
Trump recrudece bloqueo a Cuba en plena crisis: turismo cae 27% y apagones afectan a más del 50% del país
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes un nuevo memorando que endurece de manera significativa la política hacia Cuba.
La medida —que comenzará a regir en los próximos 30 días— revierte parte de las disposiciones adoptadas durante el gobierno de Joe Biden, quien había implementado ciertos alivios al bloqueo económico y comercial vigente desde hace más de seis décadas.
Según lo informado por la Casa Blanca, el objetivo de la directiva es desmantelar "las prácticas económicas que benefician desproporcionadamente al gobierno, las fuerzas armadas, la inteligencia o las agencias de seguridad cubanas a expensas del pueblo cubano".
La administración Trump reafirmó que se opondrá a cualquier resolución internacional que busque levantar el embargo y detalló que se reforzará la prohibición de viajes turísticos a la isla por parte de ciudadanos estadounidenses, además de establecer auditorías obligatorias y la conservación de registros durante cinco años para todas las transacciones relacionadas con viajes.
Uno de los ejes centrales del memorando es la reactivación de sanciones contra Gaesa, el conglomerado de empresas controlado por el Ejército cubano y propietario de gran parte de la infraestructura hotelera y comercial del país.
Estas sanciones ya habían sido impuestas por Trump en su primer mandato, pero fueron revertidas en 2021 por la administración Biden, lo que permitió durante algunos meses una reactivación parcial de los vínculos comerciales y turísticos entre ambos países.
El texto presidencial también reafirma el compromiso de su gobierno con el embargo económico y solicita una revisión de las denuncias por violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen cubano, incluyendo detenciones arbitrarias y tratos inhumanos.
Asimismo, ordena un informe oficial sobre los fugitivos de la justicia estadounidense que se encuentran en Cuba o bajo protección del gobierno de la isla.
Turismo en picada y sin horizonte de recuperación
El endurecimiento de la política estadounidense llega en un momento de agudo deterioro para el turismo cubano, uno de los pilares económicos tradicionales del país.
Entre enero y mayo de 2025, Cuba recibió apenas 862.343 turistas internacionales, lo que representa una caída del 27% respecto del mismo periodo del año anterior.
Canadá, el principal mercado emisor, experimentó un retroceso del 28,5%, mientras que el turismo ruso —que había crecido fuertemente el año anterior— cayó un 45,5%.
Con estas cifras, la meta gubernamental de atraer a 2,6 millones de visitantes durante 2025 aparece cada vez más lejana.
El año pasado se recibieron 2,2 millones, y en 2023 apenas 2,4 millones, muy por debajo de los 4,6 millones registrados en 2018, cuando el llamado "deshielo" con Estados Unidos propició un auge en los viajes.
La actual debilidad del sector se atribuye a múltiples factores: la grave crisis energética que afecta a toda la isla, la reducción de rutas aéreas y las sanciones económicas impuestas por Washington.
La Casa Blanca ha reiterado que las medidas están dirigidas específicamente a evitar que el régimen cubano se beneficie de la actividad turística, dado que gran parte de la infraestructura hotelera está controlada por el aparato militar a través de empresas como Gaesa.
Además de frenar los ingresos por turismo, el nuevo memorando establece mecanismos de control más estrictos para impedir que ciudadanos estadounidenses utilicen las 12 categorías legales que aún permiten ciertos viajes a Cuba, como visitas familiares, proyectos humanitarios o actividades educativas.
Las autoridades indicaron que se realizarán auditorías regulares y se exigirá mantener registros de todas las operaciones durante al menos cinco años.
Apagones prolongados, falta de combustible y economía al borde del colapso
En paralelo al endurecimiento de la política exterior estadounidense, Cuba atraviesa una de las crisis internas más severas desde el colapso del bloque soviético.
Solo en las últimas semanas, la isla ha experimentado apagones simultáneos en más del 50% de su territorio durante las horas de mayor demanda.
Según datos de la empresa estatal Unión Eléctrica (UNE), la afectación récord llegó a 1.977 megavatios (MW), con una capacidad de generación disponible de solo 1.917 MW para una demanda estimada de 3.600 MW.
