Isapre aplicó tabla de factores derogada y cobró durante 30 meses de más a afiliado: Ordenan devolución de $9 millones
Entre septiembre de 2017 y marzo de 2020, un afiliado de la isapre Banmédica fue víctima de una serie de cobros en exceso que, según determinó el Octavo Juzgado Civil de Santiago, se generaron por la aplicación de una tabla de factores que ya estaba derogada.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, esta situación llevó al afiliado a presentar una demanda por indemnización de perjuicios en contra de la aseguradora de salud privada, la cual fue parcialmente acogida por la magistrada Isabel Eyzaguirre Flores.
El fallo estableció que la isapre incurrió en un incumplimiento contractual al aplicar un factor de 4,8 sobre el precio base del plan de salud, cuando el valor correspondiente era de 2.
En la práctica, esto se tradujo en un cobro mensual de UF 13,496, en vez de los UF 5,624 que correspondían, generando una diferencia de UF 7,8720 cada mes.
Multiplicado por los 30 meses del período afectado, el total de la deuda asciende a 236,16 UF (Aproximadamente $9 millones), monto que Banmédica deberá restituir en pesos al valor vigente al momento del pago, más intereses por operaciones de crédito de dinero.
La isapre intentó oponerse al proceso alegando cosa juzgada, argumento que fue rechazado por el tribunal.
En su resolución, la jueza también destacó que la actuación de Banmédica ya había sido considerada como arbitraria e ilegal por la Corte de Apelaciones de Valparaíso en diciembre de 2021, en el marco del recurso de protección rol 43.702-2021.
El tribunal también hizo referencia a la actual Ley N° 21.674, conocida como “Ley Corta de Isapres”, la cual obliga a estas instituciones a devolver cobros indebidos realizados por la aplicación de tablas de factores que no se ajustan a la normativa vigente.
La ley impone condiciones estrictas para la devolución, incluyendo plazos, transparencia de costos y reajustes contractuales, elementos que se relacionan directamente con lo resuelto en este caso.
Finalmente, el juez ordenó que se practique una liquidación en su oportunidad, para establecer la suma exacta a pagar en pesos chilenos, incluyendo los intereses legales correspondientes, una vez que la sentencia esté firme y ejecutoriada.
