Comisión por robo de cables de cobre ofició al Servel para aclarar aportes de involucrados a partidos políticos

El robo de cables y el tráfico de cobre son problemáticas que van en aumento desde hace varios meses. Por lo mismo, es una realidad que preocupa a autoridades locales y regionales no solo por la pérdida de infraestructura eléctrica que ha dejado a comunidades aisladas y sin agua potable, sino también porque se asocia a organizaciones criminales.

Solo este año, la Policía de Investigaciones informó de la incautación de cerca de 20 kilómetros de cableado robado desde la CGE en la Región Metropolitana, lo que se traduce en más de 7 mil kilos del metal rojo que hoy está en la mira de economistas y accionistas dados los impuestos que el presidente Donald Trump anunció para la importación de esta materia prima en Estados Unidos.

Y es que a pesar que muchos vinculan este delito con el surgimiento y la expansión del crimen organizado en el país, lo cierto es que uno de los antecedentes que se manejan es que la banda que hurtó este material en tres regiones del norte habría sido liderada por el empresario, excandidato a la alcaldía de Coquimbo y militante del Partido Republicano, Francisco San Martín.

Vínculos del robo de cables con la política

Esto encendió las alarmas respecto de un eventual financiamiento ilegal de la tienda de ultraderecha, razón por la cual la Comisión Especial Investigadora (CEI) de estos casos en la Cámara Baja -que se reunió este miércoles- consultó al Servicio Electoral (Servel) sobre posibles contribuciones monetarias a Republicanos.

Esto se dio luego de convocar a declarar por unanimidad al timonel del partido y actual candidato presidencial, José Antonio Kast, para que aclarara en dicha instancia sus vínculos con quien hoy se encuentra en prisión preventiva, y a propósito de una foto que circuló en donde se les ve a ambos en una cena. El abanderado, en tanto, se excusó y no asistió a la citación.

Esto mismo lo comentó a El Desconcierto la diputada del Frente Amplio y miembro de la CEI, Camila Tello, quien dijo que "la situación es gravísima (...) No se trata de delitos menores, sino de mafias organizadas que operan con planificación, logística y redes de comercialización, afectando directamente la seguridad y dignidad de las personas. Esto requiere una respuesta urgente del Estado".

Oficio al Servel porque "maneja información"

"Estamos impulsando una ley que tipifica este delito de forma específica, endurece las penas e incorpora nuevas figuras como el sabotaje a redes o la suplantación de trabajadores. También se busca atacar la impunidad: entre 2023 y 2025 hubo más de 900 acciones legales y solo ocho condenas. Además, proponemos exigir trazabilidad en la venta de cobre para cortar el negocio desde la demanda", planteó la oficialista.

Pero uno de los aspectos más preocupantes serían las "investigaciones en curso de vínculos entre estas bandas y actores mundo político. El caso de un del militante del Partido Republicano formalizado por robo de cables y tráfico de cobre, junto a su cercanía con José Antonio Kast, es un ejemplo concreto (...) Se ofició al Servel para investigar posibles aportes a campañas".

Esto lo confirmó su par de Demócratas y presidente del espacio, Víctor Pino, quien reiteró que "desde la comisión enviamos un oficio al Servel para ver si una persona que está siendo investigada ha hecho algún aporte a partidos políticos. El Servel maneja la información y estamos esperando la respuesta", mencionó el integrante del Hemiciclo.

Reunión multisectorial de autoridades en La Serena

Pino, además transparentó que citaron al director nacional de la PDI, Eduardo Cerna, "pero nos solicitó que la intervención que iba a entregar era de carácter secreto por las materias propias de las investigaciones que se están llevando a cabo. Esto se puso en discusión con los miembros de la comisión y fue aprobado unánimemente por todos los diputados. Tuvimos que retirar los teléfonos y hacer el corte de la transmisión".

Asimismo, detalló que se reunieron en La Serena este jueves con parlamentarios regionales, así como los alcaldes de La Higuera y Canela de Coquimbo y Freirina de Atacama en "una sesión especial biregional entre Atacama y Coquimbo. Ahí se expuso abiertamente lo que han sido las diferentes situaciones de robo de cables y quiénes se han visto afectados".

"Tuvimos presencia de la presidenta de la Cámara de Comercio (María Teresa Vial), que nos habló acerca de cómo le afecta a nivel de empresarios, microempresarios y pequeños emprendedores. También pudimos escuchar a los seremis de Seguridad Pública y de Energía de Atacama y de Coquimbo (...) la PDI, Carabineros, Aduanas, Servicio de Impuestos Internos y también algunos organismos privados como las empresas de distribución eléctrica", precisó.

La Higuera es la comuna con mayor robo de cables

En ese sentido, lo que adelantó el legislador es que "lo que nosotros vamos a entregar al final del proceso son una serie de recomendaciones para que el Estado pueda mejorar su gestión en torno al robo de cables. Por eso citamos a distintas autoridades. La próxima semana, el 6 de agosto, vamos a tener al fiscal nacional (Ángel Valencia) en Valparaíso en la sesión de la comisión en la Cámara de Diputados".

Consultado respecto de la intromisión de bandas delictuales, fue claro al asegurar que "esto es crimen organizado. Eso es así. Son mafias, son verdaderos holdings criminales que operan con una estructura de administración operativa. Personas que retiran, que acopian, transportan, procesan, distribuyen, exportan. Es una cosa compleja".

"Hay recomendaciones que nos hacen las autoridades y todo eso va a ir después en el informe final de la comisión, que es votado por los diputados de la comisión. Una vez aprobado ahí, se vota en la sala para que sea aprobado y ratificado por la sala de la Cámara de Diputados", indicó Pino.

Precisamente Coquimbo es la región que figura como la más afectada del país por esta transgresión que opera como parte de una red internacional de exportación de cobre robado cuyos destinos serían India, China y Bélgica. De la misma forma, La Higuera es la comuna con mayor cantidad de delitos de esta índole.