La situación ha sido atribuida a fallas recurrentes en centrales termoeléctricas con más de 40 años de antigüedad, falta de combustible y un alza en la demanda debido a las altas temperaturas del verano.
Siete de las 20 unidades de producción termoeléctrica están fuera de servicio y más de 100 centrales de generación distribuida no operan por falta de diésel o fueloil.
En La Habana, los cortes pueden alcanzar entre cuatro y seis horas diarias, mientras que en otras zonas del país se han reportado interrupciones de hasta 20 horas continuas.
El gobierno cubano ha reconocido públicamente que no cuenta con las divisas necesarias para solventar esta emergencia, mientras que especialistas independientes estiman que sería necesario invertir entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para recuperar la red eléctrica nacional.
La crisis energética ya ha afectado seriamente al Producto Interno Bruto (PIB) del país. La economía cubana se contrajo un 1,9% en 2023 y no creció en 2024, según cifras oficiales.
El gobierno prevé un crecimiento de apenas 1% para 2025, aunque los cortes eléctricos y la baja inversión hacen prever un escenario incluso más pesimista.
Vejez en precariedad y el peso de la migración
El contexto social de la isla también es alarmante. Más del 25% de la población tiene 60 años o más, lo que convierte a Cuba en uno de los países más envejecidos de América Latina.
La mayoría de los adultos mayores sobrevive con pensiones que apenas alcanzan los cinco dólares mensuales en el mercado informal.
Muchos de ellos recurren a ventas callejeras de café, cigarrillos o artículos reciclados para complementar sus ingresos, mientras otros dependen exclusivamente de remesas enviadas por familiares en el extranjero.
El país vive una fuerte ola migratoria desde 2022, en la que cerca de dos millones de personas —principalmente jóvenes— han abandonado la isla.
Esto ha dejado a decenas de miles de ancianos sin apoyo familiar directo. Las estadísticas oficiales muestran que más del 39% de los jubilados reciben solo la pensión mínima, que equivale a unos 13 dólares al cambio oficial, pero apenas a 4 dólares en el mercado informal.
Los comedores del Sistema de Atención a la Familia (SAF) —que entregan platos de comida a un precio simbólico— acogen a unos 68.000 ancianos, pero no alcanzan a cubrir la demanda creciente.
El desabastecimiento de productos básicos, la inflación y la escasez de medicamentos agravan aún más las condiciones de vida.
Organizaciones civiles y religiosas han intentado llenar ese vacío con servicios como distribución de ropa, comida y asistencia médica, pero su alcance es limitado.
En muchos barrios de La Habana, es común ver a adultos mayores haciendo largas filas para conseguir productos racionados o mendigando en la calle.
“Lucha por la vida, que la muerte está segura”, resume un jubilado entrevistado por la prensa internacional.
Cuba responde: no nos doblegarán
Desde La Habana, la reacción al nuevo memorando no se hizo esperar. El canciller Bruno Rodríguez señaló que se trata de una ofensiva para reforzar la "agresión y el bloqueo económico", mientras que el primer ministro Manuel Marrero aseguró que las medidas recrudecen una guerra económica en curso.
El Presidente Miguel Díaz-Canel, por su parte, declaró que la nueva política responde a “intereses estrechos y no representativos de la mayoría en Estados Unidos” y reafirmó que “se sentirá el impacto, pero no nos doblegarán”.
El texto firmado por Trump también reitera que la política de “pies secos, pies mojados” —que garantizaba asilo a cubanos que ingresaban ilegalmente a territorio estadounidense— seguirá suspendida, como parte de una estrategia para desalentar la migración irregular.
Trump ha contado históricamente con el respaldo de una parte importante de la comunidad cubanoestadounidense, aunque algunas decisiones como la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos cubanos, haitianos, venezolanos y nicaragüenses han generado críticas dentro de ese mismo sector.
Mientras tanto, la isla enfrenta un futuro incierto: con una economía estancada, una población envejecida, una red eléctrica colapsada y un turismo en crisis, el nuevo endurecimiento de las sanciones parece agravar un panorama ya marcado por la precariedad.