiso sanitario para recibir residuos domiciliarios ni de construcción.
Aunque en un principio desde el alcalde Marcelino Carvajal declaró que no tenía notificación sobre la situación del vertedero, tras reuniones con la autoridad de salud comenzaron los trámites para poner en regla el recinto.
Según la información remitida por la Seremi de Salud, los permisos del vertedero fueron derogados luego de que se dictara un decreto supremo en 2008 establece nuevos estándares sanitarios y de seguridad básica para este tipo de recintos.
Las autoridades locales declararon que sancionar al municipio con el cierre del vertedero no es una opción ya que generaría un problema sanitario de acumulación de basura que pondría en riesgo la salud de la población.
El vertedero de Mejillones tiene un plan de cierre que fue aprobado por el Servicio de Evaluación Ambiental en 2020 pero que se ha atrasado porque aún no se cuenta con una alternativa viable para la disposición de basura.
Hace diez años que existe un relleno sanitario para la comuna, el cual no ha entrado en operación ya que debe someterse a evaluación ambiental. Según declaran desde el municipio ante medios locales, los antecedentes para la evaluación del relleno sanitario ya han sido ingresados al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
El vertedero municipal ha sido escenario de quemas e incendios en los últimos años, preocupando a las y los vecinos. Los vertederos generan diversos impactos ambientales y sanitarios, desde la proliferación de plagas hasta la contaminación del aire y del agua. Además generan gas metano, que es un potente gas de efecto invernadero que acelera el calentamiento global.
Una de las principales fuentes de multas ambientales a municipios en los últimos años ha sido la mala gestión de la basura, y los incumplimientos ambientales ocurridos en vertederos municipales. Este fenómeno denota el estado de colapso en que se encuentra gran parte del sistema de gestión de basura en el país.
Es el caso de Chiloé, donde en 2023 la Superintendencia de Medio Ambiente condenó a la municipalidad de Ancud a pagar $87 millones por infracciones graves en el relleno sanitario de Puntra, y a la de Quellón por tres faltas graves en el vertedero municipal.
También ocurre en el norte: la municipalidad de Calama fue condenada a pagar $144 millones por aceptar residuos no permitidos en un vertedero municipal, y la de Tocopilla debe pagar $19 millones por deficiencias de manejo en el relleno sanitario Quebrada Ancha.
Municipalidades de Quintero, Puerto Natales, Coyahique y Temuco también han recibido multas millonarias por situaciones similares en los vertederos y rellenos sanitarios.
