Madre consiguió en juicio que eleven pensión por educación y salud de sus hijos: Juzgado la fijó en $2 millones mensuales
En septiembre de 2024, una madre interpuso una demanda ante el Juzgado de Familia de Colina para solicitar el aumento de la pensión de alimentos que el padre de sus dos hijos estaba obligado a pagar desde hace más de una década.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, la pensión original fue fijada mediante acuerdo en 2010, cuando ambos hijos eran menores de edad y la situación económica de las partes era distinta.
Hoy, los costos de manutención han crecido, especialmente por la educación universitaria del mayor de los hijos, y la madre planteó que ya no podía asumir por sí sola la mayoría de los gastos.
Durante el juicio, se presentó un informe elaborado por una asistente social, quien explicó que los principales gastos de los hijos —salud, transporte, matrícula, materiales, clases particulares, entre otros— estaban siendo cubiertos casi en su totalidad por la madre.
También se presentaron documentos que daban cuenta de gastos médicos en la Clínica Alemana y matrículas en la Universidad Adolfo Ibáñez, además de un convenio de salud vigente y antecedentes bancarios.
Ella aseguró no contar con ingresos formales, haber vendido un vehículo para financiar a sus hijos y depender de la ayuda de su familia para sostenerse, luego de haber sido desvinculada de su trabajo formal y no lograr estabilidad laboral posterior.
El padre, por su parte, rechazó la solicitud de alza y aseguró que su situación financiera también estaba comprometida.
Alegó que desde la fijación original del monto en 2010 habían cambiado las condiciones: hoy está casado nuevamente, tiene otro hijo y sus ingresos bordean los $2.987.582 mensuales, de los cuales —según su cálculo— cerca del 50% ya se destina a alimentos, incluyendo cotizaciones de salud y pagos universitarios que cubre mediante endeudamiento o fondos estatales.
Añadió que la madre tendría estudios superiores y experiencia profesional que le permitirían generar ingresos, y que su falta de empleo no respondía a hechos ajenos a su voluntad.
La demanda solicitaba elevar la pensión mensual a $2.258.687 (equivalente a 34,27394 UTM).
Sin embargo, el juez Rodrigo Retamal Zapata consideró que no existían las condiciones para acoger totalmente la solicitud de aumento, aunque sí reconoció un alza parcial, considerando especialmente los gastos derivados del ingreso universitario de uno de los hijos.
Finalmente, el tribunal fijó la pensión mensual en 29,017 UTM, lo que equivale a aproximadamente $2.000.119 según el valor actual.
Además, el tribunal determinó que cada parte asumiría sus costas procesales, es decir, los gastos del juicio no serían traspasados de una a otra. El fallo fue dictado en julio de 2025.
