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“Este palacio del abuso no puede continuar”: Hospital San José pagó $7.400 millones a funcionarios con licencias y piden fiscalizar
Agencia Uno

“Este palacio del abuso no puede continuar”: Hospital San José pagó $7.400 millones a funcionarios con licencias y piden fiscalizar

Por: Horacio Gutiérrez Areyte | 28.07.2025
El senador Juan Luis Castro pidió a la Contraloría investigar pagos por \$7.400 millones a funcionarios con licencias prolongadas en el Hospital San José, donde se reincorporó personal sin sumarios ni informes médicos. Acusa abandono, negligencia y falta de control institucional.

Más de $7.400 millones en sueldos a funcionarios públicos con licencias médicas prolongadas entre 2017 y 2024, sin sanciones ni procesos efectivos de control.

Ese es el saldo que dejó la gestión del Hospital San José de Santiago, según antecedentes expuestos por el senador Juan Luis Castro, quien solicitó a la Contraloría General de la República una investigación urgente sobre el caso.

El parlamentario, integrante de la Comisión de Salud del Senado, remitió un requerimiento formal el pasado 19 de mayo a la contralora Dorothy Pérez.

En el oficio, pidió iniciar una fiscalización nacional por el uso de licencias médicas en el sector público, con énfasis en la situación del Hospital San José, que calificó como “un emblema de la ineficiencia”.

“El Hospital San José de Santiago constituye el emblema de la ineficiencia y además del lujo de tener ´funcionarios´ con más de 4, 5, 7 años con licencia médica. Este palacio del abuso no puede continuar”, declaró el senador tras conocerse los detalles del caso.

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Según los antecedentes expuestos por Castro y difundidos previamente en un reportaje de Informe Especial de TVN, entre 2017 y 2024 hubo 670 funcionarios con licencias médicas prolongadas en ese hospital.

Solo en abril de 2025, 419 de ellos mantenían más de 180 días de licencia en un periodo de 24 meses. Esa cifra activa la posibilidad de aplicar el artículo 151 del Estatuto Administrativo, que permite declarar la vacancia del cargo.

Sin embargo, en lugar de aplicar la normativa, 282 funcionarios fueron reincorporados sin informes de la Compin y sin que existieran procesos disciplinarios ni sumarios. Solo en 56 casos se inició el trámite de vacancia, y no hay registros de funcionarios efectivamente desvinculados por esa causa.

Además, se detectó el pago de $1.500 millones en licencias médicas que fueron rechazadas por Fonasa o isapres, sin que esos fondos hayan sido restituidos al Estado. El total de sueldos cancelados a trabajadores ausentes alcanzó los $7.405 millones.

“El ausentismo prolongado que hoy vemos en este hospital no es una simple anomalía administrativa. Es un verdadero atentado contra el sistema público de salud y contra miles de personas que esperan una atención digna. No puede ser que, mientras hay pacientes sin atención, algunos viajen al extranjero con licencia médica en la mano”, afirmó el legislador.

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Castro pidió que la Contraloría investigue posibles omisiones administrativas, negligencias en el control de licencias, perjuicio fiscal, falta de aplicación de la normativa vigente y la inexistencia de sanciones pese a hechos reiterados y conocidos.

Además, acusó al Servicio de Salud Metropolitano Norte de “indolencia, amnesia e incapacidad de gestión” frente a una situación que —a su juicio— lleva años sin corregirse. “Tienen que tomar de una vez por todas una decisión clara y firme”, advirtió.

El requerimiento del senador también pone el foco en el contexto nacional. Según un informe de la Dirección de Presupuestos citado en el documento, el promedio de días ausentes por funcionario del Gobierno Central fue de 31,8 en 2023, con 22,3 días por licencias médicas no parentales.

En el sector salud, la duración promedio por licencia fue de 10,4 días, y el gasto público asociado al pago de licencias médicas superó los $1,9 billones.

En ese marco, el parlamentario pidió ampliar la fiscalización a los Servicios de Salud de Concepción, Arauco, Iquique, Viña del Mar–Quillota y O’Higgins.

En cada uno de ellos, busca que se determine cuántos funcionarios acumulan licencias prolongadas, cuánto se ha pagado en sueldos, cuántas licencias han sido rechazadas, y qué medidas de recuperación de fondos o aplicación del artículo 151 se han adoptado.

Pedimos al Ministerio que tome cartas en el asunto. Este nivel de abuso y abandono no resiste más espera”, concluyó Castro.

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