Sin mención no hay inclusión: La deuda pendiente con las y los docentes diferenciales
En un país que se declara en camino hacia una educación inclusiva, resulta escandaloso que quienes hacen posible ese principio desde las escuelas sean invisibilizados y precarizados. Nos referimos a las y los docentes diferenciales, profesionales que trabajan día a día con niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales, muchas veces en contextos de alta complejidad, sin que el Estado reconozca ni valore su labor como corresponde.
El problema más grave que enfrentan es la exclusión histórica de la Bonificación de Reconocimiento Profesional (BRP). Esta exclusión se sustenta en una interpretación restrictiva de la Ley 20.158, que solo considera válidas las menciones pedagógicas asociadas a subsectores de aprendizaje tradicionales, dejando fuera a quienes trabajan en Educación Diferencial.
Lo anterior se consolidó con un dictamen del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación Investigaciones Pedagógicas (CPEIP), encargado de implementar la ley que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente, dado a conocer en 2008, y que niega valor a las menciones profesionales ligadas a modalidades educativas -como la educación especial-, a pesar de que muchas de estos docentes poseen formación universitaria reconocida y experiencia acreditada en el sistema escolar.
El impacto de esta exclusión va más allá de lo económico: vulnera derechos laborales, perpetúa la inequidad de género (dado que la gran mayoría de estas docentes son mujeres) y mina la confianza en un sistema que predica la inclusión, pero que no la practica. Hoy, una o un docente diferencial que trabaja con estudiantes con autismo, trastornos del lenguaje o discapacidades múltiples, no recibe el mismo reconocimiento salarial que un profesional que imparte una asignatura tradicional, aun cuando su formación y nivel de exigencia sean equivalentes o incluso mayores.
A esta injusticia se suman otras omisiones graves del sistema. Por ejemplo, la Ley 20.248 de Subvención Escolar Preferencial (o Ley SEP, que tiene como objetivo principal mejorar la calidad y equidad de la educación) no contempla a escuelas especiales, aulas hospitalarias ni establecimientos de Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA), lo que implica que estas instituciones -que atienden a estudiantes con altísima vulnerabilidad- no reciben recursos adicionales.
Además, la Ley 21.545 o Ley TEA (que promueve la inclusión, la atención integral y la protección de los derechos de las personas con condición del espectro autista) no cuenta con financiamiento específico para su implementación en las escuelas. ¿Cómo se supone que avanzaremos hacia una verdadera inclusión si seguimos negando los recursos y condiciones mínimas a quienes sostienen esa tarea?
Esta situación no puede seguir naturalizándose. Desde el Regional Metropolitano hemos lanzado una campaña con el histórico lema “¡Sin mención no hay inclusión!”, porque estamos convencidas y convencidos de que hablar de inclusión no puede ser un eslogan vacío. Requiere coherencia, justicia y reconocimiento.
En este marco, hemos convocado a una serie de encuentros abiertos con docentes de Educación Diferencial (en los cuales ya se han inscrito más de ciento cincuenta profesionales) con el fin de compartir experiencias, visibilizar esta problemática y construir propuestas colectivas que nos permitan empujar los cambios que nuestro gremio necesita.
Hoy más que nunca debemos levantar la voz. Esta es una lucha por derechos laborales, pero también por una educación verdaderamente inclusiva, donde todas las personas -estudiantes y docentes- sean reconocidas en su dignidad y valor. La inclusión no se decreta desde un escritorio: se construye en el aula, en el vínculo cotidiano, en el compromiso de profesionales que merecen todo el respaldo del sistema educativo.
Desde el inicio de nuestros mandatos como presidenta y vicepresidenta del Regional Metropolitano del Colegio de Profesoras y Profesores hemos reiterado nuestro compromiso con esta causa. No es un tema menor. Es una cuestión de justicia, de ética y de coherencia política. Porque sin mención, no hay inclusión. Y sin inclusión, no hay educación pública con sentido transformador.
