"Motosierra ambiental" del gobierno de Boric es despachada de la Cámara con rechazo del FA, sector del PS y abstención del PC
Este martes, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley de permisos sectoriales -también conocido como "motosierra ambiental" o "Ley de Permisología"-, impulsado por el gobierno.
La iniciativa queda oficialmente lista para convertirse en ley tras su despacho durante la jornada, cumpliendo con el plazo estimado establecido por el Ejecutivo para su aprobación.
La propuesta fue respaldada con amplia mayoría en la Cámara, menos con el voto del Frente Amplio, pese a ser un proyecto impulsado por el Ministerio de Economía, y la abstención del Partido Comunista.
El objetivo de la propuesta es reducir significativamente la burocracia que enfrentan los proyectos de inversión en el país.
En concreto, disminuirá entre un 30% y un 70% los tiempos de tramitación de los más de 400 permisos requeridos actualmente por distintos organismos públicos, pero sin transgredir los estándares regulatorios.
El diputado Diego Schalper (RN) valoró la aprobación de la iniciativa, asegurando que "permitirá dinamizar la economía y sacar adelante grandes proyectos de inversión detenidos por la burocracia".
¿Qué establece la Ley de Permisología?
Entre sus principales ejes se encuentra la armonización normativa, mediante la creación de un conjunto de normas comunes para todos los permisos.
Estas son el uso obligatorio de formularios digitales, plazos máximos, exámenes de admisibilidad, informes interinstitucionales y la implementación del silencio administrativo positivo como mecanismo de garantía para el solicitante.
Otro de los aspectos innovadores que incorpora la ley es la posibilidad de reemplazar autorizaciones de bajo riesgo por Técnicas Habilitantes Alternativas (THA), como declaraciones juradas o simples avisos.
Estas herramientas permitirán acelerar procesos en casos donde no se comprometan riesgos relevantes. Sin embargo, estarán sujetas a fiscalización expost con severas sanciones ante cualquier tipo de fraude o falsificación.
Preocupación de ambientalistas
Sin embargo, algunas voces advierten que el proyecto es un retroceso para la protección del medio ambiente.
Y es que el proyecto establece la posibilidad de emitir declaraciones juradas que reemplacen a las autorizaciones.
"Las modificaciones del Senado generan preocupación ya que se amplían las declaraciones juradas a todos los permisos, incluso a aquellos de alto riesgo como materiales explosivos, tóxicos, relaves mineros, líquidos industriales y otros que son de extrema peligrosidad para nuestras comunidades", expresó la diputada Natalia Castillo (PC).
En ese sentido, se reducirían los estándares "de protección a humedales y la capacidad de fiscalización".
Por su parte, el diputado Daniel Melo (PS) escribió a través de X que el proyecto "no está a la altura del Chile que queremos construir, debemos proteger el derecho a la salud y el de vivir en un ambiente libre de contaminación".
