Ley de Permisología: ¿Modernización del Estado o retroceso ambiental?

Este 17 de julio pasado fue el Día de la Defensora y el Defensor Ambiental, una fecha que no basta con conmemorar: se requiere de forma urgente alzar la voz frente a las amenazas que acechan a los territorios, los ecosistemas y a quienes los protegen.

En un país donde la defensa ambiental muchas veces se paga con criminalización, hostigamiento e incluso la vida, resulta alarmante que se promuevan reformas que debiliten aún más las salvaguardas institucionales y ambientales. Ese es el caso de la llamada “Ley de Permisología”, un proyecto que, en nombre de la eficiencia, podría convertirse en un peligroso retroceso.

Impulsada por el gobierno de Gabriel Boric bajo el nombre oficial de Ley de Autorizaciones Sectoriales, la iniciativa busca reducir los tiempos de tramitación de proyectos en hasta un 70%, apelando a la necesidad de destrabar inversiones en sectores estratégicos como la minería y la energía.

Aunque se argumenta que esto no implicará una baja en los estándares regulatorios, diversas voces -incluidas comunidades, organizaciones ambientales y parlamentarias como la diputada Viviana Delgado- han advertido que esta ley podría funcionar como una verdadera “motosierra” contra la protección ambiental.

Uno de los elementos más polémicos es la incorporación del silencio administrativo, que permitiría aprobar proyectos automáticamente si la institución correspondiente no responde en un plazo determinado. Esta lógica, que prioriza la rapidez por sobre la evaluación rigurosa, pone en riesgo ecosistemas frágiles como humedales, glaciares o bosques nativos, y abre la puerta a nuevos abusos en territorios ya golpeados por décadas de extractivismo.

El problema no es modernizar el Estado, sino hacerlo a costa de los principios ambientales y democráticos más básicos. En un país con un historial de colusión, daño ecológico y desplazamiento de comunidades, confiar ciegamente en el autocontrol empresarial es, como mínimo, ingenuo.

Más aún cuando la propia ley contempla que declaraciones juradas de las empresas puedan reemplazar instancias clave de evaluación, debilitando la institucionalidad ambiental y dejando a los territorios aún más expuestos.

Este tipo de medidas, lejos de representar una transición ecológica real, perpetúan el modelo extractivista que muchas y muchos defensores ambientales -desde Petorca hasta Huasco, desde el Wallmapu hasta el archipiélago de Chiloé- han combatido con determinación. Y lo hacen a un altísimo costo. Por eso, en este día, es necesario recordar que defender la naturaleza es también defender derechos humanos, y que el Estado debe garantizar su protección, no abrirle camino al despojo legalizado.

La sociedad civil, los pueblos originarios, las juventudes organizadas, las defensoras y defensores que cuidan los territorios todos los días, tienen un rol clave que debe ser resguardado. No podemos permitir que, bajo el disfraz de la eficiencia, se silencien sus voces, se debiliten las instituciones ambientales y se legisle a espaldas de las comunidades.

Hoy más que nunca, urge fortalecer las herramientas de participación ciudadana, de evaluación independiente y de justicia ambiental. Porque no habrá desarrollo justo sin territorios sanos, ni futuro posible sin quienes los defienden.
Y porque ningún crecimiento económico justifica la destrucción de aquello que sostiene la vida.