Esta semana, el Tribunal Ambiental condenó a la Municipalidad de Nogales por el daño ambiental que generó la planta de tratamiento de aguas municipal, superando las normas de malos olores con impacto en la salud de la población, y contaminando el agua.

El fallo dictamina que, en el caso de los malos olores, la afectación se prolongó por diez años. Para reparar el daño, la municipalidad deberá financiar estudios de calidad del agua, actualizaciones tecnológicas en la planta de tratamiento además de su relocalización y conexión a la red de alcantarillado pública.

Aunque se trata de una situación inusual, no es única. A pesar de que el daño ambiental o las infracciones ambientales en Chile suele ser perpetradas por empresas privadas o personas particulares, municipalidades a lo largo del país han tenido que pagar multas ambientales millonarias e invertir para reparar el daño causado.

Gestión de la basura

Una de las principales fuentes de multas ambientales a municipios en los últimos años ha sido la mala gestión de la basura, y los incumplimientos ambientales ocurridos en vertederos municipales. Este fenómeno denota el estado de colapso en que se encuentra gran parte del sistema de gestión de basura en el país.

Es el caso de Chiloé, donde en 2023 la Superintendencia de Medio Ambiente condenó a la municipalidad de Ancud a pagar $87 millones por infracciones graves en el relleno sanitario de Puntra, y a la de Quellón por tres faltas graves en el vertedero municipal.

También ocurre en el norte: la municipalidad de Calama fue condenada a pagar $144 millones por aceptar residuos no permitidos en un vertedero municipal, y la de Tocopilla debe pagar $19 millones por deficiencias de manejo en el relleno sanitario Quebrada Ancha.

Municipalidades de Quintero, Puerto Natales, Coyahique y Temuco también han recibido multas millonarias por situaciones similares en los vertederos y rellenos sanitarios.

Gestión del agua y construcción ilegal

El caso de Nogales tiene un precedente en la municipalidad de Río Claro en la región del Maule, multada con $77 millones luego de que la SMA detectara que se estaba descargando agua servida sin tratar en el río Claro, por mal funcionamiento del alcantarillado y la planta de tratamiento.

Por su parte, las municipalidades de Vitacura y Lo Barnechea han sido condenadas por daño ambiental tras permitir proyectos inmobiliarios ilegales en zonas de preservación ecológica.

En el caso de Lo Barnechea, el Tribunal Ambiental condenó al municipio y a dos inmobiliarias por un proyecto de loteo ilegal que generó un daño ambiental en la quebrada de Huallalolén.

En el de Vitacura, por autorizar un loteo ilegal en el cerro Lo Curro deteriorando también el ecosistema del lugar. La municipalidad debió ejecutar acciones de reforestación y recuperación del daño ambiental en la flora y fauna del lugar, y obras de estabilización de laderas y taludes para evitar aluviones o deslizamientos.

Ambos casos responden a un fenómeno creciente de presión inmobiliaria sobre aquellas zonas de Santiago que están fuera del radio urbanizado, por sobre la cota mil, en la precordillera donde el Plan Regulador Comunal establece una zona de preservación ecológica para evitar que la ciudad siga presionando el hábitat de la fauna nativa precordillerana.