Caso Etcheberry: La municipalidad de Paine también es culpable

El pasado viernes 18 de julio en la noche el presidente Gabriel Boric le pidió la renuncia a Javier Etcheberry de su cargo de director del Servicio de Impuestos Internos (SII), solamente por ser deudor moroso de sus casas en la comuna de Paine, llamándonos profundamente la atención que la mayoría de la prensa solo se refiriera a esa circunstancia, luego pasando por alto las flagrantes violaciones cometidas en este episodio en el ámbito territorial, las que oportunamente di a conocer detalladamente en El Desconcierto.

El mismo día viernes 18 de julio en la mañana, nos dirigimos por escrito a Daniel San Martín y a Rodrigo Contreras, director de obras municipales (DOM) y Alcalde de Paine, respectivamente, para que confirmaran que el terreno rural de 5.000 m2, conocido como parcela de agrado, donde se emplazan esas viviendas, incluyendo piscinas, no era apto para este tipo de negocio inmobiliario, ya que lo impedía el artículo 55° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) y el Decreto Ley N° 3.516, recordándoles a ambos que ese predio forma parte de un condominio privado y cerrado, pero ¡ oh sorpresa ! ambas autoridades optaron por no responder.

Aprovecho de invitar a los agentes públicos San Martín y Contreras que pongan sus deditos en cualquier buscador de internet para que conozcan los dictámenes de la Contraloría General de la República y las sentencias de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional (TC) sobre esta materia. Si lo hacen, constatarán que no es broma vulnerar el DL 3.516 y de paso la LGUC.

Sin embargo, esa municipalidad envió a todos los medios de prensa un comunicado mencionando que una de las casas de Etcheberry, obtuvo un permiso de edificación entre los años 2000 y 2003 y que, en el año 2019, el mismo solicitó otro permiso "para agregar nuevas construcciones no contempladas en las autorizaciones anteriores" la que "fue evaluada de acuerdo con la normativa vigente", motivo por el cual "se rechazó conforme a la norma".

También se lee en ese comunicado que la municipalidad "seguirá actuando con transparencia y conforme a la ley, reafirmando su deber de resguardar el ordenamiento territorial y el desarrollo armónico de nuestra comuna" (sic). Todos los lectores desprevenidos debieron inferir que es verdad lo que expresa la municipalidad de Paine en orden a que es rigurosa en el cumplimiento de las normas.

Pero eso no es así, ya que el permiso de edificación por la primera vivienda no se debió haber otorgado por la razones ya explicadas y la segunda vivienda que carece de permiso, suponemos porque Paine aplicó su propia Ordenanza Municipal N° 1 del año 2011 que habla de las construcciones aledañas a la laguna de Aculeo, las que requieren informes favorables del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), lo que, más otros argumentos, ha sido publicado por abogados y arquitectos expertos en la conocida plataforma Linkedin.

Queda claro entonces que la exagerada morosidad en el pago de las contribuciones de bienes raíces es el motivo que utilizó el gobierno para destituir a Etcheberry, pero aquellos que algo sabemos de normativas territoriales hemos tenido la obligación ética de darlas a conocer y por ello ya le he solicitado una audiencia a Carolina Saravia, Subdirectora de Fiscalización del SII, para que el gobierno de Boric, con las modificaciones legales necesarias -como por ejemplo aplicándose los Derechos Reales de Conservación de la Ley 20.930-, impida a futuro la violación de la LGUC y el DL 3.516.

Se concluye que las viviendas ilegales ya existentes en predios rurales de todo el país son hechos irremediablemente consumados y me pareció muy bien que Etcheberry haya pagado su deuda completa, con lo cual reconoció su falta y por ello sería deseable que la vivienda objetada sea recibida oficialmente por la DOM de Paine.

Debido a que este asunto lo tratamos el 15/07/2025 con Valentina Durán, directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), nos gustaría que Carlos Montes y Esteban Valenzuela, ministros de Vivienda y Agricultura, respectivamente, lideren las modificaciones normativas para que sí, en el futuro, sea posible que los ciudadanos puedan disponer de una vivienda en los terrenos rurales.