Chile y la IA: Líder en implementación ética, responsable y segura para Latinoamérica
Este 2025, Chile consolida su liderazgo regional en materia de Inteligencia Artificial (IA). Así lo establece el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA) publicado por el CENIA el 2024, que ubica al país en el primer lugar entre 19 países.
Este reconocimiento no es casual: refiere a factores ejemplares como su gobernanza en IA, el importante desarrollo de infraestructura tecnológica y su alto nivel de talento humano especializado en IA. Pero más allá de los rankings, lo que está en juego hoy es algo esencial: el futuro del trabajo en Chile.
Desde hace varios años nuestro país ha seguido muy de cerca las normativas internacionales sobre el uso responsable de la IA y transitando hacia una implementación ética, responsable y legal de la IA. Desde la Política de Inteligencia Artificial del 2020, Chile fue uno de los primeros en adherir a las recomendaciones de la OCDE sobre IA, instrumento normativo internacional ético, basado en derechos humanos, que propone un compromiso para los países en esta materia.
La Ley de Inteligencia Artificial recientemente aprobada -basada en el enfoque de gestión de riesgos del Acta de IA de la Unión Europea- marca un punto de inflexión en la regulación tecnológica. Establece cuatro niveles de riesgo para los sistemas de IA.
Los de “riesgo inaceptable” quedan prohibidos; los de “alto riesgo”, que pueden afectar la salud, seguridad, derechos fundamentales, medioambiente o consumidores, deben cumplir con requisitos estrictos como gestión de riesgos, supervisión humana y medidas de ciberseguridad. Los sistemas de “riesgo limitado” presentan bajo riesgo de manipulación o engaño, y deben garantizar transparencia e informar claramente a los usuarios cuando interactúan con una IA. Por último, los sistemas “sin riesgo evidente” no están sujetos a obligaciones legales específicas.
Este marco normativo no solo protege derechos fundamentales, sino que también abre nuevas oportunidades para la transformación del mercado laboral, al fomentar el desarrollo de capacidades técnicas, regulatorias y éticas en torno al uso responsable de la inteligencia artificial.
En esta línea de implementación ética, responsable, legal y basada en la gestión de riesgos, el gobierno anunció este mes la creación de cinco nuevos perfiles laborales en materias de Inteligencia Artificial, adelantándose a las necesidades de un mercado en expansión y que requiere de conocimientos especializados asociados a la implementación de políticas que lo regulan.
Entre ellos, destaca el papel de auditora/auditor de ética en IA, con funciones que van desde la evaluación de riesgos hasta la supervisión y diseño de estrategias de gobernanza. Este nuevo perfil -junto a otros vinculados a ciberseguridad, gestión de datos y diseño de algoritmos responsables- refleja cómo la ley está impulsando una demanda concreta por talento técnico y ético.
Por ejemplo, si un hospital público quiere incorporar IA para predecir complicaciones en pacientes crónicos, este se definiría como un sistema de “alto riesgo”. Por tanto, deberá no solo validar su eficacia, sino también contar con profesionales que supervisen riesgos éticos, garanticen la transparencia de los datos, implementen mecanismos de supervisión humana y monitoreen posibles sesgos. Esto podría traducirse en nuevos empleos, como auditores y auditoras en IA, ingenieros de datos con formación ética y equipos clínico-tecnológicos de evaluación continua.
El establecimiento de niveles de riesgos asociados a los sistemas de IA implicará para las organizaciones una serie de restricciones, obligaciones y multas que van en directa relación con el proceso de acreditación, ejecución y auditoría de estos proyectos, obligando a estas a la incorporación de nuevas funciones y competencias, así como a la reconversión urgente de estas habilidades en múltiples sectores, exigiendo a su vez alfabetización digital crítica con comprensión ética y capacidades de supervisión humana.
Por otro lado, esta nueva legislación permitirá asegurar los derechos de los consumidores, entregando responsabilidades claras a los proveedores de IA, asociadas a la protección de datos personales, la obligación de informar el uso de IA, la creación de mecanismos de reclamo y la indemnización ante daños y perjuicios.
Esta ley representa un gran paso para la IA en el país, nos prepara para enfrentar de manera más segura un futuro que hoy parece impredecible y muchas veces visto como distópico. El enfoque de gestión de riesgos implicará una serie de desafíos extra para la industria nacional, que podría llegar a ralentizar emprendimientos e incorporación de nuevas funcionalidades.
El desafío es grande: se necesita una estrategia de formación continua, con colaboración público- privada, incluyendo al mundo académico y la industria nacional, quienes deben mirar con atención esta normativa, fortaleciendo el talento humano especializado en IA.
Chile tiene una oportunidad histórica. No sólo de regular la IA, sino hacer de ella un motor para mejorar en el empleo, la calidad del trabajo y la equidad en el acceso a las oportunidades del siglo XXI. Para ello, no basta con legislar: se necesita una estrategia que forme parte de una política pública robusta, capaz de acompañar e incluir a diversas actorías en esta transformación tecnológica.
