Repensar la política del dinero

Las sociedades democráticas requieren elecciones libres y justas y un poder judicial independiente e imparcial que resuelva los litigios sin importar la identidad de las partes. A menos que las leyes que las democracias se autoimponen se apliquen con imparcialidad, y sin interferencia del ejecutivo, pues simplemente esa democracia no le estaría haciendo honor a su nombre.

Ahora bien, ¿ocurre lo mismo con la administración del dinero de una democracia? Si los bancos centrales independientes y tecnocráticos no favorecen la democracia, ¿de qué otra forma debería gestionarse la política monetaria?

Hasta hace poco, formular estas preguntas se habría considerado una herejía. La opinión general era que los bancos centrales debían estar a cargo de la política monetaria y ser independientes de la interferencia del ejecutivo, el legislativo e incluso los tribunales (con algunas excepciones).

Pero los tiempos han cambiado. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha consolidado como el principal desestabilizador de las suposiciones arraigadas en casi todos los asuntos políticos, incluyendo el financiero.

Al debatir abiertamente sobre si despedir o no al jefe de la Reserva Federal, no solo está atacando personalmente a Jerome Powell; también ataca la creencia de que los bancos centrales deben ser independientes. Los mercados se asustaron, pero eso no debería impedirnos reflexionar sobre si el actual acuerdo monetario es realmente adecuado para su propósito, y específicamente para qué propósito.

La idea de que los bancos centrales deben ser públicos e independientes es relativamente reciente. El Banco de Inglaterra se creó en 1694 y creció hasta convertirse en un banco central, aunque fue de propiedad privada hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Y la Reserva Federal de Estados Unidos no se creó hasta 1913.

El mandato de los bancos centrales se establece por ley, siendo la estabilidad de precios la máxima prioridad para la mayoría, aunque a algunos, incluida la Reserva Federal, se les han encomendado también otros mandatos, como el pleno empleo.

El mandato de estabilidad de precios invoca la idea de que la política monetaria es un asunto tecnocrático que conviene dejar en manos de expertos ajenos a la política partidista. Pero la política monetaria tiene inevitablemente efectos distributivos. Por ejemplo, los acreedores pierden con la inflación, pero ganan con tasas de interés más altas; las políticas de austeridad pueden reducir la deuda, pero aumentan el desempleo, a menudo con resultados perjudiciales para la política democrática.

La cuestión monetaria solía ser un tema político candente. En la década de 1870, el Congreso de Estados Unidos debatió cuestiones como la cantidad de dinero bancario frente al dinero público que debía haber en el sistema, si la emisión de dinero debía o no estar vinculada a un patrón metálico, y cuál era la mejor manera de satisfacer las necesidades sociales y políticas a través de la política monetaria. En aquella época se entendía claramente que la política monetaria era una herramienta fundamental en el arsenal de la política.

Como ha sugerido Christine Desan, de la Facultad de Derecho de Harvard, el hecho de que la gestión del dinero requiera experiencia no debería ocultar que el dinero es, o quizá podría ser, un “medio democrático”. Tal vez John Maynard Keynes no estuviera tan dispuesto a confiar tanto en la gestión democrática del dinero, pero en su Tratado sobre la reforma monetaria (1923) abogaba por la constitucionalización de la política monetaria en nombre de la justicia social.

Según el libro “The Fed Unbound” de mi colega de Columbia, Lev Menand, la Reserva Federal de Estados Unidos, tal y como fue concebida originalmente, pretendía precisamente eso: crear una estructura de gobernanza federada para coordinar la política monetaria y la supervisión bancaria al servicio del público.

No es así como operan hoy ni la Fed ni otros bancos centrales de las principales economías capitalistas. Por el contrario, se han vuelto subordinados a las finanzas, en gran parte por iniciativa propia.

Desde los primeros días del mercado de repos hasta el auge de los valores respaldados por activos y derivados, los bancos centrales han utilizado herramientas de política monetaria para apoyar la expansión de las finanzas, desde el regulado sector bancario tradicional hasta el shadow banking (banca paralela).

Justificaron su incapacidad para controlar las fuerzas financieras que desataron invocando el mito de los mercados autorregulados. Y para ocultar sus huellas, rescataron estos mercados antes de que pudieran hacer estallar el sistema financiero mundial. Quizás eran independientes de la política, pero difícilmente estaban siendo imparciales.

Tras la crisis financiera global de 2008, los bancos centrales, los ministros de finanzas y los reguladores prometieron que no permitirían que volviera a ocurrir. Estos compromisos se han visto desmentidos por el hecho de que, bajo la supervisión de los mismos organismos, la banca paralela no se ha contraído, sino que se ha expandido, con activos que totalizaron 238,8 billones de dólares en 2024, frente a los 62 billones de dólares de 2007.

Mientras tanto, los bancos centrales han hecho comparativamente poco para aliviar el sufrimiento de empleados y deudores. Subieron las tasas de interés cuando repuntó la inflación, a pesar de que factores como los efectos prolongados de la crisis del Covid-19 en China y la invasión rusa de Ucrania sugerían que los cuellos de botella de la oferta, que son impermeables a la política monetaria, desempeñaban un papel fundamental en el alza de los precios, como señaló en su momento Isabella Weber.

Si los bancos centrales no sirven a la ciudadanía, sino que están más sujetos a las finanzas, ¿qué se puede hacer? Destruir la independencia de los bancos centrales no es una buena idea, ya que es más probable que provoque otra crisis y no que resuelva el problema subyacente. Pero esto no significa que debamos preservar el sistema existente en lugar de buscar un nuevo acuerdo monetario.

Ya es hora de replantearse cómo debe gestionarse el dinero de forma que beneficie a los ciudadanos, y cómo garantizar que quien asuma esta función no esté absorbido por el mundo de las finanzas.

Esta columna es parte del Project Syndicate, 2025 (Copyright).
www.project-syndicate.org