Estación Central: La zona de sacrificio urbano no es sólo un asunto de seguridad
Hace dos años el alcalde de Estación Central escribía una columna de opinión en Cooperativa titulada “Zona de sacrificio urbano: un asunto de seguridad”. Hace aproximadamente tres años, su encargado de planificación, nos decía lo mismo en una asamblea en la Junta de Vecinos de la histórica Población Laboratorio Chile, actualmente sepultada bajo la sombra de los infames “Ghettos Verticales”.
No puedo olvidar que la discusión terminó con una de las tantas mujeres adultas mayores que han vivido históricamente en el barrio diciendo que ella “no dudaría” en dispararle a cualquier persona que se atreviese a cruzar su muro. Así como, tras ella, vecinos justificadamente impotentes y enardecidos se atrevían a condicionar derechos sociales para los nuevos residentes, haciendo eco del énfasis en seguridad planteado por el municipal.
Hoy día no caben dudas que el alcalde apostó por el enfoque en seguridad. Guardias municipales encapuchados son mostrados día a día en las rrss de la Municipalidad “luchando” contra carros de cocina y vendedores ambulantes, imponiendo un enfoque de “sanidad urbana” basado en “calles limpias y despejadas” como indicadores de “orden público”.
Al mismo tiempo, casas de secuestro y tortura, son divulgadas en la televisión, justificando de manera irremediable la necesidad de aumentar las dotes económicas y estratégicas en materia policial.
Sin embargo, lo que que ha quedado en total menosprecio e invisibilidad ante el enfoque “militarizado” de la Municipalidad es la oportunidad histórica de elaborar una política efectiva de reparación de una “zona de sacrificio urbano”. Una discusión y posición efectiva sobre cuál es el tipo de “extractivismo” en la comuna, qué tipo de reparación y justicia exige, y qué diagnóstico deja en materias de cuidado, salud y revitalización comunitaria.
Decir que una “zona de sacrificio urbana es un asunto de seguridad” le ha permitido a la Municipalidad no tener que pronunciarse ni comprometerse con las políticas efectivas de reparación y justicia integrales que requeriría la comuna para revitalizar el territorio “sacrificado”. Qué medidas interministeriales y transdisciplinares son exigidas para “sanar” los efectos de las violencias urbanísticas, pero también, cómo se caracteriza el tipo de asociación ilícita entre el anterior municipio de derechas, las inmobiliarias y las redes de tratas de migrantes que la promovió.
La miopía y el interés electoral de arrinconar la discusión sobre qué es una “zona de sacrificio urbana” en una cuestión policial y no política permite que nadie pregunte por los datos y las características de los problemas de salud, trastornos de salud mental, casos de violencia doméstica, situaciones de conflicto en la convivencia barrial y escolar, así como los tipos de desplazamiento internos que suscitó el “sacrificio”.
La impronta policial, la limitación del enfoque de seguridad sobre el concepto de “zona de sacrificio urbano”, tampoco permite caracterizar el tipo de régimen y economía extractivista que lo produce y reproduce.
Contradictoriamente, la limitación le quita al municipio denunciante la posibilidad de visualizar y ejercer un rol político e institucional de garantía de derechos, por consiguiente, de ejecutar cierta capacidad de transformación de las condiciones de la violencia y daño, manteniéndolo reducido a mero aparato reproductor, capaz sólo de gestionar y administrar los efectos de la devastación.
Siguiendo la reflexión que han planteado los estudios sobre extractivismos, el rol de administrador de la devastación y no de transformador lo presenta como una falsa contraparte y, más bien, como un actor que también acumula valor y ganancia del proceso de dañabilidad. Acumulación de capital político en tiempos de “derechización electoral”.
No podemos olvidar que la definición de zona de sacrificio tiene un carácter técnico y político de larga trayectoria asociado a la guerra fría, a la dictadura, como al neoliberalismo extractivista de los últimos 30 años.
En ese sentido, es un total acierto del alcalde nombrar públicamente como “zona de sacrificio urbano” a un territorio que fue severa y sistemáticamente dañado por una economía ilegal y paraestatal que asoció a la UDI, empresas inmobiliarias, traficantes de personas y cárteles en la acumulación de ganancias a partir del traslado y localización de poblaciones completas de personas en condiciones de hacinamiento. Pero también, que impulsó desplazamientos de poblaciones locales y estimuló conflictos sociales basados en racismos, precariedades transgeneracionales y frustraciones heredadas.
Hoy en día, limitar la definición de zona de sacrificio urbano a un problema de seguridad no permite respuestas políticas a la devastación. Que el territorio, sus organizaciones vecinales, sus organizaciones sociales puedan exigir al municipio y al Estado reparar y transformar las condiciones de hacinamiento, desplazamientos forzados, erosión de los vínculos comunitarios que ha dejado el extractivismo urbano en la comuna.
No permite tampoco anticipar la evidencia que ha caracterizado a Latinoamérica, que el crimen organizado y sus economías para-estatales infiltran las fuerzas de seguridad, policías y el ejército, por lo tanto, cómo no va infiltrar una fuerza tan precaria como la “seguridad municipal”.
En el continente ha quedado demostrado que la única y más eficaz herramienta ante el avance del necro-narco extractivismo urbano y social es el fortalecimiento de las redes de participación social, la conexión entre aparatos de garantía de derechos (centros de salud, escuelas y universidades) y los centros sociales y culturales.
La reparación de la memoria devastada en los barrios, la revaloración social y comunitaria de los espacios colectivos, así como una lucha transversal por reparar los daños en materias de justicia, salud y educación. En conclusión, no estimular la movilización de vecinos contra otros vecinos, sino la movilización de territorios completos y diversos contra la devastación psicoafectiva de sus comunidades.
