Desde los 383 extravíos de armas hasta fusiles vendidos a $2 millones: el historial de delitos dentro del Ejército
El 23 de junio de 2025, el OS7 de Carabineros detuvo a seis suboficiales del Ejército y a un civil por integrar una organización criminal dedicada al traslado de drogas desde el norte hacia la Región Metropolitana.
El operativo, que incluyó seguimientos desde la región de Tarapacá hasta Santiago, permitió incautar 192 kilos de cocaína y pasta base avaluados en $3.000 millones, y tres vehículos utilizados para el transporte.
Según informó la fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, los detenidos operaban con funciones divididas: uno coordinaba el traslado, otros manejaban los vehículos y otro organizaba la logística. Ninguno actuaba con uniforme.
La captura fue posible gracias a una denuncia interna del propio Ejército, según destacaron las autoridades.
El Ejército, a través del general Pedro Varela, informó que los seis suboficiales pertenecían a la Segunda Brigada Acorazada Cazadores de Pozo Almonte y que fueron dados de baja de inmediato.
El ministro del Interior, Luis Cordero, calificó el caso como “delicado” y señaló que aún hay interrogantes sobre la red de contacto y los distribuidores de la droga.
Tras esta detención, que reabrió el debate sobre el involucramiento de uniformados en redes criminales, reaparecieron con fuerza una serie de casos ocurridos en los últimos años que evidencian un problema más amplio y estructural: robos de armas desde cuarteles, vínculos directos con bandas delictuales y graves fallas de seguridad al interior de las Fuerzas Armadas y de Orden.
A continuación, repasamos algunos de los episodios más relevantes registrados desde 2012 hasta hoy.
Robos dentro de regimientos: el caso del Regimiento Maipo
Cinco días antes, el 18 de junio, un grupo de seis encapuchados ingresó al Regimiento de Infantería Nº2 Maipo, en Valparaíso, y robó dos fusiles tras reducir a dos soldados conscriptos con armas blancas.
La Fiscalía Militar abrió una investigación por posible participación de uno de los conscriptos, quien incurrió en contradicciones al relatar los hechos.
Ministerio de Defensa ordena revisión de protocolos
Ese mismo día, y como reacción al robo en Valparaíso, el Ministerio de Defensa anunció una revisión urgente de los protocolos de seguridad en todos los recintos militares del país.
Se convocó una reunión extraordinaria con los comandantes en jefe de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, mientras Carabineros asumió la investigación penal.
La ministra Delpiano aseguró que “no se tolerarán hechos que pongan en riesgo la seguridad de las Fuerzas Armadas ni de la ciudadanía”.
Robo en campo de entrenamiento de la Armada
El 27 de febrero de 2025, cuatro sujetos encapuchados asaltaron el campo de entrenamiento Almirante Bascuñán de la Armada en Concón.
Intimidaron con pistolas a dos infantes de marina, robaron fusiles, chalecos antibalas, municiones y cascos.
A pesar de los disparos, los efectivos navales no repelieron el ataque. El Ministerio Público decretó secreto de la investigación por 40 días.
La Armada anunció acciones legales contra los responsables y reiteró su compromiso con la seguridad de sus instalaciones.
Caso Colchane: militar agredido y arma robada
El 10 de agosto de 2024, un militar que custodiaba la frontera con Bolivia en Colchane fue agredido por dos sujetos que le sustrajeron su fusil.
El arma fue recuperada más tarde. El Ejército interpuso una denuncia por robo de material de guerra y maltrato de obra a personal de las Fuerzas Armadas, además de iniciar una investigación sumaria para determinar responsabilidades.
Corte Suprema redefine delito por robo de arma
El 16 de diciembre de 2024, la Corte Suprema resolvió que el robo de una subametralladora UZI por parte de un carabinero no debía ser calificado como delito militar.
En cambio, lo condenó por robo en lugar no destinado a la habitación, reduciendo la pena original de seis años.
