Acusaciones por maltrato laboral contra el diputado Miguel Becker (RN): ¿Crónica de un abuso de poder?
Abuso de poder
La denuncia interpuesta por la Asociación Nº1 de Funcionarios de Parlamentarios de la Cámara de Diputados (Anfunpar) contra el diputado de Renovación Nacional, Miguel Ángel Becker, por maltrato laboral y vulneración de derechos fundamentales no es un hecho aislado, sino una muestra de cómo el aparato estatal puede reproducir dinámicas de opresión normalizadas.
Se alega la transgresión del artículo 19 N°1 y N°4 de la Constitución Política, así como la Ley 21.643 (Ley Karin), norma que busca prevenir y sancionar el acoso y la violencia en el entorno laboral.
Según Dimitri Morales, presidente de Anfunpar, varios funcionarios sufrieron secuelas psicológicas tras ser despedidos por una genérica "pérdida de confianza", sin evaluación objetiva ni debido proceso. Esto transforma el vínculo laboral en un espacio de dominación arbitraria, donde el miedo sustituye al mérito y la obediencia se vuelve el principal criterio de permanencia.
Como advertía el sociólogo italiano Alessandro Pizzorno, la organización burocrática puede transformarse en una tecnología de subordinación cuando no está sujeta a control ético ni responsabilidad política.
Hipocresía discursiva
Resulta particularmente contradictorio que el propio Becker haya denunciado en enero de 2025 casos de acoso laboral en La Araucanía, exigiendo protección para los trabajadores. Esta incoherencia revela una crisis de integridad pública: se condena el abuso cuando ocurre fuera, pero se ejerce internamente cuando se tiene poder.
El filósofo John Rawls en su obra Liberalismo Político decía: “El poder político debe ejercerse en formas que los ciudadanos puedan razonablemente esperar que sean justificables a la luz de principios que ellos mismos aceptarían”.
Los despidos sin fundamento claro son expresiones de violencia institucional que exceden lo administrativo. Son gestos de deshumanización. En lugar de proteger, el Estado daña.
Capacitaciones en el crucero Skorpios II
Como antecedente del estilo de gestión vinculado al diputado Becker, llama la atención que la Municipalidad de Temuco -cuando él fue edil- haya destinado $100 millones entre 2013 y 2016 para capacitaciones en el crucero Skorpios II. Los pagos fueron realizados a través de contratos directos con el Instituto La Araucana y licitaciones adjudicadas a Chile Trainers, empresa ligada al entorno municipal.
Este gasto, difícil de justificar en su utilidad real, revela una cultura institucional más preocupada por el privilegio que por el servicio público. Como ha planteado en diversos ensayos el constitucionalista Javier Couso, la ética republicana exige austeridad no solo en el gasto, sino también mesura y responsabilidad en el ejercicio del poder público.
Conclusión
Como advirtió la teórica política Judith Shklar, la forma más corrosiva de injusticia es aquella que se comete desde posiciones de autoridad que se amparan en la retórica de la justicia para ocultar el abuso (The Faces of Injustice, 1990).
El caso Becker debe leerse como un llamado urgente a reformular el trato que el Estado da a sus propios trabajadores. No se trata solo de cumplir la ley, sino de encarnar una ética pública que rechace el maltrato como herramienta de gestión.
