
Plata del Congreso, negocio familiar y campaña UDI: Fiscalía complica a Lavín Jr. con grave acusación
El diputado Joaquín Lavín León, hijo del exalcalde del mismo nombre, podría ser formalizado en los próximos días por la Fiscalía Oriente tras conocerse nuevos antecedentes que lo vinculan a una presunta defraudación de fondos públicos y uso indebido de recursos del Congreso.
La acusación se basa en un entramado de irregularidades que incluye facturas falsas, clientelismo político y el uso de una aplicación tecnológica para fines particulares.
Según detalla la solicitud de desafuero presentada por el Ministerio Público, Lavín León habría operado como un “alcalde en las sombras” durante la gestión de su esposa, Cathy Barriga, en la Municipalidad de Maipú. Además, habría desviado fondos parlamentarios a través de boletas y facturas ideológicamente falsas, por un monto que superaría los $100 millones de pesos.
El caso Socialtazk: datos privados y campaña política encubierta
Uno de los ejes centrales de la investigación es una plataforma digital llamada “Socialtazk”, que según Lavín fue contratada para brindar servicios web a su labor legislativa y por eso fue pagada con recursos del Congreso. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que la app, vinculada a la empresa Modo 74, fue en realidad un emprendimiento familiar desarrollado con fines lucrativos.
En la operación habrían participado sus hermanos, Juan Pablo y María Estela Lavín León, quienes figuran como representantes de Panel Ciudadano, una firma especializada en encuestas, análisis de datos y estudios de mercado. El ente persecutor afirma que Lavín utilizó a sus asesores parlamentarios en horario laboral para impulsar este proyecto personal.
Entre 2020 y 2021, en pleno período electoral, Lavín León habría ofrecido el servicio de Socialtazk a más de 70 candidatos de la UDI en todo el país. A cambio del uso gratuito de la plataforma —que permitía el envío masivo de mensajes de texto para campaña—, solicitaba a los candidatos bases de datos con información privada de los habitantes de sus comunas.
Montos defraudados superarían los $200 millones
Además del uso ilícito de bases de datos personales, la Fiscalía determinó que Lavín León ordenó a su equipo parlamentario destinar parte importante de sus jornadas laborales al desarrollo de la aplicación y sus servicios asociados.
El monto de la defraudación al Fisco asociado a este caso alcanzaría los $93 millones, que se suman a los más de $100 millones en facturas falsas detectadas previamente. En total, el perjuicio fiscal superaría los $200 millones de pesos.