El funcionario había vendido el arma a un tercero por $1,3 millones, según acreditó la investigación.
El precio del armamento en el mercado negro
Según un reportaje de CIPER publicado en junio de 2022, las sentencias dictadas por la Corte Marcial revelaron que pistolas eran vendidas a $300 mil, revólveres a $100 mil, fusiles hasta en $2 millones, y granadas por $30 mil.
En total, entre 2012 y 2022, hubo 38 casos de robo o desaparición de armas y municiones que terminaron con condenas a 54 uniformados.
Vínculos con bandas delictuales
En otro reportaje de CIPER (junio de 2022), se constató que en al menos 15 de esos casos, las armas sustraídas por militares o carabineros fueron a parar a bandas delictuales o narcotraficantes.
En seis de ellos, la justicia militar acreditó el vínculo directo. En Putre, por ejemplo, un conscripto confesó que vendió un fusil para una “mexicana”.
En Viña del Mar, un carabinero vendió una UZI a un narco para ganar confianza y conseguir droga. En Antofagasta, un cabo sustrajo municiones que vendía a traficantes.
Testimonios que revelan fallas estructurales
En mayo de 2022, CIPER documentó cómo miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden confesaron robos facilitados por instalaciones mal resguardadas: techos con forados, puertas sin candado, ventanas cubiertas con planchas sueltas.
En varios casos, los funcionarios salieron con armas escondidas sin enfrentar control alguno.
Robo masivo en el Instituto de Investigaciones del Ejército
El 21 de marzo de 2022, un grupo de sujetos sustrajo más de 50 armas desde el Instituto de Investigaciones del Ejército en Santiago.
Un civil, empleado del mismo instituto, facilitó la entrega de las pistolas luego de recibir una llamada falsa de un supuesto superior. Posteriormente fue detenido y se abrió una investigación administrativa y penal.
Casos anteriores: una década de robos y descontrol
Los registros de prensa muestran una línea continua de hechos similares desde al menos 2012:
- En 2019, conscriptos del Regimiento Tacna simularon un asalto para entregar sus fusiles a un excompañero.
- En 2018, una banda robó 16 armas a la PDI. Ese mismo año, 118 armas fueron traficadas desde la 23ª comisaría de Carabineros en Talagante.
- En 2017, se perdieron 55 armas. En Iquique desaparecieron 28 armas desde la 1ª Comisaría.
- En 2016, se extraviaron seis armas en la subcomisaría de Cerrillos. Un carabinero sustrajo subametralladoras UZI, pistolas y cargadores con ayuda de un civil.
- En 2014, granadas y explosivos fueron robados desde el Regimiento de Coquimbo. Los soldados los sacaron a pie y los repartieron en una micro.
- En 2013, un conscripto en Arica permitió el ingreso de un civil al regimiento para sustraer fusiles y municiones.
383 armas desaparecidas desde 2012
Según datos sistematizados por medios y confirmados por CIPER, entre 2012 y 2025 han desaparecido al menos 383 armas desde las instituciones armadas y policiales.
Carabineros lidera con 229 casos, seguido por la PDI (74), Ejército (69), Armada (6), Gendarmería (4) y Fuerza Aérea (1). En muchos de los casos, las armas fueron recuperadas tras procedimientos policiales o halladas en manos de bandas criminales.
Un patrón que se repite
Los casos acumulados durante más de una década revelan un patrón sostenido: funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden que sustraen armas y pertrechos desde los propios recintos institucionales, muchas veces con ayuda de cómplices civiles y con destino final en bandas criminales o redes de narcotráfico.
Las fallas de seguridad internas, la falta de controles reales y las motivaciones económicas siguen generando condiciones propicias para estos delitos.
El caso de los seis suboficiales del Ejército detenidos por narcotráfico no es un hecho aislado. Es, como lo han mostrado las investigaciones judiciales y periodísticas, la continuación de una crisis institucional que acumula antecedentes, pero aún no respuestas suficientes.
