Un amplio despliegue policial se registró en las afueras del domicilio de la jueza Irene Rodríguez, actualmente suspendida de sus funciones por revertir erróneamente la prisión preventiva del sicario Alberto Carlos Mejía Hernández, acusado del crimen del "Rey de Meiggs".
La magistrada alertó el sábado pasado sobre un llamado telefónico sospechoso que motivó un procedimiento encabezado por funcionarios de seguridad municipal de Peñalolén en conjunto con Carabineros.
La diligencia consistió, en primera instancia, por el cierre perimetral a eso de las 18:30 horas. Más tarde, y tras la llegada de personal policial, se procedió a cerrar completamente la calle donde se encuentra la vivienda de la jueza.
El operativo se prolongó por aproximadamente dos horas y concluyó sin mayores incidentes, aunque con la jueza dejando su domicilio poco después.
La tensión surgió luego de que Rodríguez reportara una llamada telefónica que la hizo temer por su seguridad, dado el intenso foco mediático en torno a su figura.
“Recibimos un llamado por parte de la jueza, por un llamado que ellos recibieron, se asustaron por la situación mediática que están viviendo”, explicó al diario La Tercera el teniente coronel Francisco Galloso, de la Prefectura Santiago Oriente.
Tras la investigación preliminar, Carabineros confirmó que el número telefónico correspondía a una persona conocida por la jueza, y que el temor surgió tras un corte abrupto en la comunicación.
La jueza Rodríguez se mantiene actualmente suspendida por 30 días de sus funciones tras la orden de la Corte de Apelaciones que terminó con el sicario venezolano en libertad.
